La letra chica del RIGI: resigna casi u$s8.500 millones en recaudación de impuestos
Hasta el momento, las inversiones suman u$s50.000 millones. En los proyectos ya aprobados, las empresas se comprometieron a crear 108.000 empleos.
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Con el boom de importaciones, el avance del comercio ilícito y el contrabando pareciera haber alcanzado un punto crítico en 2026, una problemática que lleva destruidos más de 10.000 puestos de trabajo en Argentina.
Luego de cerrar 2025 con un costo fiscal estimado en U$S 2.300 millones, equivalente al 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB), las nuevas proyecciones advierten que las pérdidas de recaudación para el Estado alcanzarán este año casi U$S 3.000 millones a manos del mercado ilegal.
Además de debilitar los ingresos tributarios por la falta de cobro de aranceles, IVA e impuestos internos, el fenómeno golpea directamente al mercado laboral registrado. Según datos de la consultora MAP a los que accedió este medio, la destrucción de empleo en los sectores productivos afectados asciende a casi 12.000 puestos de trabajo formales, publicó El Destape.
El informe analizó la problemática en 15 sectores productivos expuestos tanto al contrabando directo como a la subfacturación. Entre los rubros con mayor nivel de afectación destacan: perfumes árabes; celulares (uno de los rubros con mayor volumen de fuga de divisas); juguetes; marroquinería; textiles e indumentaria; televisores y pequeños electrodomésticos; calzado (no deportivo y deportivo), línea blanca; insumos agrícolas (agroquímicos); alimentos y bebidas (yerba mate y bebidas espirituosas); cigarrillos y tabaco (históricamente uno de los sectores con mayor pérdida de recaudación); y neumáticos.
Para tomar dimensión, la erosión de ingresos provocada por esta competencia desleal representa una masa de recursos que permitiría financiar la construcción de 3.800 escuelas, 80 hospitales de alta complejidad o 1.900 kilómetros de rutas nacionales. En términos de la estructura tributaria del país, la fuga de fondos equivale a cerca del 45% de lo recaudado por retenciones a las exportaciones o al 25% del impuesto a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque).
En diálogo con El Destape, el director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de la CAME, Fabián Hryniewicz, advirtió que según las estimaciones que maneja la entidad a través de las distintas vías del contrabando, la informalidad alcanza hoy a más del 50% del mercado. El directivo explicó que al ponderar rubros como telefonía celular, otros productos electrónicos e "incluso categorías sensibles como los medicamentos", se llega con facilidad a esa cifra.
Hryniewicz precisó que un 45% se explica a través del contrabando tradicional y las ventas en el mercado negro sin emisión de facturas ni declaración. En ese sentido, puntualizó que se trata de mercadería que "ingresa en contenedores de importaciones legales pero que se introduce como carga no declarada, lo que constituye lisa y llanamente contrabando".
El medio se contactó con fuentes de la Aduana para que expresen alguna opinión al respecto, pero las mismas desistieron de esta posibilidad.
Uno de los casos más relevantes es que el contrabando de celulares ganó terreno hasta representar cerca del 35% de las ventas anuales, según estimaciones sectoriales. Esto significa que aproximadamente uno de cada tres equipos comercializados ingresa por fuera del circuito formal. El negocio se sostiene sobre una combinación de precios más bajos, demanda de los consumidores, rutas de ingreso desde países vecinos y una cadena de distribución que alcanza a comercios y plataformas digitales.
El circuito comienza principalmente con la adquisición de los equipos en Paraguay. Desde allí, la mercadería ingresa a la Argentina por pasos no autorizados y luego es trasladada por distintas rutas hacia los grandes centros urbanos.
Según consignó El Destape, una de las principales vías de ingreso se encuentra en el noreste argentino, particularmente en la zona de la Triple Frontera. Desde Misiones, los celulares son transportados hacia otras provincias y posteriormente distribuidos en ciudades con una fuerte actividad comercial, entre ellas Rosario y distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Las fronteras norte y este son permeables y a través de Paraguay y Uruguay (por Gualeguaychú), Los celulares pasan en vehículos sin control aduanero ni de las fuerzas de seguridad y circulan miles de kilómetros a través de las provincias de Corrientes y Entre Rios sin que las autoridades dispongan de ningún control.
La operatoria incluye cruces fluviales y terrestres, además de diferentes métodos para ocultar la mercadería, como vehículos con compartimentos especiales, personas que trasladan equipos entre su ropa y camiones con dobles fondos. La escala permite que el negocio no quede limitado a las ciudades fronterizas. Una vez que los equipos ingresan al país, se incorporan a una red de distribución que los lleva hacia distintos mercados provinciales.
El diario porteño indicó que uno de los principales motores del mercado ilegal es la diferencia entre el precio de los equipos comercializados por canales formales y aquellos ofrecidos en el circuito informal. La brecha se ubica entre el 30% y el 35%, aunque puede llegar al 40% en determinados modelos de alta gama.
La directora ejecutiva de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica, Ana Vainman, enfatizó que el sector de la electrónica "sufre el contrabando de primera persona", y remarcó que también se detecta un alto grado de "subfacturación en otros productos" como "televisores y aires acondiconados".
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