Volver a la edición
Nevaco Global
21 de junio de 2026

La factura de la guerra golpeará a la industria española hasta 2027 a pesar de la paz en Irán

Cargando análisis estratégico...

La paz puede llegar en cualquier momento, pero recuperar la normalidad económica llevará más tiempo. Aunque el alto el fuego entre Teherán y Washington aleje ... el riesgo de una crisis larga en Oriente Medio, la factura del conflicto seguirá golpeando a las empresas españolas durante este año y también el próximo. Por el estrecho de Ormuz, cuya apertura no está clara tras los renovados ataques de este sábado de Israel a Líbano, pasa alrededor de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo y casi una quinta parte del gas natural licuado, suficiente para que cualquier amenaza sobre el corredor se traduzca en precios más altos, fletes tensionados, contratos energéticos al alza e inversiones aplazadas.

Ese es el trasfondo de la negociación que el Gobierno mantiene para decidir qué parte del escudo anticrisis seguirá viva a partir del 1 de julio. Las medidas aprobadas para contener la escalada energética vencen el próximo 30 de junio, aunque el Ejecutivo ya ha anunciado que prorrogará durante tres meses algunas de ellas. El decreto está previsto para el Consejo de Ministros del 29 de junio, pero la discusión ha desbordado el calendario: los sectores afectados ya no preguntan solo cuánto durarán las ayudas, sino qué papel deben jugar en una economía que sigue operando en «modo crisis».

La primera herida está en los precios. En la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Pedro González, su director general, admite que el consumo eléctrico industrial resistió al inicio del año, apoyado en precios más bajos, pero sostiene que ese impulso se ha truncado. El coste del segundo trimestre se eleva ya un 20% por encima de lo previsto antes de la guerra y el sector calcula que el precio de mercado y el sobrecoste de los ajustes superarán los 100 euros por megavatio hora, un nivel difícil de absorber para competir.

El escudo ha amortiguado parte del golpe. El Real Decreto-ley 7/2026 —con descuento del 80% en peajes, 300 millones adicionales en compensaciones por CO2 y supresión temporal del impuesto del 7% a la generación— ha reducido aproximadamente a la mitad una subida estimada en 24 o 25 euros por megavatio hora. Aun así, AEGE calcula que la factura eléctrica de la gran industria cerrará 2026 un 22% por encima de la de 2025. Ahí aparece la segunda herida: para las empresas electrointensivas, el debate ya no es solo de alivio coyuntural, sino de competitividad frente a otros países. «Aunque se acabe la guerra ya, el mercado anticipa que los problemas de suministro de gas natural van a continuar durante 2026 y 2027», advierte González.

El consumo de la industria acumula una caída del 26% respecto a los niveles previos a la crisis de Ucrania

El gas añade otra señal de deterioro. Verónica Rivière, presidenta de GasINDUSTRIAL, advierte de que el consumo gasista de la industria acumula una caída del 26% respecto a los niveles previos a la crisis de Ucrania y suma 18 meses consecutivos de descensos. A su juicio, no es una sustitución masiva por biometano, hidrógeno o electrificación, sino pérdida de actividad industrial. «Estamos descarbonizando la industria, deslocalizándola», resume. La frase condensa una inquietud que atraviesa al sector: la transición energética puede avanzar, pero no si la industria pierde antes la capacidad de producir.

Desde el otro lado del mercado gasista, Sedigas ve el nuevo decreto como una oportunidad para que las medidas anticrisis no solo mitiguen el impacto de la coyuntura geopolítica, sino que también refuercen «la competitividad industrial, la seguridad de suministro y el avance de la transición energética», apunta Julio César Gutiérrez, portavoz de Sedigas.

Esa es la tercera herida que deja abierta la guerra: cómo acelerar la transición sin dañar la competitividad. El discurso público empuja hacia la electrificación y los gases renovables, pero las empresas piden tiempo y reglas comparables con las de sus competidores europeos. La automoción lo vive con otra derivada: sus proveedores, altamente integrados en cadenas internacionales, la presión sobre los costes energéticos y logísticos, y tensiones en los plazos.

COAG denuncia subidas de más del 50% en fertilizantes, gasóleo agrícola y plásticos que atribuye a movimientos especulativos

A ese entorno se suma el retraso del Plan Auto+, dotado inicialmente con 400 millones de euros, que el sector ya sitúa en agosto. Sernauto teme que, cuando llegue, lo haga con demanda acumulada suficiente para agotar rápido el presupuesto. La asociación pide medidas temporales para aliviar costes energéticos, líneas de financiación y avales públicos, así como flexibilidad regulatoria para preservar la competitividad. También advierte de que el encarecimiento del circulante y del coste del capital está obligando a priorizar proyectos o retrasar inversiones industriales.

La cuarta herida está en la competencia exterior. La siderurgia la sufre por dos vías: energía cara e importaciones. Unesid calcula que las medidas del Gobierno han reducido en torno a un 14% el coste energético del sector, pero reclama que los alivios más relevantes se consoliden. 2025 cerró con una producción de 11,8 millones de toneladas y un consumo de 13,4 millones, ambos en retroceso, mientras una de cada tres toneladas de acero consumidas en España procede ya de terceros países. Para el sector, la paz en Irán no resolverá una sobrecapacidad global que presiona los precios y erosiona la cuota europea.

La automoción espera el Plan Auto+, dotado inicialmente con 400 millones de euros, y teme que el retraso hasta agosto lo haga llegar tarde y con demanda embalsada

La quinta herida está en los pagos pendientes y en la sospecha sobre los precios. En la carretera, la urgencia sigue siendo la compensación de 20 céntimos por litro de combustible, aún pendiente de autorización de Bruselas. En el campo, COAG denuncia que fertilizantes, gasóleo agrícola y plásticos llegaron a subir más de un 50% en plena escalada bélica pese a que España no sufrió escasez real y a que la dependencia de Oriente Medio para insumos como la urea apenas alcanzaba el 17%. No piden intervenir el mercado, sino transparencia sobre compras, ventas y estocaje para comprobar si hubo movimientos especulativos.

La prórroga ya está anunciada. Pero el Ejecutivo debe ahora decidir qué medidas sobreviven hasta octubre y cómo encajarlas con Bruselas. Para las empresas, el debate es más largo: la posible paz en Irán puede detener la escalada geopolítica, pero no borrar la factura económica de 2026.

Cómo la compra de proximidad de Mahou San Miguel impulsa la hostelería, el campo y las economías locales

Continúa la lectura estratégica

Accede a la nota completa y mantente a la vanguardia de los movimientos financieros globales.

Leer artículo en Nevaco Global

Nevaco Report — Monitoreo en tiempo real de mercados globales y análisis macroeconómico.

También podría interesarte

Cuenta atrás para la histórica caída de la verja de Gibraltar, el «muro de Berlín» del sur de Europa
abc

Cuenta atrás para la histórica caída de la verja de Gibraltar, el «muro de Berlín» del sur de Europa

