A finales del siglo XIX, Argentina fue el granero del mundo. Nuestros campos producían 10 millones de toneladas por año en 1920, en un territorio de 2.780.000 kilómetros cuadrados. Era una base privilegiada para avanzar hacia un desarrollo sostenible, con un horizonte de pleno empleo y pobreza cero.
Claro que esta idea contrastaba con los planes de la masonería, que no habría permitido que, desde el Río de la Plata hasta el Río Grande, dos naciones dominaran el subcontinente. Eso sucedería si Brasil y Argentina tomaban la ruta de la integración latinoamericana y avanzaban hacia un modelo proteccionista y agroindustrial. Por eso era importante impedir esa alianza mediante un conflicto permanente entre el campo y la industria, la imposición de una economía de libre mercado, la libre navegación de los ríos y la división entre ambas naciones.
Históricamente, la lógica de los gobiernos argentinos durante los primeros años de la organización nacional, a partir de 1853, fue fomentar la inmigración —capital humano—, promover las inversiones —capital dinerario— y adherir al capital ideológico del individualismo y el libre cambio.
Sin embargo, no advirtieron que este último era un remedio prescripto para los países desarrollados y contraindicado para un país todavía débil, como los surgidos de las excolonias. Estas naciones requerían buenas administraciones para el conjunto de la población, educación, sentido nacional y ahorro; gobiernos fuertes y legislaciones apropiadas a las condiciones de su edad y grado de desarrollo; además de una economía orientada al crecimiento, que pudiera dejarse volar cuando tuviera alas y no fuera devorada por los buitres.
El ahorro sería la base del desarrollo, en nuestro caso, del campo y de la incipiente industria. Desde luego, la promoción de la radicación de empresas y capitales de otros países, así como su asociación con emprendimientos locales, con los capitales de la tierra y con el ahorro de los argentinos, operaba y opera como un buen fertilizante.
Nuestro país, con muchos más recursos naturales, después de 200 años todavía está en vías de desarrollo. El 50% de su población se encuentra bajo la línea de pobreza o es pobre, y la Argentina continúa como un país en vías de crecimiento.
Padece una economía embrollada, con una deuda externa de USD 327.855 millones, lo que representa el 44,9% del PBI. Tiene una pequeña y mediana industria muy extendida, pero que cae periódicamente en graves crisis a causa de las políticas contradictorias de los diversos partidos de gobierno.
Pese a la magnitud y abundancia de sus recursos naturales —petróleo, litio, oro, plata y muchos otros minerales—, algunas inversiones son atraídas por las facilidades otorgadas al extractivismo, prohibido en países desarrollados como Canadá o Estados Unidos.
Desde el punto de vista social, en la Argentina actual hay un 34,6% de pobres, mientras que la indigencia alcanza el 6,5%, con un nivel general de pobreza que se ubica entre el 30% y el 32,3%, debido a la pérdida de poder adquisitivo, el incremento de la informalidad laboral, el aumento del coeficiente de Gini y las subas de tarifas y servicios, según informa el Observatorio de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Asimismo, la entidad desmiente que exista un descenso de la pobreza y sostiene que el Gobierno sobrerrepresenta esa mejora, diferencia que atribuye a razones técnicas en la medición del problema.
Países con territorios más de siete veces inferiores al nuestro, población pobre y geografías montañosas, como Suiza, Japón y, más recientemente, Corea del Sur, pasaron a ser potencias económicas y centros financieros mundiales.
Al volver a la evolución productiva y a la realidad, expertos en minería del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) explican, desde un enfoque técnico y científico, cientos de ejemplos factibles que fueron abortados en nuestro país porque los intereses privados prevalecieron y prevalecen sobre el interés general. Finalmente, se impone la voluntad de las multinacionales, como Barrick Gold.
La historia se repite, como hemos expuesto en esta columna en el caso del litio. Se descubrieron grandes reservas en Jujuy, Catamarca y Salta que, junto con las de los países hermanos de Bolivia y Chile, serían capaces de producir baterías de litio, si no para todo el mundo, al menos para varias terminales de automóviles eléctricos.
Es una larga historia de divisiones y dependencia, ya explicada en el siglo pasado por Manuel Baldomero Ugarte, Raúl Scalabrini Ortiz, José María Rosa y Adolfo Silenzi de Stagni. Los argentinos importaremos los autos fabricados en Asia o Europa, con baterías que incorporan el valor agregado de la mano de obra china o europea, mientras el litio extraído de Jujuy se obtiene por chirolas. Eso sí: habrá un puñado de nuevos ricos en las provincias, como los hay con el oro de San Juan.
El campo es orgullo nacional. También es vergüenza por la incapacidad de organización: las grandes organizaciones del agro argentino debieron ocuparse de la concentración y comercialización de sus productos agrícola-ganaderos, pero cedieron esa función a las multinacionales o grandes cerealeras, que aprovecharon las reglas del libre mercado.