El precio de la energía se votará en noviembre

Hace falta explicar por qué un país que produce más petróleo que nunca continúa siendo vulnerable a Ormuz

La crisis del diésel ha dejado de ser una cuestión sectorial para convertirse en un impuesto invisible sobre cada hogar estadounidense y en una amenaza directa para la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Hace unos meses escribí que el mundo había vuelto a descubrir el precio de la energía. El cierre parcial del estrecho de Ormuz, la guerra con Irán y los ataques contra la capacidad de refino rusa habían terminado con la ficción de que la seguridad energética podía darse por descontada. Hoy debemos añadir una consecuencia que entonces apenas empezaba a dibujarse: en Estados Unidos, el precio de la energía puede decidir quién controla el Congreso a partir de enero.

Las elecciones legislativas del 3 de noviembre no serán un referéndum técnico sobre barriles, inventarios o márgenes de refino. Serán algo mucho más sencillo y, por eso mismo, más peligroso para el partido que ocupa la Casa Blanca: un juicio sobre el coste de llenar el depósito, transportar una mercancía, calentar una vivienda o financiar una hipoteca. El elector no separa la gasolina del precio de los alimentos ni el diésel del coste de la cesta de la compra. Lo suma todo y lo llama coste de vida.

Los datos ya no permiten minimizar el problema. El 9 de septiembre, la gasolina regular alcanzaba una media nacional de 4,22 dólares por galón, más de un dólar por encima del nivel de un año antes. El diésel, decisivo para el transporte por carretera, la agricultura, la construcción y buena parte de la industria, rozaba entonces los seis dólares y pocos días después superaba los 6,20, un máximo histórico. La importancia política del diésel no reside en cuántos ciudadanos lo compran directamente, sino en que casi todos terminan pagándolo indirectamente.

La propia Administración de Información Energética de Estados Unidos, la EIA, reconoce la gravedad del desequilibrio. En su informe de septiembre calcula que los inventarios estadounidenses de destilados caerán por debajo de los cien millones de barriles y permanecerán durante buena parte de 2027 por debajo del mínimo de los últimos cinco años. También estima que las existencias mundiales de crudo habían disminuido en unos 400 millones de barriles desde comienzos de 2026 y proyecta un Brent cercano a los 90 dólares de media durante la segunda mitad del año. No estamos, por tanto, ante una oscilación semanal del mercado, sino ante una tensión física de oferta que necesita tiempo para corregirse.

Ese tiempo es precisamente lo que no tiene el Partido Republicano. Donald Trump reconoció el 9 de septiembre que los precios del petróleo probablemente no bajarían hasta después de las elecciones. La sinceridad es preferible a la propaganda, pero la frase contiene el problema electoral entero: el alivio prometido llegará, en el mejor de los casos, cuando los ciudadanos ya hayan votado.

La inflación ha vuelto a confirmar esa transmisión. La Oficina de Estadísticas Laborales informó de que el índice de precios al consumo subió un 0,4% en agosto y un 3,4% interanual. La gasolina aumentó un 3,9% en un solo mes y explicó más de un tercio del incremento mensual del índice general; el conjunto de la energía avanzó un 2,1%. Un día antes de escribir estas líneas, la Reserva Federal elevó los tipos de interés hasta una horquilla del 3,75% al 4%. Su presidente, Kevin Warsh, fue inequívoco: la inflación sigue siendo demasiado alta y lo ha sido durante demasiado tiempo. Añadió que el PCE general probablemente se situó alrededor del 3,6% en agosto y advirtió del encarecimiento reciente de materias primas esenciales.

El círculo es políticamente devastador. La energía cara eleva los precios; la persistencia de la inflación obliga a la Reserva Federal a endurecer el crédito; y unos tipos más altos encarecen las hipotecas, el automóvil y las tarjetas. Una perturbación que comenzó en Ormuz termina llegando a la cocina y al extracto bancario de una familia de Ohio, Michigan o Pensilvania.