Christian tenía 6 años cuando Franco cerró Gibraltar el 8 de junio de 1969. La frontera separó a su madre y a su tía, dos hermanas muy unidas. «Hablaban a través de la verja como si fuera el muro de Berlín», recuerda. La primera vez que Jenique, profesora de 48 años, cruzó a España para ver a su familia tuvo que coger un ferry a Tánger (Marruecos) y de ahí, otro a Algeciras. Un familiar de Manolo tuvo que echarse al mar para llegar a nado a territorio español con la Guardia Civil disparando tiros al agua para ir a visitar a un padre enfermo que estaba a punto de morirse. «Lo que se ha sufrido con esa frontera cerrada... Todavía hay heridas abiertas», cuenta.Estos son solo tres de los muchos testimonios de los miles de gibraltareños que fueron producto del cerrojo a la frontera terrestre con España bajo mandato del régimen franquista —duró 13 años hasta que el socialista Felipe González lo levantó en el primer Consejo de Ministros que presidió en 1982— y que ahora celebran su derribo, que se consumará, a más tardar, el próximo 15 de julio. Esta es la fecha tope fijada para la entrada en vigor del tratado que la Unión Europea (UE) y Gibraltar, con la aprobación de España, sellaron en junio del año pasado para que la colonia británica de poco más de 40.000 habitantes se considere como un territorio asociado al espacio Schengen gracias a la aceptación, por parte de Reino Unido, del principal escollo, que era la necesidad de que la policía española controlara las llegadas de viajeros a Gibraltar por aire y por mar. Su entrada en vigencia será, eso sí, provisional, dado que posteriormente habrá de recibir un doble aval de Europa —una ratificación del Consejo Europeo y del Pleno de Estrasburgo— y luz verde por parte del Parlamento británico, aunque, a priori, superará ambos trámites sin sobresaltos.Noticia relacionada No No De suprimir el paso fronterizo a acuerdos sobre fiscalidad o corrupción: los detalles del pacto Pablo de la VargaLa solución acordada supondrá en apenas un mes —sino antes, ya que la firma del acuerdo, anunciada por Bruselas para el día 13, podría producirse incluso antes, según traslada el Ejecutivo gibraltareño— la eliminación de todos los controles fronterizos entre Gibraltar y el territorio español, puesto que este enclave británico de ultramar de apenas 7 kilómetros cuadrados (de lo que, aproximadamente, 3 han sido ganados al mar en el último medio siglo) pasará a considerarse, a estos efectos, como una extensión del espacio comunitario. A cambio, las autoridades británicas aceptan que se instaure un doble control para las los pasajeros que lleguen desde el mismo Reino Unido u otro lugar fuera de la UE, uno por la policía española y un segundo por la británica.De este modo, se implementará la libre circulación de personas y mercancías que beneficiará a los aproximadamente 15.000 trabajadores transfronterizos que cruzan diariamente, así como un marco de cooperación fiscal (productos como la joyería, el alcohol y el tabaco, actualmente gravados al 3%, habrán de equipararse en tres años hasta llegar al 18%, aunque a partir de septiembre empezarán con un 15%). Y, como no podía ser de otro modo, se producirá la desaparición física de la icónica verja, cuyas labores de derribo ya están en marcha. Se elimina el paso fronterizo terrestre, pero habrá un doble control para todos los pasajeros que lleguen por mar y aire, uno por la policía española y un segundo por la británicaLos operarios llevan tiempo centrados en la instalación de andamios, en horario de 21.00 a 06.00 horas, de cara al desmontaje contrarreloj de las marquesinas aduaneras a ambos lados. De hecho, a falta de 20 días para la entrada en vigor del tratado, a partir de cierta hora ya ni siquiera chequean las entradas y salidas del Peñón e incluso hay ya escáneres de documentos apagados. El resto de la jornada, la revisión de pasaportes y/o documentos de identidad, tal y como ha podido comprobar ABC de primera mano, es meramente testimonial. «Yo no me lo llego a creer. Esto se supone que lo iban a quitar hace años», comenta uno de los agentes, que duda de que todo este listo para el día 