Así se dispara la racha criminal contra el Inpec: sería por los traslados del Gobierno
Cuatro muertos, múltiples hostigamientos y 500 amenazas registradas en los últimos dos meses tienen en la zozobra a los servidores públicos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en distintas ciudades del país. Si bien estos funcionarios viven en un asedio constante, la última racha criminal, de acuerdo con las sospechas de las agencias de seguridad, se desató después de los traslados de prisiones ordenados por el presidente Abelardo de la Espriella desde su llegada, que a la fecha suman cerca de 200 y han afectado a diversos grupos criminales, como “la Oficina”, “los Rastrojos Costeños”, “los Pepes”, “el Clan del Golfo”, “el Tren de Aragua” y “los Pachenca”, entre otros. Las amenazas empezaron a multiplicarse y el primero en caer fue Wilber Ferney Martínez Sana, guardián de la cárcel de Itagüí, en Antioquia. Le puede interesar: Procuraduría formuló cargos a director y cinco funcionarios del Inpec por fiesta en cárcel de Itagüí En la mañana del 13 de agosto de 2026 fue acribillado por sicarios en el barrio San Francisco, cuando se dirigía a cumplir su jornada laboral; en la reacción policial fueron capturados dos sospechosos. Las semanas siguientes hubo panfletos, hostigamientos y llamadas intimidatorias, y el 26 de septiembre le lanzaron una granada a la camioneta del director regional del Inpec, Guillermo Andrés González Andrade, en Cali. El funcionario no estaba en el vehículo en ese momento. En el mes de octubre se disparó el pico de violencia. El día 7 el dragoneante Jimmy Flores Salazar fue acribillado en la capital del Valle, a pocos metros de su casa; la esposa resultó herida. El 10 de octubre se presentó otro atentado en Barranquilla, contra dos funcionarios de la entidad que acababan de salir de la cárcel El Bosque. Los dragoneantes Daniel Steven Tapiero Alférez y Shirly Dallana Acosta Marroquín viajaban en motocicleta y fueron seguidos hasta el barrio San Martín, donde los atacaron a tiros. Afortunadamente, sobrevivieron. Dos días después la víctima fue el dragoneante Bryan Rangel Saavedra, quien trabajaba en la cárcel de Cúcuta. A las 7:00 p.m. del anterior lunes festivo terminó su turno y fue a echar gasolina en la estación de servicio Prados del Este, en un sector conocido como Anillo Vial. En ese momento fue sorprendido por un delincuente armado, quien le disparó y luego escapó. Aunque Rangel fue llevado a un centro médico, murió al poco tiempo. 25 minutos después, desconocidos lanzaron una granada al interior de la cárcel La Modelo, de Cúcuta, donde trabajaba el dragoneante, aunque sin dejar personas heridas. Le puede interesar: Así es la megacárcel que Abelardo ordenó terminar pronto: ¿cuántos cupos tendrá? El crimen más reciente —al cierre de esta edición— fue perpetrado el 14 de octubre en Girón, Santander. El blanco fue Diego Acevedo Garzón, quien además de dragoneante en la cárcel de Palogordo, era propietario del restaurante Sabor Argentino en ese municipio, justo el sitio en el que lo abalearon. Según el sindicato de guardianes del Inpec, a la fecha hay 500 amenazas documentadas contra los miembros de la entidad. “No permitiremos que el miedo o la violencia intimiden la labor que cumplen nuestros funcionarios”, dijo el ministro de Justicia, Iván Cancino, en respuesta a los hechos. Agregó que los crímenes no quedarán impunes y que “el Estado actuará con toda su capacidad institucional para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia”. Tras una reunión de alto nivel con la Policía y la Fiscalía, Cancino informó que se creará un grupo especial para identificar y perseguir a quienes están atentando contra los funcionarios del Inpec. “Será un grupo de tareas especiales que desarrollará labores de Policía Judicial, para dar con los responsables”, agregó el fiscal general (e), Gilberto Guerrero, al final de la citada reunión. De momento, la orden para la Policía y la Unidad Nacional de Protección (UNP) es afianzar el anillo de seguridad en torno a estos servidores públicos. Los investigadores no tienen claro si los ataques provienen de un solo autor intelectual o de varias organizaciones distintas, perjudicadas por los traslados carcelarios de sus integrantes. La semana pasada circuló un video por redes sociales, en el que aparecen cinco hombres armados, de capucha y con uniforme camuflado. Uno de ellos, leyendo un panfleto en un computador portátil, dijo: “Este mensaje es para los que siguen creyendo en la patria milagro. Se declara objetivo militar a todo funcionario del Inpec y habitantes cercanos. Exigimos los traslados de nuestros compañeros que están recluidos en el patio 10 de la cárcel Palogordo, en Girón, de lo contrario seguiremos atentando contra la vida de los funcionarios y personas trabajadoras que no tienen nada que ver con el conflicto”. Y añadió que “por culpa del presidente y de su patria milagro, asumirán las consecuencias”. El mismo mensaje circuló en panfletos alrededor de la prisión. Los delincuentes no especificaron a qué grupo pertenecen. Los investigadores siguen la pista de tres personas detenidas por estos hechos. Por la muerte del guardián Martínez en Itagüí, la Policía arrestó a Yeison Arenas Torres y Emanuel Patiño Garzón, quien fueron enviados a prisión; por ahora se desconoce quién los habría contratado. Y por el atentado que dejó dos funcionarios heridos en Barranquilla fue capturada Juliánis Paola Altamar Medina (“Lucía”), presunta coordinadora logística del crimen. La Policía indicó que es la compañera sentimental de “Gomelo”, uno de los cabecillas de la banda “los Pepes”, que delinque en la capital del Atlántico. En su celular, según el reporte de las autoridades, “se observaron panfletos con un estilo similar al de los utilizados para intimidar a los guardianes”. “Para los que están haciendo videos amenazando, vamos por ustedes. No habrá un lugar en la tierra donde se puedan esconder”, advirtió el ministro Cancino. Bloque de preguntas frecuentes
