Buenos Aires rebelde: la revolución porteña contra Urquiza, la pelea para no perder privilegios y un país que se partió al medio

Fue el manotazo de Buenos Aires para recuperar el poder que sentía se le iba de las manos, ante el poder que concentraba el hombre del momento, Justo José de Urquiza, quien había vencido a Juan Manuel de Rosas en Caseros el 3 de febrero de 1852.

Esa suerte de nacionalismo de Buenos Aires se proponía funcionar como una cuña en el plan institucional impuesto por el caudillo entrerriano, quien ya se había anotado un poroto con la celebración del Acuerdo de San Nicolás, suscripto el 31 de mayo de ese año.

El desafío era grande: reunir en un mismo recinto a federales, algunos de ellos rosistas, con unitarios que sufrieron la persecución de los primeros; liberales sentados junto a conservadores; librecambistas debatiendo con proteccionistas y religiosos con laicos enfrente. Una gran melange que debía ponerse de acuerdo nada más ni nada menos que con la sanción de una constitución.

Se intuía que el principal obstáculo de un congreso constituyente serían los porteños, que pretendían mantener su histórica hegemonía y especialmente los beneficios producidos por la aduana.

El 6 de abril Urquiza organizó en Palermo, antiguo baluarte rosista, una reunión de la que participaron el gobernador de Buenos Aires, el general Virasoro de Corrientes y jefe de su estado mayor Manuel Leiva, delegado de Santa Fe y que además era su secretario privado. Ellos delegaron en su figura la dirección de las relaciones exteriores. Así se estableció en lo que se conoció como el “Protocolo de Palermo”. El objeto de la reunión fue “formar el preliminar de la constitución nacional”.

Desde marzo algunos políticos instaban a Urquiza a firmar el decreto de la capitalización de Buenos Aires, sancionada por el Congreso de 1826, además de concretar una reunión del congreso y organización del gobierno provisional, pero no obtuvieron entonces consenso. El otro, de Valentín Alsina, que logró un amplio apoyo, era que en esa reunión se estableciese dónde, cuándo y cómo se reuniría el Congreso Constituyente que nos daría una Carta Magna.

Urquiza encomendó a Bernardo de Irigoyen quien, conocedor del interior, que visitase a cada uno de los gobernadores para acordar las medidas para mantener el orden, sostener la legitimidad de sus gobiernos y para que colaborasen en la organización nacional, en base al sistema representativo federal.

Tuvo éxito. La mayoría de los gobernadores acudieron a la cita en San Nicolás de los Arroyos, donde suscribieron un acuerdo el 31 de mayo de 1852. En sus 19 artículos, más uno adicional, se declaró al Pacto Federal del 4 de enero de 1831 como ley fundamental de la República; también la convocatoria a un congreso general constituyente a realizarse en San Fe y la organización de la elección de dos diputados por provincia. Ese congreso general debería dictar una constitución nacional. Hasta entonces, se dispuso que Urquiza fuera Director Provisorio de la Confederación Argentina y encargado de las relaciones exteriores.

Cuando Juan B. Alberdi, que por entonces vivía en Chile, se enteró del acuerdo, le envió el 30 de mayo una copia de su trabajo “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, que había escrito en pocas semanas. El tucumano le propuso a quien “ha sabido restablecer la libertad de la patria”, trabajar por la sanción de una constitución.

El contraste de la alegría de San Nicolás era la ciudad de Buenos Aires. “Se ha creado una dictadura irresponsable, que le permitirá al vencedor del tirano (Rosas) actuar con todo discrecionalismo, además de que los poderes que le otorgan lesionan y humillan la autonomía bonaerense”, denunciaron.

El 21 de junio, la legislatura porteña rechazó en pleno que todas las provincias tuviesen el mismo número de representantes, que le impedía imponer su posición y se opuso al nombramiento de Urquiza. También se opuso al punto que indicaba que cada provincia debía aportar para el mantenimiento del gobierno un porcentaje de lo recaudado en su comercio exterior. Argumentaron que el gobernador Vicente López y Planes, que había sido nombrado por Urquiza el 4 de febrero, había asistido a San Nicolás sin la autorización de la legislatura.

El cuerpo rechazó el acuerdo, y López y Planes renunció. Entusiasmados, los porteños entregaron la gobernación al presidente de la legislatura, Manuel Guillermo Pinto. La alegría les duró un día cuando el entrerriano les informó que haría cumplir con la primera de sus obligaciones, que es “salvar la Patria de la demagogia, después de haberla libertado de la tiranía”. El Director Provisorio asumió el mando de la provincia, cerró la legislatura y repuso a López, quien terminaría renunciando en julio.

Ante este panorama, los porteños decidieron no permanecer con los brazos cruzados ante lo que consideraban un avasallamiento de su autonomía.

A mediados de junio de 1852 en Buenos Aires comenzaron los preparativos militares para apoyar a la rebelde sala de representantes que había votado en contra de lo firmado en San Nicolás. Se reunió armamento, se compró munición, y se coordinó a grupos de individuos que debían levantar barricadas y fosos, para defender a la ciudad.

Se le ofreció la dirección del movimiento al general José María Paz, radicado en Montevideo, y varios jefes de la guardia nacional habían decidido plegarse.