Revisión de la Directiva de Nitratos: La UE alivia trámites a las pequeñas explotaciones y endurece la presión sobre la Región de Murcia

Tractores en un campo de cultivos en el entorno del Mar Menor. / Iván J. Urquízar

Pocas decisiones resultan ahora tan trascendentes para el campo murciano como la aprobación del nuevo plan de nitratos. La evaluación exhaustiva de la Directiva de Nitratos publicada este miércoles por la Comisión Europea, la primera desde 1991, coincide con la fase final de ese proceso y dibuja un escenario de contrastes: mayor flexibilidad administrativa para las explotaciones de menor tamaño, pero también una exigencia más intensa en los territorios donde la contaminación por nitratos sigue sin remitir, entre ellos la Región de Murcia.

Ese equilibrio entre simplificación administrativa y mayor exigencia ambiental golpea de lleno a la Región de Murcia. La evaluación sitúa expresamente a la comunidad entre las autonomías con peores registros de contaminación por nitratos en aguas subterráneas, junto a Canarias, Baleares, Cataluña y Extremadura. A ello se suma otra advertencia dirigida al Estado: revisar la delimitación de las zonas vulnerables, ampliar aquellas que lo requieran y endurecer los programas de actuación para reducir la presión sobre las masas de agua.

Lejos de suponer una relajación de las obligaciones ambientales, el informe europeo apunta precisamente hacia un incremento de los controles en aquellos territorios donde los indicadores siguen siendo desfavorables. En el caso de la Región de Murcia, esa circunstancia podría traducirse en un seguimiento más intenso sobre las explotaciones agrícolas situadas en el entorno del Mar Menor y otras cuencas especialmente sensibles, mediante mayores inspecciones y una vigilancia reforzada del cumplimiento de las medidas previstas.

Al mismo tiempo, Bruselas reconoce que la Directiva de Nitratos, en vigor desde hace 35 años, puede aplicarse de una forma más flexible para reducir cargas administrativas, especialmente en las explotaciones de menor tamaño. Entre las propuestas figura adaptar los calendarios de fertilización a las condiciones locales, simplificar determinadas obligaciones documentales y facilitar una gestión más eficiente de los nutrientes. También estudia ampliar el uso de algunos productos derivados del estiércol como fertilizantes para mejorar la autonomía europea frente a las importaciones de productos de fuera, siempre bajo garantías ambientales.

La comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, aclaró ese planteamiento al asegurar que la normativa "sigue siendo necesaria y pertinente", aunque también existe margen para simplificar su aplicación. Según explicó, "al reducir la contaminación y utilizar los nutrientes de manera más eficiente, aumentando la circularidad, podemos apoyar tanto la protección del medio ambiente como la resiliencia a largo plazo de nuestro sector agrícola".

Jornaleros en una finca agrícola junto al Mar Menor. / FELIPE GARCIA PAGAN

Sin embargo, la propia Comisión advierte de que esa flexibilización administrativa no implica rebajar los objetivos ambientales. La evaluación concluye que la calidad de las aguas continúa evolucionando de forma desigual en distintos territorios europeos y que los niveles de nutrientes siguen siendo demasiado elevados en varias regiones, entre ellas algunas españolas.

Los datos nacionales reflejan esa situación. El informe indica que el 26,7% de los puntos de control de aguas subterráneas presenta concentraciones elevadas de nitratos o una tendencia creciente, mientras que casi cuatro de cada diez puntos analizados en aguas superficiales están clasificados como eutróficos o presentan riesgo de llegar a esa situación. Además, Bruselas señala que una parte significativa de esos focos se localiza fuera de las actuales zonas declaradas vulnerables, motivo por el que insta a España a revisar su delimitación.

Todo ello coincide con la fase definitiva del nuevo Programa de Actuación de Zonas Vulnerables por Nitratos que prepara la Comunidad Autónoma. El documento, tanto en su versión general como en la específica para el Campo de Cartagena, encara sus últimos ajustes después de varios meses de trabajo con organizaciones agrarias, entidades sociales y administraciones.

El texto ha incorporado alrededor del 40% de las alegaciones recibidas durante la información pública y que las próximas semanas servirán para introducir los últimos cambios posibles antes de su aprobación definitiva. Entre los objetivos: eliminar requisitos que puedan simplificarse, siempre que no respondan a obligaciones fijadas por la legislación estatal o comunitaria.

La intención del Gobierno regional pasa por culminar esa tramitación durante este mes de julio para comunicar al Ministerio, dentro del plazo concedido por la Comisión Europea, que la orden ya ha sido publicada o se encuentra pendiente únicamente de completar los trámites administrativos finales.

Ese calendario adquiere especial importancia porque España dispone hasta comienzos de agosto para acreditar que los programas de actuación exigidos están aprobados. En caso contrario, el procedimiento abierto por la Comisión Europea podría avanzar hacia las sanciones económicas.

Cabe destacar que durante la tramitación del plan, la Consejería, entonces liderada por la exconsejera Sara Rubira, ya introdujo modificaciones destinadas a reducir la burocracia para las explotaciones de menor dimensión, entre ellas una disminución del número de registros obligatorios, nuevas exenciones para determinadas fincas de pequeño tamaño y un incremento de los umbrales que obligan a realizar analíticas de suelo en cultivos de secano.

Esos cambios respondieron, en parte, a las reclamaciones planteadas por el sector agrario, que alertó del impacto económico y administrativo que podía generar el borrador inicial. Paralelamente, organizaciones ecologistas consideran que el documento sigue siendo insuficiente para afrontar la contaminación difusa que afecta al Mar Menor y reclaman mayores restricciones.