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La ley busca dar seguridad jurídica a inversiones, tierras y propiedades destinadas a la producción, en medio de conflictos por ocupaciones de terrenos.
La Ley de Fortalecimiento y Protección al Sector Agroindustrial entró oficialmente en vigencia tras su publicación en el diario oficial La Gaceta, con el objetivo de blindar las actividades productivas consideradas estratégicas para la economía nacional.
La normativa, aprobada por el Congreso Nacional, consta de 10 artículos y declara de orden público, interés y prioridad nacional la protección de la actividad agroindustrial, agrícola, ganadera, energética y turística, así como de las inversiones, tierras y propiedades destinadas a estos rubros.
La ley surge en un contexto marcado por la preocupación del sector productivo ante las invasiones de tierras, los conflictos agrarios y la necesidad de garantizar seguridad jurídica a productores, inversionistas y propietarios que desarrollan actividades económicas en distintas zonas del país.
De acuerdo con el texto legal, la protección alcanza a proyectos agroindustriales, energéticos y turísticos, además de fincas ganaderas, cultivos agrícolas, tierras productivas y bienes vinculados a la producción.
También incluye a pequeños productores agrícolas, quienes forman parte de la cadena productiva nacional.
El decreto consta de 10 artículos e incluye medidas para proteger a productores, proyectos energéticos, turísticos y actividades clave para la seguridad alimentaria.
El propósito central de la normativa es fortalecer la inversión, proteger la propiedad privada y asegurar la continuidad de actividades que generan empleo, abastecimiento interno, exportaciones y dinamismo económico en zonas rurales.
La ley también busca contribuir a la seguridad alimentaria del país, al resguardar tierras y proyectos destinados a la producción de alimentos, energía y servicios turísticos, sectores considerados clave para el desarrollo nacional.
tiene la normativa, e incluye medidas para proteger a productores, proyectos energéticos, turísticos y actividades clave para la seguridad alimentaria.
Con su entrada en vigencia, las autoridades deberán aplicar las disposiciones contempladas en la normativa para prevenir afectaciones a la actividad productiva y garantizar que las inversiones legalmente establecidas cuenten con respaldo institucional.
Sectores empresariales y productivos han insistido en que la seguridad jurídica es una condición indispensable para mantener operaciones, atraer nuevas inversiones y evitar pérdidas económicas derivadas de ocupaciones, daños o interrupciones en las unidades de producción.
La publicación en La Gaceta convierte la ley en una herramienta legal vigente para proteger áreas productivas, especialmente en momentos en que el país enfrenta desafíos relacionados con la generación de empleo, la producción agrícola y la estabilidad de la inversión privada.
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