Aduanas subastará llantas, electrodomésticos y productos de belleza este mes
El Servicio Nacional de Aduanas subastará llantas y neumáticos, refrigeradoras, congeladores, aires acondicionados, pinturas, perfumes y productos de cuidado personal.
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Durante décadas, la conversación pública argentina encontró un responsable cómodo para buena parte de nuestros fracasos: el empresario.
Fue acusado de explotar al trabajador, obtener rentabilidades excesivas y especular en detrimento del bien común. Bajo esa presunción se construyeron regulaciones laborales y se consolidó una litigiosidad que terminó generando una verdadera industria alrededor del juicio laboral. Hoy el argumento parece haber cambiado, pero el acusado sigue siendo el mismo. Ahora el empresario argentino es caro, ineficiente, poco competitivo e incapaz de adaptarse.
Resulta, cuanto menos, llamativo. Cambian los gobiernos, cambian radicalmente las ideas económicas y cambian las reglas de juego. Pero el culpable, discursivamente, parece ser siempre el mismo. Entonces vale hacerse una pregunta: ¿quién es realmente el ineficiente?
La Argentina necesita apertura, competencia, desregulación y empresas mucho más productivas. Sobre eso debería existir poco margen para la discusión. Pero ninguna estructura productiva puede transformarse 180 grados en apenas dos años sin pagar costos.
Adaptarse requiere capital, crédito, tecnología, infraestructura, capacitación y tiempo. Exigir esa transformación sin generar las condiciones necesarias y luego calificar de ineficiente a quien no logra sobrevivir no es una política de desarrollo. Es, simplemente, una selección por supervivencia.
Al mismo tiempo, existe bastante claridad respecto de cuáles serán los grandes sectores ganadores de la nueva economía argentina: energía, minería, agroindustria y aquellas actividades en las que el país posee ventajas comparativas evidentes.
Exigir esa transformación sin generar las condiciones necesarias y luego calificar de ineficiente a quien no logra sobrevivir no es una política de desarrollo"
Y es una excelente noticia que crezcan. El problema no es que ellos ganen. La verdadera pregunta es otra: ¿cómo hacemos para que ese crecimiento incluya al resto? Ahí las respuestas son bastante menos claras.
¿Cuánto derrame? La explicación más frecuente es que esos sectores generarán un “derrame” sobre el resto de la economía. Pero sabemos poco acerca de cuánto, cuándo, dónde y de qué manera se producirá. ¿Cuántas PyMEs nuevas generarán esas inversiones? ¿Cuántos empleos? ¿En qué provincias? ¿Qué cadenas de proveedores nacionales se desarrollarán a su alrededor? ¿Dónde viven hoy los trabajadores que necesitarán esas actividades? ¿Deberán trasladarse? ¿Las ciudades y regiones que recibirán las inversiones cuentan con infraestructura, viviendas, servicios, educación y capacitación suficientes para absorber ese crecimiento?
No son detalles. Son preguntas centrales para cualquier estrategia de desarrollo.
Porque crecimiento y desarrollo no son necesariamente lo mismo. Un país puede aumentar sus exportaciones, acumular dólares y mejorar sus cuentas macroeconómicas mientras, simultáneamente, pierde empresas, empleos y densidad productiva.
Desde el punto de vista regulatorio, puede resultar menos costoso para un banco financiar al Estado que prestar a una PyME que produce, invierte y genera empleo, incluso cuando cuenta con una Sociedad de Garantía Recíproca"
Existe además otro problema: para transformarse hay que invertir y, para invertir, se necesita crédito. Sin embargo, el propio sistema financiero presenta una asimetría que merece ser discutida.
Según las normas de Capitales Mínimos del Banco Central, determinadas exposiciones a MiPyMEs tienen un ponderador de riesgo del 85 %. Con la garantía de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), ese porcentaje puede reducirse al 50 %.
En cambio, determinadas exposiciones al Gobierno Nacional, las provincias y los municipios en pesos pueden tener un ponderador del 0 %. Dicho de otra manera: desde el punto de vista regulatorio, puede resultar menos costoso para un banco financiar al Estado que prestar a una PyME que produce, invierte y genera empleo, incluso cuando cuenta con una SGR.
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