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La coalición de Lula presenta 84 páginas de propuestas para un cuarto mandato con el foco en seguridad, políticas sociales, medioambiente y autonomía exterior.
El programa electoral de Lula para las elecciones de Brasil de 2026 coloca la soberanía nacional, la seguridad pública y la reducción de las desigualdades entre los principales ejes de un eventual cuarto mandato del presidente brasileño.
La candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva y el vicepresidente Geraldo Alckmin ha registrado un documento de 84 páginas titulado “Directrices para el programa de transformación de Brasil: un país soberano, democrático, desarrollado, sostenible y creativo”. Se trata de una primera versión que todavía puede recibir adiciones y que estructura sus propuestas en 13 grandes capítulos. La coalición está respaldada por PT, PCdoB, PV, PSB, PDT, PSOL y Rede.
El programa plantea, en buena medida, profundizar las políticas aplicadas durante el actual mandato de Lula, aunque incorpora como prioridades destacadas el crimen organizado, la autonomía estratégica frente a otros países, la transición ecológica y nuevas medidas laborales y sociales.
Los 13 capítulos muestran la amplitud de un programa que combina políticas sociales y económicas con seguridad, medioambiente y política exterior.
La autonomía frente a intereses extranjeros se convierte en uno de los principales mensajes políticos de Lula para las elecciones de octubre
La soberanía de Brasil ocupa un capítulo completo y aparece de forma transversal en otras partes del documento. La candidatura defiende una política exterior independiente y promete oponerse a cualquier intento de subordinación del país a intereses extranjeros. El propio texto recuerda las tensiones comerciales con la Administración estadounidense de Donald Trump y asegura que Brasil sufrió tres oleadas de aranceles durante el actual mandato.
En este terreno, Lula apuesta por reforzar la aproximación geopolítica con los BRICS y el Sur Global, además de profundizar en el G20 y mantener una política exterior orientada a diversificar las alianzas estratégicas. El programa también quiere consolidar el Mercosur como principal plataforma de integración económica, productiva, política y social de Sudamérica.
La defensa nacional aparece vinculada directamente a esa autonomía. El documento plantea unas Fuerzas Armadas con capacidad para proteger el territorio y los recursos naturales y apuesta por fortalecer la industria brasileña de defensa, la autonomía tecnológica y la continuidad de las inversiones estratégicas.
El combate a las organizaciones criminales incluye más coordinación federal, inteligencia, control financiero y una reforma del sistema de seguridad
La seguridad pública gana protagonismo en un contexto en el que esta cuestión se ha convertido en uno de los grandes campos de disputa con Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal.
El programa de Lula considera necesario superar la actual fragmentación del sistema brasileño mediante una mayor coordinación entre la Unión, los estados y los municipios. Entre las propuestas figura ampliar el ámbito de actuación del poder federal, reforzar los sistemas de inteligencia y acelerar los procedimientos judiciales contra integrantes de organizaciones criminales.
La candidatura también mantiene su apuesta por combatir las estructuras económicas de las facciones y milicias, mejorar el rastreo de armas y municiones y reforzar la capacidad de fiscalización de la Policía Federal y del Ejército. El programa contempla además crear un Ministerio de Seguridad Pública si sale adelante la reforma constitucional promovida por el Ejecutivo.
La estrategia incluye igualmente una mayor presencia del Estado en las zonas controladas por organizaciones criminales, inversiones en barrios periféricos, modernización del sistema penitenciario y acciones específicas contra los delitos financieros y cibernéticos.
Lula mantiene como pilares sociales la subida real del salario mínimo, las transferencias de renta y la protección de las mujeres
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El Ejecutivo analiza avanzar por vía legislativa con cambios en el régimen de cabotaje, mientras que la modificación del practicaje quedaría inicialmente en manos de una mesa de diálogo con representantes del sector.
Así lo precisa un relevamiento realizado por El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del Conicet y la UBA. Corresponde al 3% del total de la superficie departamental, y si bien es un porcentaje por debajo de lo que estipula la Ley de Tierras vigente, vuelve a poner en discusión quiénes son los dueños del suelo, qué recursos estratégicos quedan dentro de esas propiedades y hasta dónde puede intervenir el Estado municipal.