15.Según trasladan fuentes del equipo del ministro principal de Gibraltar, Fabian Picado, está previsto que entre hoy y el miércoles 24 desaparezca por completo el grueso de la infraestructura (garitas, columnas, techos e incluso algunos edificios). La idea, añaden, es que el día 15 no haya ni rastro de la que ha sido la última frontera de la Europa continental. Tampoco se colocará una placa en recordatorio. «No va a haber un Checkpoint Charlie como el de Berlín», dejan claro a la vez que adelantan que sobre la mesa ya están los planes del rediseño de la entrada al Peñón y que va a quedar «muy 'british'». «Hemos comprado 20 cabinas telefónicas rojas y 20 'black cabs' (los tradicionales taxis negros de Londres)», avanzan. Del lado español, eso sí, está previsto que se se levante un nuevo espacio para Policía Nacional y Guardia Civil una vez derribado el paso fronterizo. Todo listo en la frontera entre España y Gibraltar para el desmontaje de la icónica verja y de todas las instalaciones de la aduana. Imágenes: EP y ABCAnte el silencio del Gobierno de Sánchez, la Administración Picardo confirma que habrá ceremonia, pero no detalla cuándo ni cómo se organizarán los fastos. Aún está todo por hacer. «Queremos que sea un momento cultural y simbólico, no político, que represente la unión de las dos culturas, la gibraltareña y la española», exponen voces internas de la misma. Está pendiente de organizar aún también la lista de invitados por parte de los cuatro gobiernos —comunitario, británico, español y gibraltareño—. «Se ha especulado con que Pedro Sánchez quiere venir, pero que hay que cuadrar agendas», señalan. Aunque no es está descartada la asistencia del presidente, todo apunta a que será el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el que acuda en representación del Ejecutivo de España dada su buena relación tanto personal como profesional con el propio Picardo. «Podemos presumir de tener la mejor relación que ha habido en la historia entre ambos gobiernos», confesaba recientemente el dirigente gibraltareño, que en octubre, tras quince años en el cargo, oficializará su salida, en conversación con medios españoles, entre ellos, este diario. Soberanía«Se ha hecho un gran trabajo. Era muy difícil llegar a un acuerdo sin tocar el tema de la soberanía. Debemos estar satisfechos», festeja Loren Periáñez, portavoz del Grupo Transfronterizo, la asociación de sindicatos y patronales del Campo de Gibraltar y el Peñón fundada hace 15 años para hacer frente al endurecimiento de la postura del Gobierno español respecto a este enclave británico y los controles en la frontera practicados por el entonces responsable de Exteriores, el popular José María García-Margallo, ahora firme detractor de la caída de la verja. Entre broma y broma, hay quien dice que el que fuera ministro de Mariano Rajoy entre los años 2011 y 2016 es considerado, tanto del lado Ejecutivo socialista de Picardo como por empresas y agentes sociales, una de las «tres pandemias» que ha asolado la nación en los últimos años junto con el Covid y el Brexit.En este sentido, Periáñez pide no confundir el deseo de que no exista una frontera con querer que haya un cambio de soberanía en la roca. De hecho, las dos únicas veces que la colonia sacó las urnas a la calle para decidir en referéndum sobre su autodeterminación, en 1967 y 2002, ganó el 'sí' masivo a Londres. «La soberanía ni nos va ni nos viene. Nos da igual, esto es convivencia». Un sentir compartido en la calle. «Gibraltar es huérfano de madre y padre. A Reino Unido le importa un rábano y a España, también. Estamos los dos el uno para el otro, no nos queda otra», afirma Amy, gibraltareña de padre y madre republicanos exiliados en la dictadura. «De Despeñaperros para arriba intentan generar un mal rollo que no hay. Lo que hay es vecindad, 'quid procuo' y respeto», defiende otra ciudadana del Peñón, que, en la actualidad basa su economía en actividades como el 'bunkering', las apuestas online, el turismo y los servicios financieros.