América Latina. Bolivia: la injerencia imperialista y la subordinación del Gobierno de Paz

Estados Unidos le quitó la visa al fiscal general de Bolivia Roger Mariaca y 48 horas después el Gobierno de Rodrigo Paz lo detuvo. Es un acto de injerencia imperialista que, como en Venezuela, Ecuador y Colombia, se justifica con la “lucha contra el narcotráfico”. Publicamos a continuación un artículo de La Izquierda Diario Bolivia.

Pity Ezra

Militante de la LOR-CI

El lunes 28 de septiembre el Departamento de Estado de Estados Unidos canceló la visa del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, y de otros doce funcionarios y exfuncionarios bolivianos, a quienes acusó de corrupción y vínculos con el narcotráfico. Dos noches después, policías encapuchados lo detuvieron en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, junto al fiscal departamental Alberto Zeballos, mientras otro grupo allanaba la fiscalía general en Sucre. El propio Ministerio Público calificó el hecho de “secuestro”. El secretario de Estado, Marco Rubio, felicitó al gobierno boliviano por su “liderazgo”, y los quince países del Escudo de las Américas firmaron un comunicado de respaldo.

El gobierno de Trump ordenó a quién había que sacar de la Fiscalía y el gobierno de Rodrigo Paz lo ejecutó en dos días. Denunciarlo no implica defender a Mariaca, que fue una pieza clave de la persecución judicial contra cientos de luchadores durante la rebelión de mayo y junio. Implica rechazar que una potencia extranjera decida quién dirige el Ministerio Público boliviano.

Te puede interesar: Injerencia imperialista y complicidad gubernamental. Detienen a fiscal general y más de una decena de funcionarios para proteger a Cerimedo y al gobierno

Desde que Donald Trump volvió a la presidencia, Estados Unidos interviene de manera abierta en los países de América Latina. En todos los casos usa el mismo argumento: el narcotráfico y el “narcoterrorismo” son una amenaza para Estados Unidos, y por eso su gobierno se atribuye el derecho de actuar en ellos.

En Venezuela, Trump lanzó en 2025 una campaña de bombardeos contra supuestas lanchas del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, que dejó más de 200 muertos sin juicio ni pruebas. Después desplegó buques de guerra frente a las costas venezolanas, impuso un bloqueo aéreo y, el 3 de enero de 2026, bombardeó Caracas y capturó a Nicolás Maduro, a quien acusa de encabezar un cartel, que la propia justicia estadounidense declaró que no existe el denominado “Cártel de los Soles”.

En Ecuador, tropas estadounidenses operan desde el 3 de marzo de 2026 junto a las Fuerzas Armadas del gobierno de Daniel Noboa contra grupos que Washington declaró “terroristas”. Hay militares norteamericanos en la provincia de Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia, y un decreto les permite permanecer 180 días en el país sin visa. Esto ocurre a pesar de que el pueblo ecuatoriano rechazó en el referendo de 2025 la instalación de bases militares extranjeras.

En Colombia, Trump ordenó en enero de 2025 aranceles del 25 % cuando el entonces presidente Gustavo Petro se negó a recibir vuelos militares con deportados, y el gobierno colombiano cedió en pocas horas. En octubre de ese año Trump llamó “narcotraficante” a Petro, cortó la “ayuda” económica y amenazó con aranceles al café y a las flores, productos de los que viven cientos de miles de familias. Estados Unidos compra cerca del 40 % del café colombiano, de modo que la amenaza comercial le sirve para imponer decisiones políticas.

El instrumento con el que Estados Unidos organiza esta política es el Escudo de las Américas, que Trump lanzó el 7 de marzo de 2026 en Miami junto a Javier Milei, Daniel Noboa, Nayib Bukele, José Antonio Kast, Santiago Peña y Rodrigo Paz, entre otros presidentes. Según el propio Trump, el acuerdo consiste en el compromiso de usar “fuerza militar letal” contra los carteles.

El Escudo de las Américas ya actuó en Bolivia antes del caso Mariaca. En junio, cuando campesinos, obreros y maestros salieron a pelear contra el ajuste, los trece gobiernos que entonces lo integraban denunciaron un intento de “derrocar” a Rodrigo Paz financiado con “dinero sucio del narcotráfico”. A este respaldo se sumó el “apoyo logístico” de Marco Rubio para el gobierno. De esa manera, Estados Unidos y sus aliados equipararon la protesta social con el crimen organizado. El Escudo de las Américas es una alianza de gobiernos subordinados a Estados Unidos que le da cobertura política y militar a su intervención en la región.

La detención de Mariaca ocurre cuando empezaban a conocerse los mecanismos de corrupción del gobierno de Rodrigo Paz y sus vínculos con el gobierno de Trump y la extrema derecha del continente. El nexo entre ambos es Fernando Cerimedo, el consultor argentino que trabajó para Javier Milei y Jair Bolsonaro, a quien la prensa llama “el hombre de MAGA” en América Latina.

Cerimedo está preso en la cárcel de Palmasola desde el 18 de agosto. La Fiscalía lo investiga por tentativa de feminicidio contra su expareja, la abogada Nadia Beller, baleada en la puerta de un hotel de Santa Cruz. Beller lo acusó de operar negociados del gobierno y de la familia presidencial, entre otros en el manejo de los combustibles y en la contratación de seguros públicos. La Fiscalía le abrió además investigaciones por lavado de activos y presunta protección a narcotraficantes. La prensa difundió una foto en la que Cerimedo aparece junto a Paz y al canciller en una reunión oficial con Marco Rubio. Beller publicó una foto en la que aparece incluso con el hijo de Donald Trump.

Mariaca era quien dirigía esas investigaciones. Estados Unidos lo acusa de recibir sobornos para facilitar el narcotráfico, y un video lo vincula con el narcotraficante Sebastián Marset. La acusación puede ser cierta, porque el narcotráfico no funciona al margen del Estado boliviano: es inherente a él y necesita de la complicidad de fiscales, jueces, policías y políticos. Algunas investigaciones remontan esa complicidad a la dictadura de Hugo Banzer, tuvo su expresión más abierta en la narcodictadura de García Meza y atraviesa a los partidos que gobernaron el país antes del MAS y del gobierno actual. En los años noventa estalló el escándalo de los narcovínculos del MIR: Óscar Eid Franco, mano derecha de Jaime Paz Zamora, fue condenado a cuatro años de prisión por sus relaciones con la banda del narcotraficante Isaac “Oso” Chavarría, y Estados Unidos le retiró la visa al propio Paz Zamora, padre del actual presidente. La operación ordenada desde Washington no apunta a terminar con esa complicidad. Su resultado concreto es apartar al fiscal que tenía a su cargo la investigación que más compromete a Paz, a Trump y a la extrema derecha de la región.

La injerencia en la justicia, el estado de excepción y el endeudamiento responden al mismo plan. Estados Unidos interviene en Bolivia para garantizar el ajuste y el saqueo de los recursos del país, y el gobierno de Paz ejecuta esas decisiones.