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Los brasileños acudirán a las urnas este domingo, 4 de octubre, en las elecciones más tensas desde el fin de la dictadura militar respaldada por Estados Unidos (1964–1985). Las encuestas apuntan a una segunda vuelta entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), quienes están técnicamente empatados.

Flávio se postula en nombre de su padre, el expresidente fascista Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión por liderar la conspiración golpista que culminó en el asalto fascista a los edificios que albergan los tres poderes del Estado en Brasilia el 8 de enero de 2023. Flávio ha jurado continuar con este proyecto, trabajando en estrecha colaboración con el imperialismo estadounidense, que está interviniendo abiertamente en las elecciones brasileñas.

La contienda electoral está, al mismo tiempo, dominada por la crisis cada vez más aguda de las instituciones burguesas de Brasil. En vísperas de la votación, la Corte Suprema Federal (STF) —que en los últimos años se ha presentado como la guardiana del orden democrático en el país— se ha visto envuelta en el escándalo de corrupción del Banco Master y dividida por una guerra abierta entre jueces que representan facciones rivales de la burguesía.

En este contexto, una ola de huelgas de trabajadores del sector público y privado choca de frente con el programa de nacionalismo y austeridad que promueven comúnmente Lula, Flávio y todos los candidatos de la clase dominante.

Ninguno de estos fenómenos es un accidente local. Son la forma nacional de la crisis mundial del capitalismo, que se expresa en la guerra global en desarrollo y en el giro de la clase dominante en todos los países hacia la dictadura.

Las elecciones en Brasil se llevan a cabo en medio de una reorganización explosiva del orden político en América Latina. El imperialismo estadounidense ha adoptado como doctrina oficial la dominación militar y económica de todo el hemisferio, como plataforma para la guerra contra China, hoy el principal socio comercial de Sudamérica.

La invasión de Venezuela en enero de este año inauguró una nueva fase de intervención neocolonial abierta por parte de EE. UU. Al secuestro del presidente Nicolás Maduro le siguió la apropiación del petróleo venezolano por parte del Pentágono, en colaboración con el propio régimen chavista. A esta intervención se suman las ejecuciones sumarias de pescadores en el Caribe y el Pacífico, las operaciones militares con el pretexto de combatir el “narcoterrorismo” y el bloqueo que estrangula a Cuba, ahora directamente amenazada con una invasión.

Los gobiernos fascistoides, que continúan la tradición política de las dictaduras de la década de 1970, unidos en el llamado Escudo de las Américas y que impulsan medidas de dictadura policial en sus propios países, dominan ahora casi toda la región, impulsados por la intervención directa de Washington. Lula es uno de los últimos vestigios de la Ola Rosa, que se derrumbó en el descrédito tras traicionar las expectativas de las masas que eligieron a estos gobiernos burgueses supuestamente de “izquierda”.

Las elecciones brasileñas son hoy el punto central de la ofensiva regional de Washington. La administración de Trump impuso aranceles punitivos a Brasil, justificados abiertamente como una respuesta a la “persecución” de Bolsonaro, y designó a facciones criminales brasileñas como organizaciones terroristas, el mismo marco utilizado para justificar el ataque contra Venezuela. El presidente argentino Javier Milei, cuyo régimen de extrema derecha constituye la punta de lanza del proyecto imperialista estadounidense en la región, viajó a São Paulo para lanzar la candidatura de Flávio, donde llamó a sus seguidores fascistas a sumarse a una “gran batalla” —es decir, un nuevo 8 de enero.

La respuesta del PT fue asegurar a la población brasileña que Trump no interferiría en las elecciones, cuando la intervención ya estaba en marcha. Ahora, Lula apuesta por la presión del Partido Demócrata —que se manifestó en una carta reciente de Bernie Sanders al secretario de Estado Marco Rubio— para que Washington se comprometa a reconocer el resultado. Es un fraude político. El Partido Demócrata financia la misma maquinaria bélica que ahora se vuelve contra América Latina y no opuso ninguna resistencia seria a la invasión de Venezuela. Además, fue bajo administraciones demócratas que se planeó y llevó a cabo el golpe de Estado de 1964 en Brasil.

La principal ilusión promovida en estas elecciones por el PT, las federaciones sindicales y la pseudoizquierda es que, a pesar de todas las críticas al gobierno, ahora es necesario unirse en torno a Lula para evitar el desastre de un regreso de los Bolsonaros. El historial de los últimos cuatro años deja en evidencia que esta afirmación es una farsa.

En 2022, ante la conspiración de Bolsonaro y los militares, los sectores decisivos de la clase dominante se reagruparon en torno a Lula para estabilizar un régimen en crisis. El Frente Amplio con los banqueros, el agronegocio y los partidos tradicionales de derecha fue el instrumento de esta operación. Desde que Lula asumió el cargo, el gobierno ha proclamado repetidamente la “victoria de la democracia” y ha asegurado al público que lo peor ya había pasado, solo para que se demostrara que estaba equivocado poco después, comenzando con la insurrección del 8 de enero.

El PT delegó en el poder judicial la tarea de contener el fascismo para impedir cualquier movilización de la oposición de masas que pudiera escapar a su control y volverse contra el propio régimen capitalista. Trabajó sistemáticamente para rehabilitar la imagen de las Fuerzas Armadas, la base de la conspiración fascista de Bolsonaro, elevando el gasto militar a niveles históricos. Desvió sistemáticamente la atención de las masas preocupadas por la amenaza dictatorial y su historia en el país, tratando el golpe de 1964 y la dictadura como un capítulo cerrado. E implementó medidas de austeridad, privatizaciones y ataques sociales que fortalecieron a las fuerzas fascistas.

La condena penal de Bolsonaro, junto con la de los oficiales de alto rango que respaldaron el golpe, castigó a individuos, pero preservó al ejército como institución y dejó intactas las raíces sociales de la conspiración. Su heredero —políticamente inepto y profundamente despreciado— ha llegado a la perspectiva de un empate con Lula, y la amnistía para los golpistas es el programa común de toda la oposición de derecha.

Portavoces militares en la prensa informan que el Alto Mando considera que las elecciones no restablecerán la credibilidad de las instituciones y que no se vislumbra una salida institucional. En una república donde los militares se han arrogado el papel de árbitros desde su fundación, la intervención militar sigue siendo una opción sobre la mesa para la clase dominante.