La letra chica del RIGI: resigna casi u$s8.500 millones en recaudación de impuestos

El número final asombra por su impacto en las cuentas oficiales: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) implica que el Estado resigna en total unos u$s8.493 millones en impuestos para incentivar la llegada de los proyectos de inversión.

Es el beneficio que el Gobierno les otorgó a las empresas de distintos sectores -pero sobre todo del sector de la energía-, con tal de asegurarse la concreción de esas iniciativas y el arribo de las inversiones en dólares.

De ese monto, u$s6.849 millones corresponden a impuestos que deja de percibir la Nación y otros u$s1.644 millones impactan sobre las provincias receptoras de las inversiones.

Es, en otras palabras, el costo tributario de una de las principales apuestas del Gobierno para atraer capitales a la Argentina.

Las conclusiones del impacto tributario forma parte de una investigación minuciosa de la consultora Eco Go.

El RIGI fue diseñado para modificar la ecuación económica de proyectos de gran escala mediante una combinación de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios.

A cambio de esas ventajas, las empresas comprometen inversiones de magnitud en sectores considerados estratégicos, principalmente energía, minería, infraestructura e industria.

La pregunta que aparece detrás de los anuncios de inversión es, entonces, cuánto resignan los distintos niveles del Estado para conseguir que esos proyectos se hagan.

Al 9 de septiembre de 2026, el RIGI ya tenía 23 proyectos aprobados por u$s49.766 millones de inversiones anunciadas. La consultora toma como base exclusivamente aquellas iniciativas que ya cuentan con una resolución publicada en el Boletín Oficial.

Existe una segunda cartera: otros 23 proyectos que el Ministerio de Economía informa en evaluación, por u$s153.709 millones. Si todos ellos fueran finalmente aprobados, el universo potencial llegaría a 46 proyectos y u$s203.475 millones de inversiones anunciadas.

El concepto central para entender esta cuenta es el renglón del "gasto tributario". No significa que el Gobierno tenga que girarles dinero a las empresas. Es, en cambio, la diferencia entre lo que recaudaría el Estado si esos proyectos tributaran bajo las reglas generales y lo que efectivamente recauda con el RIGI.

La estimación de Eco Go para los proyectos aprobados arroja un costo tributario en valor presente de u$s6.849 millones para la Nación. A ese monto se agregan u$s1.644 millones correspondientes a las provincias, con lo que la renuncia fiscal total asciende a u$s8.493 millones.

La cuenta es importante porque permite dimensionar el verdadero intercambio que propone el régimen de inversiones: el Estado resigna parte de su recaudación a cambio de mejorar la rentabilidad de proyectos que, por su tamaño y horizonte de maduración, podrían no concretarse sin esos incentivos.

En el cálculo nacional, Eco Go estima un costo tributario anual de referencia de u$s932 millones para los proyectos aprobados. Si se incorporara toda la cartera que está actualmente bajo evaluación, pero todavía no oficializados, ese número subiría hasta u$s3.811 millones anuales.

Pero tampoco hay que interpretar esos u$s932 millones como la pérdida de caja que tendrá el Tesoro en 2026. Es una escala operativa: cuánto costaría el paquete en un año en el que todos los proyectos estuvieran funcionando y a precios actuales.