La Unión Europea sigue avanzando en la negociación de su futuro 'Schengen militar', el nuevo marco con el que pretende agilizar el movimiento de tropas, vehículos, armamento y material militar por Europa cuando una crisis exija despliegues rápidos o a gran escala.
Sin embargo, las instituciones comunitarias todavía no han conseguido alcanzar un acuerdo sobre algunas de las cuestiones fundamentales del Reglamento.
La última negociación política, celebrada el pasado 20 de octubre entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, permitió acercar posiciones sobre varios aspectos de la normativa, incluida la participación de Ucrania y Moldavia.
Pero continúa sin resolverse una de las principales discrepancias: quién podrá activar el mecanismo extraordinario de emergencia y bajo qué condiciones.
Y, mientras ambas instituciones intentan cerrar sus diferencias, el Grupo de Movilidad Militar del Consejo de la UE mantiene este viernes 23 de octubre una nueva reunión técnica en Bruselas.
Según adelantó ESTRELLA DIGITAL el pasado 24 de septiembre, una de las principales novedades del futuro Reglamento será el Sistema Europeo de Respuesta Reforzada para la Movilidad Militar (EMMERS, por sus siglas en inglés).
Se trata de un mecanismo extraordinario concebido para acelerar las autorizaciones y conceder prioridad al transporte militar cuando los procedimientos habituales resulten insuficientes ante una crisis. Pero su activación continúa enfrentando al Parlamento Europeo y al Consejo.
La posición negociadora del Consejo, aprobada el 17 de junio, contempla que el Consejo pueda poner en marcha este sistema en un máximo de 72 horas, a petición de uno o varios países y con o sin una propuesta previa de la Comisión Europea. Sin embargo, ese planteamiento todavía no ha conseguido el respaldo necesario para incorporarse al texto definitivo.
De hecho, tras la negociación del 20 de octubre, el eurodiputado letón Roberts Zīle, uno de los ponentes del Reglamento, confirmó que las diferencias sobre el mecanismo de emergencia tendrán que resolverse en la próxima reunión política, prevista para el 9 de diciembre. Hasta entonces continuarán los encuentros técnicos para intentar acercar posiciones.
Pero las diferencias entre las instituciones comunitarias no se limitan al sistema de emergencia. Otro de los asuntos pendientes está relacionado con los controles que deberán superar las tropas y los convoyes militares cuando atraviesen distintos Estados miembros.
La propuesta de la Comisión Europea contempla que los controles se concentren en el primer país del itinerario, con el objetivo de evitar interrupciones durante el desplazamiento. Sin embargo, el Consejo quiere preservar la posibilidad de que otros Estados puedan efectuar comprobaciones a lo largo del recorrido.
Esta discrepancia afecta directamente a uno de los objetivos fundamentales del futuro 'Schengen militar': reducir los obstáculos administrativos que actualmente dificultan el movimiento de personal y material militar entre países europeos, sin eliminar las competencias de los Estados miembros sobre su propio territorio.
Además, la negociación del 20 de octubre dejó pendientes otras cuestiones, como el desarrollo del sistema digital de intercambio de información que deberá facilitar la tramitación de permisos para el transporte militar. Tampoco se ha cerrado definitivamente el régimen aplicable a determinadas infraestructuras y operadores civiles que participen en esos desplazamientos.
Pese a estas discrepancias, las reuniones celebradas desde septiembre han permitido acercar posiciones en otros apartados del Reglamento.
Uno de ellos es la participación de Ucrania y Moldavia en los mecanismos de movilidad militar. Durante el encuentro político del 20 de octubre, ambas instituciones registraron avances sobre la incorporación de estos países a los instrumentos de cooperación previstos en la normativa, aunque todavía no existe un acuerdo global sobre el texto.