Bolivia: Bitácora de Excepción – Por El Choco

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Hace un mes, tras 53 días de protesta, el gobierno nacional decretó el estado de excepción como forma de aplacar la movilización fruto del descontento y hartazgo de una gestión que traicionó a las mayorías indígenas urbanas y rurales que los pusieron en la silla presidencial. Desde entonces, el gobierno vendió la medida como una “mano dura” contra las organizaciones sociales y como “victoria” política el fin de la ola de protestas.

Sin embargo, terminados los conflictos el estado de excepción permaneció vigente y el gobierno aprovechó de devaluar la moneda nacional, pasando de un cambio fijo a uno flexible. La devaluación oficial hizo que el cambio pasara de 6.96bs a 9.60bs por dólar, pero el sistema flexible hizo que la moneda alcanzara, para finales de julio, los 12.10bs. En solo un mes, la moneda perdió más del 20% de su valor, desregulando la economía de las familias a nivel nacional. Aterricemos en algunos ejemplos.

Todas las personas que adquirieron terrenos para construcción de viviendas mediante créditos en dólares han sufrido un aumento del 20 al 40% en sus cuotas, la justificación es que la devaluación implica una reprogramación de la deuda. Esto ha impactado de lleno en la ciudad de Santa Cruz, cuya área metropolitana experimentaba una expansión acelerada producto de la migración y los precios accesibles de los lotes. Actualmente, cientos de familias han salido a la calle debido a que el aumento de las cuotas es insostenible: la inflación sube, pero los salarios no.

En materia comercial, el arancel a las importaciones se fija acorde al tipo de cambio oficial, por lo que la devaluación y la flotación de la moneda han encarecido los impuestos, transfiriendo este aumento a la población mediante inflación en alimentos y otros bienes. A su vez, la desregulación de las tarifas de agua y luz abren el paso a un aumento gradual, pero sostenido, de los servicios básicos, el cual ya comenzó en el mes de julio.

Al respecto, el gobierno señaló que todos estos ejemplos carecen de seriedad porque la moneda “ya estaba devaluada” con la creación de un dólar paralelo. Con esta respuesta no solo se busca ignorar la realidad nacional, sino omitir que la devaluación ha permitido que cinco bancos controlen el tipo de cambio oficial al poseer el 85% de las divisas que se mueven en las trasferencias interbancarias. En este sentido, no se ha “flexibilizado” la moneda, se ha concesionado el cambio oficial a un conjunto de bancos privados cuyos socios mayoritarios son los mismos agroindustriales que respaldan al gobierno, vaya sorpresa.

Por si fuera poco, la gasolina y el diésel han vuelto a escasear y, cuando llega, sigue siendo el mismo producto de mala calidad que arruina los motores de los automóviles. Si la gestión de Luis Arce fue duramente cuestionada por su incapacidad de conseguir combustible, este gobierno ha demostrado que se pueden hacer las cosas aun peor: si hay combustible los automóviles se arruinan y si no hay la economía se ralentiza.

La solución del gobierno ante esto es un acuerdo con el FMI por 1.900 millones de dólares, un logro celebrado con bombo y platillo por el oficialismo que, dos días antes, sufría una fractura interna con la salida de Doria Medina, empresario y político, arguyendo “diferencias éticas” en torno a casos de corrupción.

Hasta aquí, pareciera que el fin de las protestas no trajo más que noticias negativas para un país que, según los datos del INE, llegó a un índice de pobreza moderada del 44.7% para julio de 2025, es decir, hace un año. Podemos asumir que el gasolinazo de diciembre de 2025, la gasolina basura, la ralentización de la economía, la devaluación de la moneda y la caída del consumo no han hecho más que profundizar en la tendencia de crecimiento de la pobreza, retornando a una Bolivia que estima sobrepasar el 50% de pobreza para finales de 2026.

A nivel político, tras el fin de las protestas el gobierno inició una represión selectiva a dirigentes y referentes políticos. Con secuestros sin órdenes judiciales ni causas abiertas, el gobierno viene deteniendo personas cada semana para, posterior a las noticias de su captura, abrirles procesos judiciales por terrorismo e incitación publica a delinquir. Alguien podria observar el accionar irregular de la policía en estas detenciones, pero los medios de comunicación rápidamente lo enmarcan como un accionar en respuesta a los bloqueos.

Para cerrar este balance nos falta un último actor, aquel pueblo que durante 53 días puso en jaque al gobierno y la derecha regional. Con las dirigencias perseguidas, no se registran mayores movilizaciones, con excepción de las personas que están en protesta por el aumento de las cuotas de sus lotes en Santa Cruz. Un silencio casi fúnebre recorre las calles y mercados, donde la gente prefiere evitar hablar de lo que sucede.

A un espectador normal, de clase media o extranjero, el clima le resulta grato: por fin se ha vencido a la indiada. Para otro, más descalzo y de barrio, su vida cotidiana ha pasado a ser una olla a presión, una acumulación constante de bronca y frustración, pero no de derrota. Porque como dicen entre nuestra gente: “ahora siempre no hemos podido, pero ya pronto vamos a volver y ahí sí, ahí si van a saber quién siempre somos”.

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