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8 de septiembre de 2026

FGR detalla operación de hermanos Farías en red de huachicol

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 7 (EL UNIVERSAL).- La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, informó los avances en la investigación relacionada al caso de huachicol fiscal de los hermanos Farías.

De acuerdo a las investigaciones, Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano el ex contralmirante Fernando Farías Laguna, intervinieron en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la administración Nacional de aduanas de México y la propia Secretaría de Marina (Semar).

En un videomensaje, la funcionaria manifestó que con la estructura de complicidades ya instalada, los hermanos Farías Laguna, junto con sus cómplices presuntamente repetían una y otra vez la trama ilegal.

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La funcionaria federal dio avances sobre la corrupción que el país ha enfrentado en el combate al contrabando de combustible.

"Me refiero a la red criminal que, en 2024 fue denunciada por el (entonces titular de la Semar) Rafael Ojeda Durán a Alejandro Gertz Manero (extitular de la FGR), a quien expuso elementos de posibles actividades ilícitas vinculadas con integrantes de la institución naval y ese fue el origen que nos permitió conducir investigaciones y dar, bajo el nuevo modelo de investigación de esta Fiscalía uno de los golpes más importantes contra el contrabando de hidrocarburos.

"Esto es el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel contenidos en un buque en el puerto de Altamira Tamaulipas, este logro más que representar el fin de la investigación, fue un hecho que nos condujo a mayores acciones", aseveró la fiscal.

Agregó que detrás de la operación ilegal de ese buque, no había un contrabandista en solitario, sino una compleja red criminal en la que el ex vicealmirante y el ex contralmirante destacaban para asegurar la capacidad de importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo ingresado de manera ilegal.

Godoy Ramos recordó que los buques zarpaban principalmente desde Texas cargados de hidrocarburo, el cual se declaraba como aceite o aditivo para cambiar su tratamiento fiscal.

En tanto servidores públicos y agentes aduanales coludidos, recibían pagos por cada embarque que se dejaba pasar.

La funcionaria subrayó que las inspecciones cuando llegaban a realizarse eran una simulación y la red criminal realizaba un muestreo superficial, aprobación de volúmenes manipulados o maniobras para que el hidrocarburo fuera liberado de la aduana sin revisión.

También se estableció en calendarios de arribo en la cadena de complicidades a efecto de desactivar cámaras para imposibilitar el registro de las descargas.

Una vez en tierra, el combustible se distribuía mediante tres empresas legalmente constituidas, pero una red de empresas fachada y triangulaciones financieras eran las responsables de darle apariencia legítima a los ingresos de la venta.

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