La tensión entre los dos países, que no ha dado tregua desde enero, ha provocado la desbandada de empresas extranjeras del sector turístico, columna vertebral de la economía de la isla
El Departamento de Estado de Estados Unidos negó esta semana que la empresa de Florida Vanguard Energy haya recibido autorización para exportar gasolina y diésel a Cuba, echando por tierra la esperanza de que la isla fuera a recibir unos 250.000 barriles de combustible para aliviar la durísima situación que atraviesa por la escasez de energía, y que se agrava día a día.
La decisión de Washington es una nueva prueba de que las tensiones entre los dos países no han dado tregua desde enero, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, puso en marcha una serie de medidas de presión que han empeorado la muy seria crisis económica que ya arrastraba la isla. Un escenario que muchos se preguntan si cambiará cuando empiecen a materializarse las reformas económicas anunciadas el viernes por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.
El 29 de enero, Trump firmó un decreto para imponer sanciones y aranceles a los países que suministren combustible a Cuba, en lo que representa un embargo energético de hecho. Desde entonces, ha aplicado sanciones a toda una gama de entidades y personas relacionadas con el régimen, incluido el conglomerado militar-empresarial Gaesa, que administra el 40% de los sectores productivos.
La perspectiva de quedar en el punto de mira estadounidense a raíz de esas sanciones ha causado una desbandada de empresas extranjeras en el sector turístico, la columna vertebral de la economía. Completar transacciones electrónicas o con tarjeta de crédito en la isla también se ha convertido en un problema.
En ese contexto de emergencia, los cubanos se mantienen en vilo: ¿será el paquete de reformas económicas anunciado el viernes por Díaz-Canel un elemento para facilitar las negociaciones con Trump o, por el contrario, es solo una válvula de oxígeno con el que el régimen cubano busca apenas ganar tiempo? En un encuentro con periodistas, Díaz-Canel anunció una veintena de decisiones para ampliar la participación del sector privado, aligerar las trabas de la burocracia y ofrecer cierto grado de autonomía a las empresas del Estado.
“Han dejado una puertecita abierta“, explica Pavel Vidal, doctor en Economía por la Universidad de La Habana, hoy impartiendo clases en Colombia. Refiere que sus colegas académicos que aún viven en La Habana han recibido los anuncios con cautela, aunque perciben cierto nivel de apertura que no han visto antes en la dogmática cúpula socialista de la isla.
“Hay algo nuevo. Se nota una mayor disposición a cambios, algunos que nunca quisieron introducir. Ya otra cosa es si estos cambios conducen a un levantamiento de sanciones, y qué implican: si serán suficientes para Estados Unidos para avanzar en la negociación“, añade Vidal, exfuncionario del Banco Central de Cuba.
El anuncio de reformas en Cuba ha llegado cuando el presidente Trump proclamaba que está a punto de cerrar el acuerdo con Irán para poner fin a esa guerra. El republicano ha afirmado en el pasado que, una vez que se pueda dar por cerrada la página iraní, Cuba “será la siguiente”.
En ese sentido, la Casa Blanca ha prometido una fórmula venezolana adaptada a la realidad cubana, basada en un sistema de tutelaje económico dirigido desde Washington. Esta campaña se ha intensificado desde enero, después de la operación militar que capturó en Venezuela al presidente Nicolás Maduro.
El Departamento de Estado en Washington no ha respondido a la petición de comentario de este periódico sobre el paquete de reformas.
En las últimas semanas el Departamento de Justicia ha imputado al hombre fuerte del régimen cubano, Raúl Castro, por cuatro cargos de asesinato, entre otros, en relación con el derribo en 1996 de una avioneta de la organización anticastrista Hermanos al Rescate en aguas internacionales. Washington también ha ampliado su entramado de bloqueos financieros y comerciales, aislando aún más a la economía caribeña, que sufre apagones diarios, fallas de transporte, escasez de alimentos y el derrumbe de su industria.
La Oficina de Recaudación de Impuestos del Condado de Miami-Dade, en Florida, revocó el jueves el Recibo de Impuestos Comerciales a la empresa Vanguard Energy, negándole el derecho legal de operar en su jurisdicción, luego de que la compañía adelantara sus planes para enviar combustible hacia Cuba, en una operación que vincularía a la petrolera estatal sancionada CUPET. “El condado de Miami-Dade no servirá como base de operaciones para actividades que socaven la ley federal o apoyen la dictadura cubana”, señaló el recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, en un comunicado.
Según la dependencia, Vanguard declaró que había firmado un contrato con una agencia importadora cubana para arrendar instalaciones de almacenamiento de combustible de CUPET y que planeaba enviar gasolina y diésel a Cuba en buques cisterna para su distribución en la isla. El mismo informe incluía una declaración del Departamento de Estado de EE UU en la que se indicaba que Vanguard Energy no había recibido ninguna licencia para la transacción y que las sanciones siguen vigentes.
La decisión ocurrió el mismo día en que el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció nuevos bloqueos contra la petrolera. Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y que ha centrado su carrera política contra el castrismo, responsabiliza al régimen, al que califica de “incompetente”, de los graves problemas que afronta la isla. El último gran desembarco de crudo a la isla se registró a finales de marzo, cuando un buque ruso despachó unos 730.000 barriles de crudo con el permiso de Trump.
