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El Ejecutivo analiza avanzar por vía legislativa con cambios en el régimen de cabotaje, mientras que la modificación del practicaje quedaría inicialmente en manos de una mesa de diálogo con representantes del sector.
Después del conflicto que durante varios días afectó la actividad portuaria, el Gobierno nacional analiza modificar su estrategia para avanzar con el plan de desregulación del sector marítimo.
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La principal alternativa que se encuentra bajo estudio es trasladar al Congreso parte de las reformas que inicialmente estaban contempladas dentro de la agenda del Poder Ejecutivo. Entre ellas aparece un proyecto para modificar el régimen de cabotaje, mientras que los cambios vinculados con el practicaje serían discutidos, al menos en una primera etapa, con los representantes de la actividad.
La decisión se produce luego de la suspensión del Decreto 690/2026, una medida que había generado un fuerte rechazo entre distintos sectores vinculados con la actividad portuaria y que terminó derivando en demoras y paralizaciones.
Desde el Gobierno sostienen que, pese al freno, el objetivo de reducir los costos logísticos, incrementar la competencia y modificar regulaciones que afectan a la navegación comercial continúa vigente.
Uno de los puntos centrales de los borradores que manejaba el Ejecutivo es la posibilidad de autorizar, bajo determinadas condiciones, la participación de buques de bandera extranjera en operaciones de cabotaje.
La iniciativa también contempla modificaciones a la Ley de Navegación, al régimen de tripulaciones y a las normas de promoción de la Marina Mercante.
El objetivo oficial es introducir mayor flexibilidad en la actividad y reducir los costos asociados al transporte marítimo y fluvial.
Sin embargo, el escenario es diferente en relación con el practicaje, una actividad considerada estratégica para la seguridad de la navegación.
Los prácticos son profesionales especializados que asisten a los capitanes durante las maniobras de los buques en ríos, canales y zonas portuarias, donde el conocimiento de las características específicas del lugar resulta fundamental.
Luego de la suspensión del decreto, el Gobierno decidió abrir una instancia de negociación con los representantes del sector.
La mesa funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y contará con la participación de la Prefectura Naval Argentina, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y representantes privados.
Entre los participantes se encuentra John Ryan, presidente de la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje, además de otros referentes de la actividad y funcionarios nacionales.
El objetivo será revisar los puntos que generaron mayor resistencia y alcanzar consensos para establecer una nueva regulación.
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