«La historia demuestra que la opresión y el divorcio no traen nada más que odio, y no queremos volver a eso» Manolo Triano Secretario del Grupo Transfronterizo y líder de CC.OO. Campo de Gibraltar«La historia demuestra que la opresión y el divorcio no traen nada más que odio, y no queremos volver a eso. El matrimonio es dedicación, tiempo y convivencia. Y la relación ha mejorado. Ahora mismo tenemos algo mejor de lo que nunca hemos tenido. No se trata solo de lo que va a pasar económicamente, sino de relaciones personales. Desde Madrid y desde Bruselas se ve muy distinto a como se vive aquí, en el Campo de Gibraltar», añade a este respecto Manolo Triano, secretario del Grupo Transfronterizo y líder de Comisiones Obrera para el área de Campo de Gibraltar. Inseguridad y avalancha de residentes«Esto ta' esho», bromea Alfie Bassadone, el presidente de la Patronal de Gibraltar pese a ser consciente de que la implementación del tratado es «complicada» y que aún quedan flecos que se irán resolviendo con el paso de los meses aunque confían en que se les acabe concediendo un periodo de gracia, ya recogido en la letra pequeña del texto. «Va a haber problemas e incertidumbre a la hora de ver cómo se aplica. Todavía no se sabe exactamente qué hay que hacer. Pero hay mucho empeño en hacerlo bien y va a ser un gran logro para ambos lados de la frontera». opina este empresario llanito que acepta la teoría de que «todo cambio grande siempre da miedo».Entre los principales temores a la implantación del tratado entre la UE y Gibraltar, el incremento de la inseguridad. «Estamos contentos, pero preocupados porque ahora mismo no tenemos okupas ni carteristas, por ejemplo», cuenta, intranquilo, a ABC un taxista gibraltareño. «Hay mucha paranoia por la futura delincuencia entre la población porque esto es muy seguro. Ahora hay unos diez o quince presos en la cárcel de la roca solo», cree Francis, guía turístico. La respuesta del Ejecutivo gibraltareño de Picardo ante un hipotético auge de la delincuencia, explica el propio ministro principal en conversación con la prensa española, consistirá en una «grandísima» inversión «extra» en términos de seguridad con la instalación, por ejemplo, de cámaras biométricas para reconocimiento facial por todo el Peñón. «Seguirá habiendo una criba minuciosa de quién entra y sale», asegura el dirigente laborista. ¿Temor a un Gobierno de PP y Vox en España que impugne el acuerdo? PP y Vox han arremetido duramente este último año contra el Gobierno de Sánchez por el acuerdo con Gibraltar, especialmente por no haberlo sometido a votación en el Parlamento. A ojos de los de Alberto Núñez Feijóo lo pactado «da ventajas» tanto al Peñón como a Reino Unido mientras «España pierde». El partido de Abascal, por parte, cree que la implementación del tratado es «perjudicial» para los intereses de nuestra nación. Los sondeos de los últimos meses apuntan a que ambas formaciones, en coalición, podrían alcanzar la Moncloa tras las generales de 2027. Pero en Gibraltar, ni patronal ni sindicatos, tampoco Picardo, creen que vayan a impugnar el acuerdo una vez entre en vigor pese a que el texto recoge una cláusula destinada a ello. «Tenemos fe de que la prioridad ciudadana sea lo primordial de los partidos gobierne quien gobierne», señalan en el Grupo Transfronterizo. «Aconsejaría a la derecha española que siguiera echándole la culpa al PSOE por este acuerdo, pero que permitan que la ciudadanía continúe teniendo el beneficio de la fluidez en el tránsito y de la prosperidad compartida», señala, por su parte, el ministro principal.También se prevé una avalancha de solicitudes de residencia por parte de ciudadanos del Reino Unido que se espera paliar con el endurecimiento de criterios para obtener la misma. Ahora será necesario estar en posesión de un patrimonio mínimo de cinco millones de libras, tener casa propia y menos de 55 años de edad. Ya en la calle, al comerciante gibraltareño como Loli, regente de un estanco en Main Street, le preocupa perder al cliente español por la subida de impuestos, aunque espera que la llegada de nuevos turistas gracias a la libre circulación supla el encarecimiento de productos como el alcohol y el tabaco, dos de los principales reclamos.

21 jun 2026