El Gobierno condiciona las ayudas a la prohibición de despidos: 12.000 millones de euros

La prórroga del escudo anticrisis incluye la condición de mantener el empleo para las empresas beneficiarias. Las ayudas alcanzan al transporte, la agricultura y la pesca hasta final de año.

La prohibición de despidos vuelve a ser la contrapartida de las ayudas públicas. El Consejo de Ministros aprobó este martes un tercer paquete anticrisis, valorado en más de 12.000 millones de euros, que ata el mantenimiento del empleo a cualquier subvención energética o fiscal. La medida se aplica a todo el territorio nacional.

Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, presentó el plan como un esfuerzo que ronda los 12.000 millones de euros para las arcas públicas. El Ejecutivo ha encadenado ya tres decretos desde marzo para contener el impacto de la guerra en Irán sobre los precios de de la energía.

El contexto empuja. La inflación general se situó en septiembre en el 4,9% interanual, el dato más elevado desde febrero de 2023, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El encarecimiento de los carburantes está detrás de ese repunte.

La cláusula no es nueva. Ya en los paquetes anteriores, el Gobierno incluyó la condición de que las empresas que recibieran ayudas directas no pudieran ejecutar despidos. El mecanismo funciona como una salvaguarda: si una compañía se acoge al apoyo público y después despide, se expone a tener que devolver el dinero.

Esta vez el requisito viaja dentro del mismo Real Decreto-ley que prorroga el alivio fiscal a la gasolina y al diésel, limita la tarifa regulada del gas y congela el precio de la bombona de butano. Los sectores afectados son varios.

La mayor parte del real decreto-ley vigente vencía a finales de septiembre, de ahí la urgencia. Sin la prórroga, las rebajas fiscales y los topes de precio habrían decaído de un día para otro.

Una ayuda pública con la condición de no despedir cambia las reglas del juego para las empresas que optan al apoyo del Estado.

El paquete despliega un abanico de medidas que van del bolsillo del consumidor a la cuenta de resultados de las empresas. Estas son las principales:

Todas estas líneas son las que arrastran la condición laboral. Las empresas que se beneficien de ellas no podrán despedir mientras disfruten del apoyo público.

La cláusula de no despedir convierte una ayuda económica en una decisión estratégica. Para una empresa en dificultades, recibir el apoyo público puede ser la diferencia entre aguantar el trimestre o cerrar. Pero ese mismo apoyo congela su capacidad de ajustar plantilla, algo que en sectores cíclicos como el transporte por carretera o la agricultura no siempre encaja con la realidad del negocio.

De hecho, aquí está el matiz que conviene vigilar. La prohibición se aplica mientras la empresa perciba la ayuda, no de forma indefinida, y no todas las líneas del decreto obligan por igual. La ayuda al gasóleo agrario, por ejemplo, llega vía bonificación y exige un control de destino que retrasa su cobro.

Para el trabajador, la lectura es distinta. La medida es una red de seguridad en sectores donde la volatilidad de precios complica las plantillas. Si tu empresa recibe alguna de estas ayudas, tu puesto queda blindado durante el periodo de vigencia del decreto. Ese es el dato que importa.

La inscripción se realiza en los servicios públicos de empleo: los perfiles demandados en los sectores que reciben estas ayudas, como el transporte, la agricultura y la logística, se canalizan a través del SEPE y de los servicios autonómicos.

Plazo de inscripción: abierto mientras haya vacantes en las ofertas publicadas. Requisito mínimo: estar inscrito como demandante de empleo y tener el currículum al día.