Tegucigalpa – (Por Aarón Dubón) La Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias promete a los connacionales que regresen al país una vía para trasladar sus bienes, herramientas de trabajo y vehículos sin pagar aranceles ni impuestos.
Sin embargo, a pocos días para poner en marcha su reglamento operativo, persisten dudas sobre su capacidad real para responder a quienes retornen tras la cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS) para hondureños en Estados Unidos.
La normativa, aprobada mediante el Decreto Legislativo 73-2026 y publicada en La Gaceta el 28 de mayo, crea beneficios fiscales para los migrantes retornados y establece una Ventanilla Única del Retorno (VUR) que deberá integrar a Aduanas, la Secretaría de Finanzas, el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Instituto de la Propiedad (IP).
El problema, advierten conocedores del fenómeno migratorio y representantes de los hondureños en Estados Unidos, es en que tan preparada está la institucionalidad para atender a los beneficiarios.
El artículo 15 establece que la Secretaría de Finanzas y la Administración Aduanera deben emitir el Reglamento Operativo de la Exención y un listado indicativo de menaje e implementos de trabajo, además de establecer mecanismos de control, auditoría e interoperabilidad con otras instituciones.
La norma permite que los hondureños que retornen por deportación, salida voluntaria, vencimiento o precariedad de su estatus migratorio, así como quienes decidan retornar voluntariamente, puedan acogerse a los beneficios. También incorpora al grupo familiar dependiente.
Entre los beneficios se contempla una exención de hasta 150 mil dólares para menaje de casa y otra de hasta 150 mil dólares para implementos de trabajo.
Aunado a ello, se autoriza el ingreso de un vehículo particular y uno de trabajo por grupo familiar, bajo determinadas condiciones fuera de lujos.
Sobre el papel, se trata de una medida que puede representar un alivio para quienes después de años de trabajo en el extranjero decidan o se vean obligados a regresar.
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), advirtió en entrevista con Proceso Digital y Departamento 19 que el beneficio no necesariamente alcanzará a todos los retornados.
“Si bien es cierto, de alguna manera siento que es el aporte del Estado para que no se cobre el tema de los aranceles, pero el costo del envío de cada persona migrante retornado lo tienen que considerar”, señaló.
La observación apunta a una de las principales limitaciones de la norma: exonerar impuestos no significa que trasladar un patrimonio desde Estados Unidos u otro país hacia Honduras sea gratuito.
Reyes explicó que el problema se vuelve más evidente en los casos de deportaciones.
“Muchas veces las personas, cuando retornan al país, en su mayoría (…) las detienen así de manera repentina, de repente en su centro de trabajo, saliendo de su misma casa de habitación”, relató.
Por esa razón, considera que la legislación puede terminar beneficiando principalmente a quienes tengan la posibilidad de planificar su regreso.
