Una realidad cada vez más adversa

Uno de los sectores más golpeados por el modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei es el de las pequeñas y medianas empresas, precisamente el que constituye el mayor generador de trabajo en la Argentina. A nivel nacional representan el 97,8% del total de empresas que declaran empleo registrado, mientras que en Catamarca más del 99% de las empresas pertenecen a este segmento.

Los datos disponibles resultan alarmantes. Desde el comienzo de la actual gestión nacional cerraron más de 25.000 empresas en todo el país. Según un reciente informe de la Universidad Tecnológica Nacional, el comercio lidera esta sangría con casi 6.300 establecimientos menos, mientras que la industria registra una merma cercana a las 3.100 fábricas.

En este contexto crítico, más de un centenar de empresarios PyME, representantes de cámaras empresarias, federaciones, entidades productivas de todo el país y miembros del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se reunieron recientemente en la sede de la Cámara del Calzado para exigir a diputados y senadores nacionales el tratamiento inmediato del proyecto de ley de emergencia PyME.

La iniciativa en cuestión procura establecer herramientas concretas para aliviar una situación que numerosos empresarios califican como extremadamente difícil. Entre sus principales disposiciones propone medidas de alivio financiero, la suspensión de los despidos, el freno a los embargos judiciales por el término de un año, la reestructuración de las deudas vigentes a un plazo de 360 días y la garantía de financiamiento mediante líneas de crédito con tasas accesibles.

Desde el comienzo de la actual gestión nacional cerraron más de 25.000 pequeñas y medianas empresas en todo el país. Desde el comienzo de la actual gestión nacional cerraron más de 25.000 pequeñas y medianas empresas en todo el país.

Asimismo, el texto contempla la revisión de las importaciones, el control fiscal de las plataformas digitales de comercio electrónico y el establecimiento de tarifas diferenciadas de energía para las pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de detener la constante sangría de cierres que afecta al sector.

La iniciativa se encuentra actualmente bajo estudio en las comisiones de la Cámara de Diputados. Sin embargo, entre los empresarios prevalece una profunda desconfianza respecto de sus posibilidades de avanzar, dado que no cuenta con el aval del sector libertario ni de sus aliados parlamentarios. Esa incertidumbre incrementa la preocupación de quienes observan cómo cada semana desaparecen nuevos emprendimientos que difícilmente vuelvan a abrir sus puertas.

Es imprescindible que el Congreso trate y apruebe esta ley de emergencia para garantizar el sostenimiento de decenas de miles de pequeñas y medianas empresas que atraviesan una situación económica crítica y, en consecuencia, preservar también cientos de miles de puestos de trabajo.

Su aprobación constituiría, además, un acto de justicia. El Gobierno nacional ha orientado gran parte de sus iniciativas económicas a generar condiciones favorables para las grandes inversiones y los grandes capitales, mientras las PyME -que sostienen la mayor parte del empleo privado argentino- enfrentan una realidad cada vez más adversa sin herramientas suficientes siquiera para sobrevivir.