Mientras algunos economistas y juristas señalan que la nueva Ley de Hidrocarburos y su recién publicado reglamento mantienen limitaciones desalentadoras a la inversión en el sector de petróleo y gas, en la acera de enfrente otros expertos, como el economista Carlos Mendoza Potellá, piensan lo contrario.
“Esa ley es anticonstitucional”, dice Mendoza Potellá en entrevista con El Nacional.
Este profesor universitario, reconocido desde hace décadas como acucioso economista petrolero, experto en geopolítica del petróleo y asesor del Banco Central de Venezuela (BCV), exembajador en Rusia y en Arabia Saudita, alguna vez fue asistente del mismísimo Juan Pablo Pérez Alfonzo, el fundador de la OPEP. Hoy encabeza un movimiento que recurrió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a demandar la nulidad de la Ley de Hidrocarburos aprobada por el interinato de Delcy Rodríguez.
—¿En un gobierno legítimo podría ser abolido, reformado, cuestionado este reglamento y la propia ley?
—Absolutamente, simplemente apelando a la Constitución. La Constitución no ha sido derogada. Y ahí están los artículos que son violados por esta ley y mucho más por este reglamento. El reglamento es todavía una manifestación de más blandenguería, si se quiere, de más imposición a negociar.
“Esta es una legislación sobre la base de la debilidad”, afirma el economista. Observa que por ejemplo el abogado de la República, la Procuraduría General de la Nación, ha sido totalmente excluida en casos de diferencias entre las empresas contratistas y el Ejecutivo.
“El reglamento trata de minimizar las cosas que las corporaciones consideran negativas y da una mejor participación del capital extranjero cuando se considere que la rentabilidad del proyecto, del contrato que se les ofrece, no está garantizada”, señala.
La legislación otorga a las empresas contratistas un mecanismo de presión, con la posibilidad de modificar los términos de los contratos cuando ellas mismas consideran que la rentabilidad de los proyectos no les conviene, abunda.
—¿Y usted cree que considerando el contexto mundial Venezuela es atractiva para esas inversiones prometidas, o esa debilidad legal y anticonstitucional podrían desalentar a las compañías extranjeras?
—Bueno, eso depende de lo que analicen los equipos jurídicos y depende de las posibilidades políticas. Si ellos consideran que el gobierno es inestable y que este gobierno no tiene la garantía de mantenerse y de que puede venir un reajuste.
Lo que pasa es que yo creo que ellos están confiados en que viene una posibilidad de mejores condiciones. Porque la oposición que está prevista es todavía más abiertamente partidaria a una negociación laxa con las transnacionales.
Me refiero abiertamente a María Corina Machado y compañía. Incluso la oposición que no es maricorinista también está bastante reblandecida. Yo te puedo decir que tal vez queden algunos locos, algunos iconoclastas por ahí, como yo. Pero hay un ambiente de euforia de que va a venir el capital internacional (al sector petrolero) y se busca aprovechar agarrando aunque sea fallo.
Señala que la política oficial apunta a que aunque la participación fiscal sea menor, el ingreso bruto va a ser mayor de todas maneras si el país puede llegar a producir 3 millones de barriles por día.
—¿Nadie se quiere meter con Trump, porque en ese caso creen que van a ser vistos como prochavistas?
—Exactamente. Así es. El problema es ese. Es que ni el gobierno quiere ser prochavista.