Aranceles de gratuidad: la evidencia demanda reconocer la diversidad regional

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El Ministerio de Educación ha iniciado el proceso de actualización de los aranceles regulados que rige las transferencias de recursos a las instituciones de educación superior que acogen a estudiantes provenientes del 60% más vulnerable de la población. Tales aranceles deben cubrir los costos materiales, humanos, infraestructura y otros requeridos para impartir una carrera.

La gratuidad constituye un política pública muy trascendente por su sentido de justicia social. Que la cuna no impida a las personas desarrollar sus talentos y cumplir sus anhelos de una mejor calidad de vida para sí y sus familias.

Las universidades regionales hacen suya la misión de contribuir a la inclusión y al desarrollo social, al progreso de las comunidades, territorios y reducir las desigualdades que castigan a las personas sólo por vivir en determinados lugares.

La experiencia de varios años con la política de gratuidad justifica solicitar una revisión de los criterios que definen los aranceles, los que deben considerar de manera integral como las características de la región moldean el quehacer universitario.

En síntesis, la variable “Ubicación de la carrera y/o la Institución en una región extrema del país definida según Ley N° 20.655”, es errada e injusta de forma y fondo, pues esa ley y concepto refiere a propósitos muy distintos, como fueron el incentivo al desarrollo económico de algunas zonas del país, zonas francas e incentivos a contratar mano de obra.

En esencia, junto con la distancia a la capital, deben agregarse las dificultades asociadas al marcado centralismo político, administrativo y económico, la existencia de 16 regiones con realidades institucionales, sociales, productivas y culturales diversas, grados de desarrollo y pobreza distintos, disparidades urbano rurales, y otros factores que, por lo mismo, ameritan políticas públicas flexibles y adaptadas a cada contexto.

Asimismo, es artificial fijar los costos sólo en la docencia, que se exige sea de excelencia, sin considerar su complementariedad con la investigación, extensión y vinculación con el medio.

Las universidades regionales deben responder a expectativas que la comunidad tiene de ellas. Varias de estas corresponderían propiamente a servicios públicos que estos, por insuficientes recursos o autonomía, terminan no asumiendo. El aporte de “bienes públicos” se da en el ámbito de las artes, cultura, patrimonio, salud, deportes, emergencias, actos cívicos o electorales, emprendimiento, espacios de participación ciudadana, entre otros.  Producir esos valiosos “bienes públicos” más allá de la docencia y otras misiones, requiere necesariamente de recursos.