Algo no cuadra en Nuevo León. Por un lado, se describe un estado convertido en imán de inversiones. Por el otro, empresarios enfrentan una presión fiscal que, según nos cuentan, ha alcanzado niveles difíciles de justificar: determinaciones por cantidades altas que después pueden reducirse si el contribuyente paga. Si decide defenderse, queda la vía de un juicio largo y costoso. No es un episodio aislado.
Primero aparecieron los cuestionamientos por el Impuesto Verde y las inspecciones de la Secretaría de Medio Ambiente de Raúl Lozano Caballero. Después regresaron las denuncias alrededor del SAT-NL, hoy encabezado por Fernando Javier Villarreal Caballero: requerimientos anticipados, embargos y empresas exhibidas mediante lonas. La dependencia ya había enfrentado cuestionamientos por presiones políticas durante la administración de Félix Arratia.
La pregunta es sencilla: ¿por qué un gobierno que presume una economía extraordinariamente dinámica necesita apretar a quienes producen e invierten? Cada requerimiento cuestionado, cada clausura y cada procedimiento que obliga a una empresa a escoger entre pagar o litigar erosiona algo mucho más difícil de recuperar que los recursos obtenidos: confianza. El gobierno estatal asegura que hay 135 mil 300 millones de dólares de inversión extranjera directa y proyecta llegar a 150 mil millones en octubre. Economía federal reporta 16 mil 424.2 millones hasta el primer trimestre de este año. Hay una diferencia.
El cálculo incluye operaciones y proyectos que difícilmente pueden presentarse como inversiones nuevas: Brembo llegó años antes, Bosch adquirió un negocio que ya operaba en el estado y el proyecto de Lingong Machinery Group por 5 mil millones de dólares todavía no se concreta. La entidad puede seguir defendiendo sus números y descalificando el registro federal, pero los empresarios toman decisiones con algo más que discursos. Observan reglas, infraestructura, finanzas públicas y seguridad jurídica. Ahí está el verdadero examen. Porque las inversiones que cuentan no son las que aparecen en una presentación: son las que efectivamente llegan. Y la confianza que importa tampoco se decreta.
Voz en off. La revisión del T-MEC no sólo pondrá a prueba exportaciones y reglas de origen. También obligará a mirar qué tan sólidas son las cadenas productivas que México busca defender. Benjamín del Arco, presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), advierte que los flujos comerciales con Estados Unidos y Canadá resultan estratégicos para una industria presente en sectores como automotriz, construcción, electrónico y médico. Y ahí aparece la paradoja: México produce más de 3.3 millones de toneladas de resinas, pero mantiene una fuerte dependencia del exterior. Alejandro Malagón, presidente de Concamin, incluso planteó revisar con la Secretaría de Economía, que encabeza Marcelo Ebrard, la cuota compensatoria provisional superior a 600 dólares por tonelada al PVC estadounidense. En plena discusión comercial, fortalecer Norteamérica también exige cuidar que las materias primas no terminen por restar competitividad a lo que
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