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São Paulo (EFE).- La huida del excandidato presidencial Flávio Bolsonaro, quien fue acogido este miércoles por Estados Unidos, abrió una nueva grieta en las maltrechas relaciones diplomáticas entre Brasil y el Gobierno de Donald Trump.
Bolsonaro llegó este miércoles a Miami después de salir de Brasil en secreto, vulnerando una orden judicial que le impedía viajar al extranjero, dictada en el marco de una investigación relacionada con el blanqueo de capitales.
El Gobierno de EE.UU. adelantó el martes que expediría visados para el hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) y su familia.
Mientras, Trump, aliado político de los Bolsonaro, opinó públicamente que las elecciones brasileñas del domingo pasado, en las que el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ganó la reelección con un amplio margen de cuatro millones de votos, «parecían fraudulentas».
En un primer momento, Flávio Bolsonaro no reconoció su derrota, pero posteriormente sí lo hizo el Partido Liberal (PL), fuerza en la que militan el ahora excandidato y otros miembros de su familia, que ganaron escaños en el Congreso Nacional.
La decisión de Washington de recibir a Flávio supone un paso más en el deterioro de las relaciones entre los dos mayores países del continente porque «alimenta una percepción de deslegitimación institucional», dijo a EFE el abogado Guilherme Amorim, doctor en derecho constitucional de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP).
«Si Estados Unidos concede un visado de asilo político, Washington afirmará oficialmente que el sistema judicial brasileño persigue a opositores. Esto es más grave que las sanciones de la Ley Magnitsky», afirmó el experto.
El año pasado, el Gobierno de EE.UU. recurrió a esa ley, pensada para penalizar a autoridades extranjeras responsables de violaciones a los derechos humanos, para sancionar a Alexandre de Moraes, el juez de la Corte Suprema que instruyó el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por golpe de Estado.
«El senador Flávio Bolsonaro está creando el relato de que se está exiliando, de que corre un riesgo, de que está perseguido política y judicialmente, de que está asilado bajo el Gobierno estadounidense», agregó el analista.
La protección a Flávio, según Amorim, también puede tener impacto en la cooperación jurídica entre ambos países en casos de lavado de dinero y lucha contra el crimen organizado y, además, abre la puerta a la imposición de nuevas sanciones contra policías y fiscales de Brasil.
Asimismo, «contamina» las negociaciones comerciales que realizan los Gobiernos de ambos países sobre los aranceles impuestos por Washington a Brasil el pasado julio.
El Gobierno brasileño de momento no ha respondido de forma oficial a la acogida de Bolsonaro por parte de Estados Unidos y Lula, aunque ha criticado a Flávio, no ha cuestionado la postura de Trump.
La cautela igualmente ha llevado al canciller, Mauro Vieira, a mantener su viaje a Atlanta (EE.UU.), previsto para los próximos viernes y sábado, a fin de participar en la reunión de ministros de Exteriores del G20, según fuentes de la cancillería consultadas por EFE.
La respuesta de la diplomacia brasileña «tiende al pragmatismo» y procura evitar que se cierren canales de diálogo con Washington, según el analista.
Lula tiene encima de su mesa una decisión que precisamente podría servir para abrir un importante canal de diálogo con la Casa Blanca o cerrarlo de forma definitiva: dar una respuesta al nombramiento del nuevo embajador estadounidense en Brasilia, Daniel Pérez.
