EEUU ha deportado a más de 500 personas a terceros países en África como parte de la política migratoria de Trump

Una manifestación en contra de las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / JOHN G. MABANGLO / EFE

Estados Unidos ha enviado a más de 500 inmigrantes a países africanos desde que el presidente del país, Donald Trump, regresó a la Casa Blanca en enero de 2025. La gran mayoría de los deportados son personas sin ninguna conexión con el país de destino y quedan expuestas a nuevas violaciones de derechos humanos, así como al riesgo de ser devueltas a sus países de origen, donde algunas corren peligro de sufrir persecución e incluso la muerte.

La cifra, revelada este jueves en un nuevo informe de Human Rights Watch, pone de relieve unas prácticas cada vez más habituales por parte de la Administración Trump y que se están llevando a cabo sin el consentimiento de las personas afectadas, que en muchos casos ni siquiera saben a dónde se dirigen cuando suben al avión. "Deportar a personas a países en los que nunca han puesto un pie forma parte de una política diseñada para causar sufrimiento humano como medio para disuadir la migración", denuncia Michael García Bochenek, director interino del programa para EEUU de Human Rights Watch.

La organización ha confirmado, a través de entrevistas con algunas de las personas afectadas, el riesgo al que se exponen en los países de destino. Al menos una docena de personas identificadas como LGTBI+ han sido enviadas a países en los que las relaciones homosexuales están prohibidas y perseguidas por la ley. Algunos de ellos habían recibido protección en Estados Unidos ante la posibilidad de sufrir daños en caso de volver a sus países.

El informe recoge el testimonio de un hombre de 35 años, originario de Etiopía, que huyó a Estados Unidos tras ser encarcelado y torturado en su país. La justicia estadounidense le otorgó la "suspensión de expulsión" (withholding of removal), una protección que impide a las autoridades su deportación a Etiopía ante el riesgo de sufrir de nuevo persecución. Aún así, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) le presionaron para que firmara una orden de deportación a Chad. Ante su negativa, asegura, los agentes firmaron el documento por él.

La Administración Trump ha cerrado acuerdos en los últimos meses con más de una treintena de países para enviar a extranjeros que se encuentran en territorio estadounidense, muchos de ellos con procesos de solicitud de asilo abiertos. Unas prácticas que, según algunos funcionarios públicos, están diseñadas para "asustar a la gente" y para actuar como elemento disuasorio para detener la llegada de inmigrantes al país. El presidente estadounidense ha utilizado varios elementos de presión, como la imposición de aranceles o la denegación de visados para alcanzar acuerdos con estos países, la mayoría de ellos africanos.

"Algunos de estos gobiernos africanos no solo son cómplices de los abusos cometidos por Estados Unidos, sino que ellos mismos han violado los derechos humanos de estas personas deportadas, entre otras cosas mediante detenciones arbitrarias y, en algunos casos, devolviéndolas a países de los que habían huido para escapar del peligro", asegura Bochenek. "Estos países no deberían detener a personas sin una base jurídica clara, ni coaccionar ni enviar a nadie a su país de origen ni a otro país en el que corra el riesgo de sufrir persecución, tortura u otros daños graves".

La polémica política de deportaciones de Trump está en manos del Tribunal Supremo, que escuchará nuevos argumentos en diciembre antes de pronunciarse sobre si supone una violación de los derechos constitucionales y de las protecciones de los solicitantes de asilo. Por ahora, el tribunal ha permitido al presidente estadounidense seguir adelante con estas prácticas pese a las protestas de las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos.