EE.UU. incluye a Costa Rica en una lista de países con regulaciones débiles contra trabajo forzado y propone arancel del 12,5%

Ministerio de Comercio Exterior dice que da seguimiento al caso y activará gestiones.

El gobierno de Estados Unidos incluyó a Costa Rica en una lista de países a los que les podría aplicar un arancel del 12,5% sobre sus exportaciones, por no contar con una ley que prohíba la importación de bienes producidos con trabajo forzado en otros países.

La decisión la publicó este miércoles 3 de junio la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

El informe es el resultado de 60 investigaciones que iniciaron en marzo de este mismo año. bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, instrumento que Washington utiliza para enfrentar prácticas comerciales que considera desleales.

El proceso incluyó una ronda de consultas bilaterales con los países investigados, audiencias públicas celebradas el 28 y 29 de abril, y la recepción de cerca de 500 comentarios escritos y testimonios de casi 60 testigos.

De las 60 economías investigadas, EE.UU. incluye a 54 en la categoría de países que no tienen ni aplican una prohibición formal de importar bienes producidos con trabajo forzado, incluyendo a Costa Rica.

Las otras seis economías, entre las que figuran Canadá, México y la Unión Europea, sí cuentan con esa prohibición, según los resultados de las pesquisas, pero no las aplican de manera efectiva, por lo que enfrentarían un arancel menor del 10%.

El arancel propuesto no es definitivo. Estados Unidos abrió una nueva ronda de comentarios escritos, con plazo hasta el 6 de julio, y celebrará audiencias públicas el 7 de julio, antes de tomar las medidas arancelarias. En esas instancias, Costa Rica podría presentar argumentos para intentar reducir o evitar la sanción.

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) señaló que dará un seguimiento cercano a la siguiente fase del proceso que desarrolla Estados Unidos y adelanta que coordinará las acciones necesarias para participar en la consulta pública.

De acuerdo con el ministerio, las acciones que tomarán tienen el objetivo de proteger los intereses del sector productivo y exportador costarricense. El ente aclaró que no se trata de un arancel adicional si se llegara a aplicar, sino que sustituye el actual.

Por su parte, para la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y Representantes de Casas Extranjeras (Crecex), la propuesta no debe generar alarma, pero sí una respuesta inmediata.

El gremio considera que Costa Rica todavía está a tiempo de actuar, dado que el proceso estadounidense contempla varias etapas antes de que cualquier arancel entre en vigor.

El llamado de la cámara apunta a que el país active una estrategia coordinada entre el gobierno y el sector privado. Según Crecez, eso implica revisar qué productos podrían verse afectados, identificar posibles exclusiones y construir argumentos técnicos sólidos para presentar ante la USTR.

En ese sentido, la cámara instó a Comex a establecer contacto directo con sus contrapartes en Washington y consideran que el tema debe ser atendido de forma seria y con prudencia.

La investigación estadounidense buscaba determinar si los gobiernos cuestionados han tomado medidas concretas para impedir que productos elaborados con trabajo forzado ingresen a sus mercados y terminen siendo exportados a ese país.