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Mientras los sectores agropecuarios celebran la decisión de archivar el acuerdo comercial, la Cámara de Comercio y Crecex advierten sobre oportunidades perdidas para la competitividad, la inversión y el empleo. La decisión de la presidenta Laura Fernández de archivar el proceso de adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) generó posiciones encontradas entre las organizaciones del sector productivo. La Corporación Ganadera (CORFOGA) y la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria manifestaron su satisfacción con el anuncio de la mandataria, al considerar que el acuerdo podría perjudicar a actividades productivas nacionales que enfrentarían condiciones de competencia desiguales frente a potencias exportadoras. En contraste, la Cámara de Comercio de Costa Rica cuestionó la decisión del Gobierno, al señalar que limita las posibilidades de diversificar mercados, atraer inversión y generar empleo. Por su parte, Crecex insistió en la importancia de mantener una visión de largo plazo en materia de comercio exterior. CORFOGA explicó que desde abril de 2025 manifestó formalmente su oposición al acuerdo, luego de que no prosperara su solicitud de excluir los productos cárnicos bovinos y lácteos de las condiciones de apertura comercial. La organización considera que los productores costarricenses enfrentarían una competencia desigual frente a países como Australia y Nueva Zelanda, reconocidos por su capacidad de producción y exportación de carne y lácteos. Por su parte, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria también respaldó la decisión presidencial. “Desde la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, nosotros vemos con mucha complacencia la decisión de la señora presidenta, que, después de un análisis, llegó a la conclusión de que este tratado puede traer consecuencias negativas, especialmente para el sector agropecuario”, expresó el gremio. Comercio advierte sobre oportunidades perdidas La posición de los representantes del comercio contrasta con la de los sectores agropecuarios. La Cámara de Comercio de Costa Rica manifestó que no respalda la decisión del Gobierno de abandonar el proceso de adhesión al CPTPP, al considerar que el país pierde una oportunidad para fortalecer su competitividad y ampliar sus relaciones comerciales. “La Cámara de Comercio de Costa Rica no apoya la decisión del Gobierno de la República de no continuar con la adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Consideramos que esta medida es desperdiciar una oportunidad para la competitividad del país y limita una estrategia para diversificar mercados, atraer inversión y generar empleo”, indicó la organización. El gremio agregó que la incorporación al acuerdo habría permitido al sector comercial acceder a nuevos proveedores, insumos, maquinaria y tecnología en condiciones más competitivas. En la misma línea, Crecex destacó la necesidad de que Costa Rica mantenga una estrategia de apertura comercial que considere los beneficios potenciales de establecer relaciones con nuevos mercados. “Crecex considera importante que Costa Rica mantenga una visión de largo plazo en materia de comercio exterior, tomando en cuenta las oportunidades que la apertura de nuevos mercados representa para las empresas nacionales, la atracción de inversión y la competitividad del país”, señaló la organización. Fernández cuestionó falta de transparencia en la negociación El anuncio presidencial se produjo mediante un mensaje al país, en el que Fernández explicó que su decisión estuvo relacionada con la falta de información sobre los alcances del acuerdo comercial y sus posibles consecuencias para los distintos sectores productivos. La mandataria también informó sobre el despido de Indiana Trejos, quien se desempeñaba como ministra de Comercio Exterior, al señalar que no acató la instrucción de compartir toda la información referente al tratado con los sectores involucrados. Fernández cuestionó que, pese a casi dos años de negociaciones, el contenido completo del acuerdo se mantuviera bajo reserva y que los sectores productivos no hubieran recibido la documentación correspondiente. “Durante casi dos años, equipos de COMEX negociaron un nuevo acuerdo comercial llamado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, CPTPP, que pretende abrir un nuevo mercado de 600 millones de consumidores con las naciones de América, Asia y Oceanía. Aunque pareciera una excelente oportunidad, su contenido completo fue declarado secreto por los negociadores. A tal punto que casi nadie sabe en qué consiste, a quién le beneficia y a quiénes afectará. Pese a que instruí a la ministra de COMEX, Indiana Trejos, de compartir el Acuerdo Transpacífico con todos los sectores involucrados, a la fecha ninguno lo ha recibido”, afirmó la presidenta. La gobernante agregó que no está dispuesta a exponer a los sectores productivos sensibles del país a una mayor competencia sin tener claridad sobre las condiciones y los efectos del acuerdo. El CPTPP es un acuerdo comercial que busca promover el intercambio entre sus integrantes mediante reglas comunes en áreas como comercio digital, comercio electrónico y pequeñas y medianas empresas. También establece compromisos en distintos ámbitos relacionados con el comercio internacional. El bloque está integrado por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam. En conjunto, estas economías representan alrededor del 15% del producto interno bruto mundial y un mercado de más de 600 millones de consumidores.