Las encuestas ayudan a medir el riesgo. En julio, el Pew Research Center preguntó a los votantes registrados qué asunto querían escuchar de los candidatos al Congreso. La economía apareció en primer lugar, con un 29%, y dentro de ella el coste de vida y la asequibilidad fueron la preocupación dominante. En esa misma encuesta, los demócratas aventajaban a los republicanos por 43% a 37% en intención de voto al Congreso. Más revelador aún: el 42% describía su voto como un voto contra Trump y solo el 22% como un voto a su favor. En política económica, la ventaja republicana había desaparecido: 37% confiaba más en los demócratas y 36% en los republicanos.

Esto no significa que la elección esté resuelta. Significa que el terreno sobre el que se libra favorece hoy a la oposición. Los republicanos conservan una ventaja clara en inmigración y seguridad y pueden presentar logros reales en producción energética. La EIA prevé que Estados Unidos alcance en 2026 un nuevo récord de 13,8 millones de barriles diarios de crudo, impulsado por el Pérmico y el golfo. No existe una crisis de recursos estadounidenses. Existe una crisis de transmisión, refino, inventarios y exposición geopolítica. Esa diferencia es esencial para comprender el mercado, pero puede resultar demasiado sofisticada para una campaña de siete semanas.

La Casa Blanca también puede alegar que ha actuado. Ha recurrido a la Reserva Estratégica de Petróleo, ha defendido nuevos acuerdos de suministro y presenta su reciente operación sobre activos venezolanos como una ampliación histórica de la seguridad energética estadounidense. Sin embargo, su propio comunicado sitúa la llegada de producción material a Estados Unidos a comienzos de 2027 y el aumento posterior a lo largo de ese año. Es una apuesta estratégica que puede ser importante, pero no abarata el galón que un votante comprará antes del 3 de noviembre.

En el Congreso se percibe ya la inquietud. El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, se ha mostrado dispuesto a estudiar una prohibición de las exportaciones de diésel. El secretario del Interior, Doug Burgum, ha advertido, con razón, de que una prohibición de exportar crudo o combustibles difícilmente reduciría los precios minoristas. Restringir exportaciones puede parecer una respuesta intuitiva, pero corre el riesgo de reducir los incentivos de las refinerías, desordenar flujos comerciales y agravar la escasez que pretende resolver. Sería una decisión electoralmente comprensible y económicamente dudosa.

Hay otra señal que no debe pasar inadvertida. El 16 de septiembre, la Cámara aprobó por 417 votos contra 3 una ley destinada a impedir que los centros de datos trasladen a las familias el coste de las nuevas redes y centrales que necesitan. El republicano Gabe Evans lo explicó sin rodeos: el crecimiento de la inteligencia artificial no puede financiarse a costa de las familias, agricultores, jubilados y pequeñas empresas. Cuando una Cámara dividida alcanza semejante mayoría a pocas semanas de las elecciones, no estamos ante una preocupación marginal. La factura eléctrica ha entrado en campaña.

La Cámara de Representantes es el frente más vulnerable. La mayoría republicana es estrecha y las elecciones de mitad de mandato castigan casi siempre al partido del presidente. En los distritos suburbanos y competitivos, unos pocos puntos entre independientes pueden decidir decenas de escaños. El Senado ofrece una defensa más sólida: los republicanos parten de 53 puestos frente a 47 y los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro. Pero hay 23 escaños republicanos sometidos a elección este año, y el encarecimiento de la energía puede convertir carreras que parecían locales en un plebiscito nacional sobre Trump.

Los demócratas intentarán reducir toda la crisis a una ecuación elemental: Trump prometió energía barata, inició o prolongó un conflicto en Oriente Medio y ahora las familias pagan la diferencia. Es una simplificación interesada, pero eficaz. Tampoco ellos llegan con un expediente impecable. Buena parte de su agenda energética anterior confundió descarbonización con restricción de la oferta, multiplicó obstáculos regulatorios y desdeñó durante años la importancia del gas, la energía nuclear, las redes y la capacidad de respaldo. Pueden beneficiarse electoralmente de la crisis sin haber aprendido necesariamente la lección que la causó.