Presupuesto 2027: el Gobierno propone cambios en las pensiones y prestaciones por discapacidad

El proyecto enviado al Congreso modifica el régimen de pensiones, el sistema de aranceles y algunas garantías previstas en la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. La iniciativa generó cuestionamientos durante el debate en comisiones.

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso incluye modificaciones sobre distintos aspectos de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, cuya vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 y puede ser prorrogada por un año.

Entre los cambios incorporados en la iniciativa figuran modificaciones al régimen de pensiones por invalidez, al sistema de aranceles para las prestaciones y a las garantías de cobertura de salud para personas que reciben pensiones no contributivas por discapacidad.

La incorporación de estos artículos generó diferencias entre el oficialismo y bloques aliados durante el plenario informativo de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, convocado luego del emplazamiento realizado por la oposición.

Uno de los cambios incluidos en el Presupuesto 2027 propone establecer la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral en un monto equivalente al 70% de la jubilación mínima. Ese porcentaje también está contemplado en la Ley 27.793 vigente para la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.

La iniciativa también modifica las condiciones vinculadas con el empleo registrado. Mientras la normativa vigente permite mantener la prestación cuando la persona tiene un vínculo laboral formal, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles, el proyecto establece la incompatibilidad entre la pensión y un empleo formal o la inscripción en los regímenes general o simplificado.

El proyecto también propone derogar la garantía de acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud para quienes reciben una Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Esa garantía está contemplada actualmente en el artículo 8 de la Ley 27.793.

La Ley 27.793 establece medidas de protección y promoción de derechos para las personas con discapacidad, entre ellas disposiciones vinculadas con las pensiones, la cobertura de salud y el financiamiento de las prestaciones.

Otro de los puntos incorporados al proyecto está relacionado con el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.

De acuerdo con la iniciativa, los valores dejarían de establecerse bajo un esquema único. El proyecto dispone que el nomenclador “no incluirá valores universales” y plantea un nuevo mecanismo de determinación de los montos según el agente obligado al financiamiento.

Para las prestaciones financiadas por la Nación, los valores tendrían una actualización trimestral. En caso de que esa actualización no se produzca, el proyecto establece un mecanismo de referencia vinculado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec.

El proyecto también establece que los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad deberán ser equitativos para las entidades alcanzadas por la normativa y modifica el mecanismo vigente de determinación y actualización.

La Ley de Emergencia, en cambio, contempla mecanismos de actualización de los aranceles y medidas destinadas a garantizar la continuidad de las prestaciones. En agosto de 2026, el Gobierno había oficializado una actualización del 2,10% para el nomenclador correspondiente a ese mes, vinculada con la variación del IPC.

Los cambios incorporados al Presupuesto fueron cuestionados durante el debate en comisión. Desde el oficialismo señalaron que se trató de “un error” en la redacción y anticiparon que esos artículos serán “eliminados” del proyecto.

La diputada oficialista Laura Rodríguez Machado buscó acercar posiciones durante la reunión y afirmó que trabajan en “un proyecto superador”.