El Ibex 35 recorta bajo los 19.400 puntos con las caídas de Indra y las siderúrgicas

Aumentó la producción, empleos y las exportaciones situándose en U$1,359 millones de dólares, 19 millones más que el año anterior.

Análisis económico del DS 5636 y propuestas para la estabilización de Bolivia 1. Resumen didáctico del DS 5636 Principales alcances del Estado de Excepción El Decreto Supremo N° 5636 declara Estado de Excepción por conmoción interna en todo el territorio nacional por un período de 90 días, argumentando que los bloqueos de carreteras, hechos de violencia y afectación al abastecimiento de bienes esenciales constituyen una amenaza al orden público y a la estabilidad del Estado. Entre sus principales medidas, dispone el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Boliviana, la protección de infraestructura crítica y rutas estratégicas, la prohibición de bloqueos y restricciones temporales a la circulación y reuniones públicas. Asimismo, establece mecanismos para garantizar el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos e insumos esenciales, manteniendo formalmente las garantías constitucionales, el debido proceso y el derecho a la información. Alcances económicos y objetivos del decreto Desde una perspectiva económica, el DS 5636 busca reducir las pérdidas acumuladas por aproximadamente 51 días de conflictos sociales que habrían generado daños cercanos a los $us. 3.000 millones, equivalentes a alrededor del 5% del PIB de 2025. El decreto intenta restablecer la libre circulación, proteger las cadenas logísticas y evitar mayores interrupciones en la producción y el comercio exterior. También faculta medidas extraordinarias sobre infraestructura estratégica y servicios financieros en determinadas zonas de intervención. En términos prácticos, el éxito económico del Estado de Excepción dependerá de que logre reducir la conflictividad, restablecer el abastecimiento y recuperar la confianza de consumidores, empresarios e inversionistas, evitando al mismo tiempo generar mayores incertidumbres institucionales. desbloqueo.lp_.jpg 2. Aspectos positivos y negativos económicos del Estado de Excepción Aspectos positivos Desde una perspectiva económica, el Estado de Excepción podría generar tres beneficios importantes. 1. Restablecer la libre circulación y las cadenas logísticas, permitiendo el transporte de combustibles, alimentos, medicamentos y mercancías. 2. Reducir las pérdidas económicas futuras, evitando que los bloqueos continúen afectando exportaciones, producción y comercio, en un contexto donde el daño acumulado nos podría lleva a una recesión cercana al 3%. 3. Mejorar parcialmente las expectativas de los mercados, ya que la recuperación del orden público puede contribuir a estabilizar el riesgo país, disminuir la incertidumbre empresarial y facilitar la reactivación gradual de las inversiones y del comercio interno. Estos beneficios dependerán de que las medidas sean temporales, proporcionales y acompañadas de soluciones políticas y económicas de largo plazo. Aspectos negativos Sin embargo, el Estado de Excepción también presenta riesgos económicos importantes. 1. Mayor incertidumbre para la inversión privada, ya que medidas extraordinarias pueden ser interpretadas por algunos agentes económicos como un incremento del riesgo institucional. 2. Posibles afectaciones temporales a determinadas actividades económicas, especialmente aquellas relacionadas con restricciones de circulación, reuniones o funcionamiento de servicios en zonas específicas. 3. Incremento del gasto público, debido al despliegue operativo de fuerzas de seguridad y recursos extraordinarios del Estado, en un contexto donde Bolivia ya enfrenta un déficit fiscal del 12,2% del PIB y elevados niveles de endeudamiento público. Si el Estado de Excepción se prolonga sin una estrategia económica integral, los costos podrían superar parte de los beneficios esperados. 3. Seis medidas para un Plan de Estabilización Económica Nacional 1. Programa extraordinario de recuperación productiva El Gobierno debería implementar un programa especial de recuperación dirigido a los sectores más afectados, incluyendo agroindustria, minería, transporte, comercio, turismo, gastronomía industria manufacturera, otros. Este programa podría contemplar créditos blandos, refinanciamiento de obligaciones financieras y facilidades tributarias temporales para preservar empresas y empleos. El objetivo sería recuperar el capital de trabajo perdido durante casi dos meses de conflictos y evitar cierres permanentes de unidades productivas. La prioridad debería concentrarse en pequeñas y medianas empresas, que suelen tener menor capacidad financiera para enfrentar crisis prolongadas. 2. Plan nacional de normalización logística y abastecimiento La recuperación económica requiere restablecer rápidamente las cadenas de suministro. Para ello, el Gobierno debería coordinar con sectores productivos, gobiernos subnacionales y transportistas un plan especial para garantizar el abastecimiento de combustibles, alimentos, medicamentos e insumos industriales. Reducir los cuellos de botella logísticos permitirá disminuir las presiones inflacionarias y recuperar la actividad comercial. Asimismo, será necesario acelerar los procesos aduaneros y facilitar las operaciones de exportación e importación que fueron retrasadas durante los bloqueos. 3. Programa de estabilización cambiaria y fortalecimiento de reservas La limitada disponibilidad de divisas constituye uno de los principales desafíos macroeconómicos del país. Resulta necesario incentivar las exportaciones (sector duramente golpeado), atraer inversiones extranjeras (desahuciadas por los conflictos) y promover mecanismos que incrementen el ingreso de dólares a la economía. Paralelamente, deben fortalecerse las reservas internacionales mediante una gestión prudente de los recursos externos y una política fiscal responsable. Una mayor disponibilidad de divisas contribuiría a reducir las presiones cambiarias e inflacionarias y mejorar la confianza de los mercados. 4. Plan de inversión pública de rápida ejecución Una medida efectiva para apoyar la recuperación consiste en acelerar proyectos de infraestructura y mantenimiento con alta capacidad de generación de empleo. Obras en caminos, sistemas de riego, infraestructura urbana y proyectos productivos pueden dinamizar la economía local y regional. Este tipo de inversiones tiene efectos multiplicadores sobre el empleo, la demanda interna y el crecimiento económico. Sin embargo, deben priorizarse proyectos con alta rentabilidad social y financiera para evitar mayores presiones sobre las cuentas fiscales. 5. Acuerdo nacional para la estabilidad económica y social La experiencia internacional demuestra que las crisis prolongadas afectan significativamente la confianza económica. Por ello, el Gobierno debería promover un acuerdo nacional entre sectores productivos, trabajadores, gobiernos subnacionales y organizaciones sociales para reducir la conflictividad y garantizar la libre circulación económica. Este acuerdo podría establecer mecanismos permanentes de diálogo y prevención de conflictos, fortaleciendo la estabilidad institucional. La previsibilidad es un elemento fundamental para recuperar inversiones y promover el crecimiento. No serviría de nada que se levanten los bloqueos hoy si en el resto del 2026 se vuelven a repetir. 6. Programa integral de consolidación fiscal y apoyo social La estabilización económica requiere equilibrar sostenibilidad fiscal y protección social. Se debería avanzar gradualmente hacia una reducción del déficit fiscal mediante mejoras en la eficiencia del gasto público y fortalecimiento de la administración tributaria, evitando afectar la inversión productiva. Paralelamente, sería recomendable mantener programas focalizados de apoyo a las familias y sectores más vulnerables afectados por la inflación y la desaceleración económica. Un ajuste ordenado y gradual contribuiría a mejorar la confianza de inversionistas y organismos internacionales sin profundizar la recesión. Conclusión Desde una perspectiva técnica y objetiva, el DS 5636 constituye una respuesta institucional frente a una situación de conmoción interna que ha tenido importantes repercusiones económicas y sociales. Su efectividad dependerá no solo de restablecer el orden público y la libre circulación, sino también de complementarse con un amplio programa de recuperación económica, estabilización macroeconómica y diálogo político. La evidencia económica muestra que las medidas de seguridad pueden contener los daños inmediatos, pero la recuperación sostenible de la economía boliviana requerirá reconstruir la confianza, fortalecer las instituciones y generar condiciones favorables para la producción, el empleo y la inversión. El rol de los gobiernos subnacionales y las perspectivas de recuperación económica de Bolivia 4. ¿Cómo podrían apoyar las alcaldías y gobernaciones al proceso de reconstrucción económica? El papel de los gobiernos subnacionales en la recuperación Las alcaldías y gobernaciones pueden desempeñar un papel importante en la recuperación económica, especialmente porque son las instituciones públicas más cercanas a la población y a los sectores productivos locales. En el marco de un Estado de Excepción, podrían acelerar la ejecución de proyectos de inversión pública ya presupuestados, priorizar el mantenimiento vial, mejorar mercados y centros de abastecimiento, fortalecer la infraestructura productiva y apoyar a pequeños productores y emprendedores. Asimismo, pueden coordinar con el Gobierno central programas de empleo temporal y recuperación económica regional. Estas acciones contribuirían a dinamizar las economías locales y reducir parte de las pérdidas ocasionadas por casi dos meses de conflictos. Además, los gobiernos subnacionales podrían implementar incentivos tributarios (diferimiento de pagos) temporales dentro de sus competencias, facilitar trámites administrativos, promover ferias comerciales y fortalecer programas de apoyo a micro y pequeñas empresas. También podrían priorizar compras estatales a productores locales, apoyar el turismo interno y ejecutar programas de seguridad alimentaria. La coordinación entre alcaldías, gobernaciones y el nivel central del Estado será fundamental para evitar duplicidad de esfuerzos y optimizar los recursos disponibles. La recuperación económica será más rápida si las políticas nacionales y regionales actúan de manera complementaria y coordinada. ¿Es muy difícil dada su situación financiera? La realidad fiscal de alcaldías y gobernaciones representa uno de los principales desafíos para este proceso de reconstrucción. Durante los últimos años, la reducción de ingresos por hidrocarburos, el incremento de gastos corrientes y las limitaciones presupuestarias han reducido significativamente su capacidad de inversión pública. Muchas entidades territoriales enfrentan problemas de liquidez, proyectos paralizados y elevados compromisos financieros. En consecuencia, su margen de acción es limitado y dependerá en gran medida de la disponibilidad de transferencias nacionales, financiamiento externo y una adecuada priorización del gasto público. En términos prácticos, los gobiernos subnacionales pueden apoyar la recuperación económica, pero difícilmente podrán liderarla sin una estrategia nacional integral y sin mecanismos extraordinarios de financiamiento y coordinación institucional. 5. Conclusión general Balance económico y perspectivas para Bolivia Desde una perspectiva económica, financiera e institucional, los 51 días de bloqueos y movilizaciones representan uno de los episodios de mayor impacto sobre la economía boliviana en los últimos años. Las pérdidas estimadas cercanas a los $us. 3.000 millones, equivalentes aproximadamente al 5% del PIB de 2025, se suman a un contexto caracterizado por elevado déficit fiscal, alta deuda pública, escasez de divisas y una economía que ya mostraba señales de una dura desaceleración. El DS 5636 busca restablecer el orden público y reducir los costos económicos derivados de la conflictividad, pero su éxito dependerá de su capacidad para garantizar la libre circulación y el abastecimiento sin afectar los principios constitucionales y la confianza económica. La recuperación de sectores como agroindustria, minería, transporte, comercio y turismo requerirá varios meses, mientras que la reconstrucción de la confianza empresarial y de los mercados internacionales podría extenderse durante uno o dos años. Por ello, el restablecimiento de la estabilidad política, el diálogo institucional y la implementación de políticas económicas responsables serán factores determinantes para que Bolivia retome una senda gradual de crecimiento y estabilidad. Mensaje final Una oportunidad para reconstruir la confianza Toda crisis económica deja costos importantes, pero también oportunidades para realizar cambios y fortalecer las instituciones. Bolivia enfrenta el desafío de recuperar la producción, el empleo y la inversión después de casi dos meses de conflictos que afectaron significativamente a la población y a los sectores productivos. La experiencia demuestra que ninguna economía puede crecer de manera sostenida sin estabilidad política, seguridad jurídica y libre circulación de bienes y personas. Más allá de las diferencias políticas y sociales, el principal objetivo debe ser proteger el bienestar de la población, preservar el aparato productivo y reconstruir la confianza nacional e internacional. La recuperación económica será un proceso gradual, pero con diálogo, responsabilidad fiscal y políticas orientadas a la producción y la inversión, es posible reducir los efectos de la crisis y sentar las bases para una mayor estabilidad y desarrollo en los próximos años. Evaluación técnica final del análisis Considerando los antecedentes económicos expuestos, el contenido del DS N° 5636 y el contexto de los 51 días de conflictividad, se puede concluir que el principal riesgo para Bolivia no es únicamente la pérdida económica inmediata cercana a los $us. 3.000 millones, sino el impacto acumulativo sobre las expectativas de inversión, la estabilidad macroeconómica y la credibilidad institucional. En una economía con reservas internacionales de limitada liquidez, un déficit fiscal superior al 12% del PIB, una deuda pública cercana al 90% del PIB y una proyección de contracción económica para 2026, prolongar la incertidumbre podría generar efectos persistentes sobre el crecimiento, el empleo y la pobreza. Desde una perspectiva objetiva, el Estado de Excepción puede contribuir a contener los daños inmediatos si logra restablecer la transitabilidad y el abastecimiento; sin embargo, la recuperación sostenible dependerá de un programa integral de estabilización económica, fortalecimiento institucional y construcción de consensos políticos y sociales que permitan reducir la conflictividad estructural y recuperar gradualmente la confianza de la población y de los mercados nacionales e internacionales. //