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La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) advirtió que la eventual derogación del Decreto 693-24, sin la implementación simultánea de una estrategia para enfrentar sus efectos, podría poner en riesgo la producción arrocera dominicana y la seguridad alimentaria del país.
El presidente de la ANPA, agrónomo Tito Hernández, sostuvo que los productores dominicanos no enfrentarían una competencia en igualdad de condiciones frente a la agricultura de Estados Unidos, debido a las diferencias en escala, mecanización y mecanismos de respaldo estatal.
“Derogar el decreto sin un plan alternativo es decretar la muerte del sector arrocero dominicano. Estamos poniendo a competir dos agriculturas profundamente desiguales”, afirmó Hernández.
De acuerdo con las cifras ofrecidas por la organización, en Estados Unidos unos 5,500 productores cultivan entre 15 y 18 millones de tareas, con explotaciones que rondan las 3,000 tareas por productor. En República Dominicana, en cambio, alrededor de 30,000 productores trabajan entre 2.8 y 3 millones de tareas, con un promedio cercano a las 100 tareas.
La ANPA agregó que una parte importante de los productores vinculados a la reforma agraria trabaja en parcelas de aproximadamente 50 tareas, lo que, según Hernández, evidencia la diferencia de escala entre ambos sectores productivos.
La organización señaló que a la diferencia de tamaño se suman los mecanismos de apoyo de los que disponen los agricultores estadounidenses, entre ellos programas de compensación ante caídas de precios, financiamiento, seguros agrícolas subsidiados y otros instrumentos de respaldo.
“No podemos mandar a un productor de 50 o 100 tareas a competir desprotegido contra productores de miles de tareas que cuentan, además, con una poderosa estructura de apoyo estatal”, sostuvo el presidente de la ANPA.
Hernández recordó que República Dominicana dispuso de alrededor de 20 años para preparar su agricultura ante el proceso de apertura comercial establecido por el DR-CAFTA, y consideró que las distintas administraciones no profundizaron lo suficiente las transformaciones necesarias para reducir costos y mejorar la competitividad del sector.
El dirigente agropecuario alertó que las consecuencias de una eventual pérdida de competitividad no se limitarían a la producción de arroz.
“Hoy es el arroz y mañana pueden ser otros alimentos. Si comenzamos a sustituir nuestra producción porque resulta más barato importar, podemos terminar perdiendo nuestra capacidad de producir alimentos y aumentando peligrosamente nuestra dependencia del exterior”, afirmó.
Ante este escenario, la ANPA reclamó al Gobierno establecer una estrategia nacional de protección y transformación de la producción agropecuaria, que contemple medidas dirigidas a mejorar las condiciones de los productores.
Entre las acciones planteadas figuran financiamiento competitivo, seguros agrícolas, mecanización, incorporación de tecnología, fortalecimiento de la pignoración, infraestructura y reducción de los costos de producción.
Hernández sostuvo que la discusión sobre el futuro del arroz trasciende a los productores directamente vinculados con ese cultivo.
“Defender el arroz dominicano no es defender solamente a 30 mil productores. Es defender nuestra producción agropecuaria y el derecho de la República Dominicana a garantizar su propia seguridad alimentaria”, concluyó.
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