Cuestionan manejo de fondos al Congreso de Honduras

El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, enfrenta cuestionamientos por el uso de recursos públicos desde su despacho. Al mismo tiempo, el Legislativo que dirige ha aprobado iniciativas que apuntan a negocios y ciudadanos chinos, y él ha dicho abiertamente que quiere ver al país de vuelta con Taiwán, según distintos medios locales.

Zambrano, del Partido Nacional, fue ratificado en enero para presidir el Congreso en el período 2026-2030. Desde entonces, un análisis difundido por medios locales como UNE TV reúne aspectos que consideró como una señal de alarma.

La investigación señala haber idetificado materiales escolares con su imagen, entregas de ayuda en las que participan su esposa y su hijo, un aumento de más de 300 % en las ayudas sociales entre abril y mayo, más de 20 millones de lempiras en canastas por el Día de la Madre y unos 11,4 millones en publicidad institucional.

Según el texto, varias solicitudes de información sobre estos gastos no recibieron respuesta completa en los plazos legales.

Desde el congreso se ha reconocido que no se ha demostrado apropiación personal de fondos y que los montos “no constituyen por sí solos prueba de corrupción”, aunque existen reclamos sociales pararegistros de beneficiarios y fiscalización independiente.

El Congreso respondió el 29 de junio a las críticas por el papel de la esposa de Zambrano al frente del Despacho de Acción Social y Esperanza. Aseguró que ella colabora ad honorem, sin recibir sueldo, y habló de una “campaña mentirosa y tendenciosa”.

En  el año 2018 la Fiscalía presentó un requerimiento contra Zambrano en el caso conocido como "Pacto de Impunidad", que según el texto terminó en sobreseimiento definitivo y sin condena. Registro periodísticos del país indicaron en ese entonces que él y el diputado Román Villeda quedaron sujetos a medidas cautelares.

En paralelo corre un frente que perjudica a China. El 26 de mayo el pleno aprobó con 81 votos una moción para que instituciones del Estado supervisen los negocios chinos que operan en el país, presentada por el diputado nacionalista Mario Pérez.

En este se pide a Aduanas revisar si se pagan los aranceles correspondientes y a Migración verificar el estatus legal de los propietarios. Mario Hung, de la Asociación de Descendientes Chinos en Honduras, defendió que esos comercios cumplen con sus obligaciones tributarias y funcionan de manera legal.

El 10 de agosto medios indicarón que se llegó a otra moción, esta vez para investigar el ingreso de 13,022 ciudadanos chinos entre 2022 y 2025 y determinar si hubo irregularidades en visas, residencias o permisos.

Zambrano aclaró que romper relaciones con Pekín no le corresponde al Legislativo sino al Ejecutivo, pero dejó clara su posición: “voy a felicitar al Ejecutivo si regresamos a Taiwán”.

Sostuvo que el sector camaronero de Choluteca y Valle perdió empleos tras el cambio de relaciones, con cifras que varían según la ocasión: más de 10,000 en una y más de 16,000 en otra.

En marzo, el Congreso aprobó por unanimidad una moción para acelerar un tratado de libre comercio con China y con Taiwán, y Zambrano la respaldó.

El Ejecutivo ha sostenido, al menos hasta julio, la línea oficial. La Cancillería hondureña afirmó que no mantiene conversaciones ni gestiones oficiales con Taiwán, y el portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun, tomó nota de esa aclaración y señaló que el principio de una sola China responde al consenso internacional. El presidente Nasry Asfura había prometido en campaña reanudar relaciones con Taipéi, y la canciller Mireya Agüero dijo a comienzos de julio que la decisión se basará en el interés nacional.

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