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Un estudio de OLMAR / Observatorio Ciudadano revela que los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), no frenan la industria salmonera: solo el 4,1% de las concesiones otorgadas y el 16,6% de las solicitudes de relocalización podrían verse afectadas por el efecto suspensivo de la Ley Lafkenche.
El Observatorio Legislativo para Comunidades Costeras (OLMAR) / Observatorio Ciudadano publicó un estudio que cuestiona uno de los argumentos centrales que impulsa las propuestas de modificación a la Ley N°20.249, conocida como Ley Lafkenche: que los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) estarían frenando el desarrollo de la industria salmonera en el sur austral.
El informe, elaborado por los investigadores Lorena Arce, Christian Paredes y Santiago Kaulen con base en información oficial de Subpesca actualizada a mayo de 2026, analizó las 1.323 concesiones salmoneras otorgadas en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. Si bien 760 de ellas (57,4%) presentan algún grado de interacción territorial con ECMPO, todas continúan operando con plena vigencia.
El estudio distingue entre interacción territorial y afectación real de solicitudes en trámite. El llamado “efecto suspensivo” de la ley opera únicamente sobre solicitudes que aún no cuentan con autorización definitiva. De las 157 concesiones salmoneras en tramitación, solo 55 (4,1% del total de concesiones otorgadas) podrían verse afectadas. En el caso de las solicitudes de relocalización, de 253 identificadas, 42 (16,6%) estarían potencialmente afectadas, indicó el informe de OLMAR.
El análisis identifica factores distintos a los ECMPO que inciden más en las limitaciones a la expansión de la industria: el cierre de Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA) y las restricciones de la Ley N°21.600 sobre Biodiversidad, asociadas a áreas protegidas sin plan de manejo. Además, un análisis de Fundación Terram indica que cerca del 27% de las concesiones otorgadas permanecieron inactivas entre 2012 y 2022, según destacó el estudio de OLMAR.
El estudio sí identifica dificultades reales en la aplicación de la ley, pero estas apuntan a deficiencias de gestión estatal, no al contenido de la norma. “El problema no radica en la existencia del mecanismo, sino en la incapacidad del Estado para cumplir en tiempos razonables con el procedimiento que la propia ley establece”, señala el informe de OLMAR / Observatorio Ciudadano.
Mientras la industria salmonera sigue creciendo —en 2025 superó los US$6.500 millones en exportaciones—, OLMAR advierte que una reforma construida sobre diagnósticos que la evidencia no respalda corre el riesgo de debilitar de manera desproporcionada los derechos reconocidos por la Ley Lafkenche, alineados con el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
Para revisar el informe completo y todos sus detalles, visite el sitio web oficial de OLMAR / Observatorio Ciudadano en:
¿Paralización o coexistencia? / Concesiones Salmoneras y Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios en el Sur Austral de Chile
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La provincia vendió en mercados internacionales cerca de 28.000 toneladas de alimentos y bebidas en los cuatro primeros meses del año
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