En una declaración de su Comisión Política, firmada por su vocero nacional, Fernando Hernández, la organización cuestionó la derogación del Decreto 693-24, al considerar que elimina mecanismos de protección al sector frente a la competencia del arroz estadounidense, en el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
El MPD sostuvo que los productores locales enfrentan condiciones desfavorables frente a sus competidores estadounidenses, quienes, según señaló, reciben subsidios y disponen de mayores capacidades productivas.
La organización expresó su apoyo a la Federación Nacional de Productores de Arroz, que considera insuficientes las medidas gubernamentales para mitigar los efectos de la apertura comercial.
A juicio del MPD, los fondos de asistencia y otras respuestas coyunturales no resuelven las desigualdades estructurales entre la producción nacional y las importaciones estadounidenses.
Asimismo, advirtió que un debilitamiento de la actividad arrocera podría aumentar la exposición del país a las fluctuaciones de los precios internacionales y reducir su capacidad para garantizar el abastecimiento alimentario.
La organización propuso fortalecer el financiamiento agrícola, modernizar los sistemas de riego, incorporar tecnologías y reducir los costos de producción. También defendió mejores condiciones salariales y laborales para los trabajadores del campo.
El MPD consideró necesario conciliar la rentabilidad de los productores, los derechos laborales, el acceso de los consumidores a precios razonables y la soberanía alimentaria.
En el plano político, convocó a agrupaciones campesinas, comunitarias, sindicales, estudiantiles y movimientos progresistas a incorporar la defensa de la producción nacional entre sus principales reivindicaciones.
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