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Las restricciones que la Unión Europea (UE) analiza aplicar a los residuos de pesticidas en productos agrícolas importados podrían complicar el acceso de las exportaciones de las Américas al mercado europeo y poner en riesgo operaciones comerciales por miles de millones de dólares.
Así lo advierte un nuevo estudio encargado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), que identifica un comercio agroalimentario anual de US$ 44.200 millones expuesto a posibles cambios regulatorios.
Uno de los principales aportes del trabajo es la cuantificación del valor comercial potencialmente expuesto a las nuevas exigencias. Las estimaciones se calcularon sobre la base de los valores comerciales promedio registrados entre 2022 y 2024.
América del Sur concentra la mayor parte de ese intercambio, con unos US$ 29.700 millones anuales expuestos a posibles cambios regulatorios. Le siguen América del Norte, con US$ 10.800 millones, América Central, con US$ 4.810 millones, y el Caribe, con US$ 427 millones.
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Sin embargo, el grado de vulnerabilidad no depende únicamente del volumen exportado. También influye la importancia que tiene el mercado europeo para cada país y para sus distintas cadenas productivas.
América Central aparece como una de las regiones más expuestas en términos relativos, ya que el 28,1% del valor de las exportaciones agrícolas analizadas tiene como destino la UE. En América del Sur esa proporción alcanza el 16,9%, mientras que en América del Norte se ubica en el 6,7%.
Dentro de América del Sur, la Argentina figura entre los países con mayor valor comercial potencialmente afectado. El estudio estima en US$ 4.620 millones anuales el valor en riesgo asociado a las exportaciones agrícolas argentinas que podrían verse alcanzadas por los cambios propuestos.
Brasil encabeza el listado regional, con US$ 15.400 millones, seguido por Estados Unidos, con US$ 7.680 millones. Detrás de la Argentina aparecen Perú, con US$ 2.840 millones; Canadá, con US$ 2.000 millones; Colombia, con US$ 1.970 millones; Chile, con US$ 1.830 millones; Costa Rica, con US$ 1.630 millones; y Ecuador, con US$ 1.260 millones.
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En el caso argentino, la exposición está vinculada principalmente con productos derivados de la soja, el maní, las semillas de girasol, los cítricos y otras exportaciones agrícolas.
De todos modos, el informe introduce una aclaración importante para interpretar las cifras. El denominado valor en riesgo no representa una proyección de pérdidas efectivas ni implica que esos montos dejarían de exportarse si la normativa europea avanzara.
El informe, elaborado por la consultora internacional Bryant Christie Inc. (BCI), analiza las consecuencias que podría tener el denominado Paquete de Simplificación de la Inocuidad de los Alimentos y los Piensos, conocido como Ómnibus X, propuesto por la Comisión Europea.
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Mientras los sectores agropecuarios celebran la decisión de archivar el acuerdo comercial, la Cámara de Comercio y Crecex advierten sobre oportunidades perdidas para la competitividad, la inversión y el empleo. La decisión de la presidenta Laura Fernández de archivar el proceso de adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) generó posiciones encontradas entre las organizaciones del sector productivo. La Corporación Ganadera (CORFOGA) y la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria manifestaron su satisfacción con el anuncio de la mandataria, al considerar que el acuerdo podría perjudicar a actividades productivas nacionales que enfrentarían condiciones de competencia desiguales frente a potencias exportadoras. En contraste, la Cámara de Comercio de Costa Rica cuestionó la decisión del Gobierno, al señalar que limita las posibilidades de diversificar mercados, atraer inversión y generar empleo. Por su parte, Crecex insistió en la importancia de mantener una visión de largo plazo en materia de comercio exterior. CORFOGA explicó que desde abril de 2025 manifestó formalmente su oposición al acuerdo, luego de que no prosperara su solicitud de excluir los productos cárnicos bovinos y lácteos de las condiciones de apertura comercial. La organización considera que los productores costarricenses enfrentarían una competencia desigual frente a países como Australia y Nueva Zelanda, reconocidos por su capacidad de producción y exportación de carne y lácteos. Por su parte, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria también respaldó la decisión presidencial. “Desde la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, nosotros vemos con mucha complacencia la decisión de la señora presidenta, que, después de un análisis, llegó a la conclusión de que este tratado puede traer consecuencias negativas, especialmente para el sector agropecuario”, expresó el gremio. Comercio advierte sobre oportunidades perdidas La posición de los representantes del comercio contrasta con la de los sectores agropecuarios. La Cámara de Comercio de Costa Rica manifestó que no respalda la decisión del Gobierno de abandonar el proceso de adhesión al CPTPP, al considerar que el país pierde una oportunidad para fortalecer su competitividad y ampliar sus relaciones comerciales. “La Cámara de Comercio de Costa Rica no apoya la decisión del Gobierno de la República de no continuar con la adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Consideramos que esta medida es desperdiciar una oportunidad para la competitividad del país y limita una estrategia para diversificar mercados, atraer inversión y generar empleo”, indicó la organización. El gremio agregó que la incorporación al acuerdo habría permitido al sector comercial acceder a nuevos proveedores, insumos, maquinaria y tecnología en condiciones más competitivas. En la misma línea, Crecex destacó la necesidad de que Costa Rica mantenga una estrategia de apertura comercial que considere los beneficios potenciales de establecer relaciones con nuevos mercados. “Crecex considera importante que Costa Rica mantenga una visión de largo plazo en materia de comercio exterior, tomando en cuenta las oportunidades que la apertura de nuevos mercados representa para las empresas nacionales, la atracción de inversión y la competitividad del país”, señaló la organización. Fernández cuestionó falta de transparencia en la negociación El anuncio presidencial se produjo mediante un mensaje al país, en el que Fernández explicó que su decisión estuvo relacionada con la falta de información sobre los alcances del acuerdo comercial y sus posibles consecuencias para los distintos sectores productivos. La mandataria también informó sobre el despido de Indiana Trejos, quien se desempeñaba como ministra de Comercio Exterior, al señalar que no acató la instrucción de compartir toda la información referente al tratado con los sectores involucrados. Fernández cuestionó que, pese a casi dos años de negociaciones, el contenido completo del acuerdo se mantuviera bajo reserva y que los sectores productivos no hubieran recibido la documentación correspondiente. “Durante casi dos años, equipos de COMEX negociaron un nuevo acuerdo comercial llamado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, CPTPP, que pretende abrir un nuevo mercado de 600 millones de consumidores con las naciones de América, Asia y Oceanía. Aunque pareciera una excelente oportunidad, su contenido completo fue declarado secreto por los negociadores. A tal punto que casi nadie sabe en qué consiste, a quién le beneficia y a quiénes afectará. Pese a que instruí a la ministra de COMEX, Indiana Trejos, de compartir el Acuerdo Transpacífico con todos los sectores involucrados, a la fecha ninguno lo ha recibido”, afirmó la presidenta. La gobernante agregó que no está dispuesta a exponer a los sectores productivos sensibles del país a una mayor competencia sin tener claridad sobre las condiciones y los efectos del acuerdo. El CPTPP es un acuerdo comercial que busca promover el intercambio entre sus integrantes mediante reglas comunes en áreas como comercio digital, comercio electrónico y pequeñas y medianas empresas. También establece compromisos en distintos ámbitos relacionados con el comercio internacional. El bloque está integrado por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam. En conjunto, estas economías representan alrededor del 15% del producto interno bruto mundial y un mercado de más de 600 millones de consumidores.