El jefe de la Policía que dio orden de «no hacer nada» en Sol aspira a dirigir a los agentes que investigan a Zapatero

Javier Galván, el jefe superior de la Policía de Madrid que dio orden de «no hacer nada» en Sol, es candidato a dirigir a los agentes que investigan al ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Aspira a ser el nuevo comisario general de la Policía Judicial, que investiga el caso Plus Ultra y la invasión de Ceuta, y miembro de la Junta de Gobierno de la Policía. Así lo ha transmitido a sus allegados, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes jurídicas.

Galván ha apoyado a sus superiores de la Delegación del Gobierno en el conflicto que mantienen con la Comunidad de Madrid por trasladar al Ayuntamiento de Madrid la responsabilidad de la acampada. La orden recibida por los antidisturbios ha sido la de «no entrar en la Puerta del Sol ni en vehículos ni a pie sin autorización y no identificar a nadie». E incluso «no llevar cascos para no intimidar a los acampados», una medida que cambió tras la denuncia pública hecha por el sindicato Jupol, el mayoritario de la Policía. Ahora llevan los cascos en transporte, colgados en el uniforme.

La plaza de comisario general de Policía Judicial es la más importante que habrá en la cúpula policial antes de las elecciones generales, junto a la de Logística. Será convocada a principios de noviembre para cubrir la vacante que dejará su actual titular, Luis Fernando Pascual Grasa, al llegar a la edad de 65 años.

Es un puesto de libre designación, coloquialmente denominado a dedo, donde se escoge a la persona que consideran más idónea, sin tener que justificar la decisión. Y el nuevo director general será elegido a dedo por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La decisión, en teoría, corresponde al director adjunto operativo (DAO), José Luis Santafé. Sin embargo, según afirman fuentes policiales, «no es lo que sucede, ya que quienes eligen son Marlaska y el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras».

Pascual Grasa se jubilará el próximo 10 de noviembre y el día 11 se conocerá quién le relevará.

Ya suenan con fuerza tres personas para el cargo, según informan a este diario fuentes policiales: Javier Galván, jefe superior de Madrid; Javier Daniel Nogueroles, jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional; y Antonio Duarte, jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO), que es «el candidato del comisario saliente».

En el Cuerpo, incluidos mandos, hay «preocupación» por que se designe a un mando «politizado», «sanchista», «en vez de un perfil técnico» y se fomente «el servilismo y la dependencia jerárquica, en detrimento de la objetividad y la meritocracia que deben regir en cualquier institución pública».

La libre designación es un arma de doble filo, ya que quien es designado a dedo, también puede ser removido del puesto, sin motivarse, si se atreve a discrepar o poner por escrito lo que no funciona. Ante esto, el director de la Policía puede alegar simplemente pérdida de confianza, apartándolo y sacando a concurso la vacante.

Este mando será el máximo interlocutor entre el Ministerio y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que «está recuperando su prestigio con la investigación del caso Plus Ultra», tras años sin investigar la corrupción política.

Del próximo comisario general de la Policía Judicial depende la UDEF, actualmente dirigida por el comisario Fernando Alonso y, por tanto, sus investigadores. Es un puesto clave.

El otro caso importante que lleva actualmente la UDEF es la invasión de Ceuta, en el que la Audiencia Nacional investiga la entrada masiva irregular desde el país vecino como una vulneración de «la integridad y la independencia» de España.

La magistrada instructora del caso, María Tardón, ha ordenado a la UDEF y a la Unidad Central Operativa (UCO) de Guardia Civil que realicen «informe financiero y patrimonial sobre la posible financiación de la movilización investigada». Dicho informe deberá analizar «movimientos económicos relevantes detectados en la zona, utilización de sistemas informales de transferencia de fondos, sistemas hawala, contratación de medios de transporte colectivos y cualquier otra operación que pudiera guardar relación con la logística necesaria para la movilización masiva».

El ex presidente socialista está imputado en la Audiencia Nacional como presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuya finalidad es «la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra».

Según el magistrado José Luis Calama, instructor del caso, la trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos «para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado».

Zapatero está doblemente imputado. Por un lado, en la pieza principal por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental. Y, por otro, en una pieza separada por delito fiscal y contrabando por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros.