¿Existe trabajo forzoso en Chile? La pregunta que nadie quiso hacerse tras el arancel de Trump

Desde que Estados Unidos impuso un arancel de 12,5% a parte de las exportaciones chilenas, el debate se ha concentrado en Donald Trump, en las dos organizaciones chilenas que participaron en la investigación de Washington y en las consecuencias económicas para el país.

Pero casi nadie se ha detenido en la pregunta que dio origen a todo el conflicto.

Chile prohíbe el trabajo forzoso. Ratificó hace décadas el Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), posteriormente el Convenio 105 y, en 2024, promulgó el Protocolo de 2014 destinado precisamente a fortalecer la prevención y erradicación de las formas modernas de esclavitud laboral. Además, el país cuenta con legislación contra la trata de personas y participa en iniciativas internacionales para combatir la explotación laboral.

¿Por qué Estados Unidos concluyó que Chile no dispone de mecanismos suficientes para impedir que bienes producidos mediante trabajo forzoso ingresen a las cadenas internacionales de comercio?

Responder esa pregunta obliga a salir de las consignas políticas y entrar en un terreno mucho más complejo.

Una de las mayores confusiones instaladas durante estos días consiste en afirmar que Estados Unidos acusó a Chile de utilizar trabajo forzoso en sus exportaciones.

Eso no es lo que señala la resolución de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

El documento sostiene algo distinto: que Chile no cuenta con mecanismos suficientemente eficaces para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso, conforme a los estándares definidos por la legislación estadounidense. No afirma que los productos chilenos sean elaborados con trabajo forzoso ni identifica a una industria específica como responsable. La crítica apunta al marco regulatorio y a la capacidad institucional para prevenir, detectar y sancionar esas prácticas cuando aparecen en cadenas de suministro complejas.

En una declaración pública, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) sostuvo que la decisión estadounidense «no se condice con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos» entregados durante la investigación.

La autoridad recordó que Chile ha ratificado los principales convenios de la OIT, dispone de legislación para sancionar la trata de personas y desarrolla un Plan Nacional contra el Trabajo Forzoso junto con organismos públicos e internacionales.

Desde esa perspectiva, Santiago sostiene que Washington realizó una evaluación equivocada del sistema chileno.

En medio de esa controversia aparecieron dos organizaciones chilenas: Fundación Libera y Ecoceanos.

Pero existe un dato que rara vez aparece en la discusión pública.

Ninguna de las dos solicitó la aplicación de aranceles contra Chile.

Carolina Rudnick, presidenta de Fundación Libera, explicó posteriormente que la organización propuso un camino diferente: un plan gradual de adecuación normativa que permitiera fortalecer la legislación y evitar precisamente la aplicación de sanciones comerciales.