McDonald’s en un país sin pan

El 18 de junio de 2026, el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz se paró ante la Asamblea Nacional y pronunció una frase que habría sonado impensable en cualquier otro momento de la Revolución: una mipyme, un actor privado o una inversión extranjera que quiera hacer una red de restaurantes, de cafetería, hamburguesería, cualquier servicio, se le va a permitir.

Así, con la rutina burocrática de quien presenta un plan de regularización de aceras, el gobierno cubano abrió la puerta, al menos sobre papeles, a la posible llegada de franquicias internacionales de comida rápida a la Isla. McDonald’s, KFC, Burger King o Starbucks son nombres que durante décadas circularon en Cuba como rumores de otra galaxia, pero ahora forman parte del lenguaje estatal.

Pero hay un problema. Un problema enorme, cotidiano y a la vez urgente. Ese mismo día en que el gobierno hablaba de hamburgueserías y cadenas de comida rápida, el ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, había reconocido apenas dos semanas antes en el programa Mesa Redonda que en lo que va de 2026 la canasta normada no ha podido distribuir la mayoría de los productos.

La pregunta que nadie en el gobierno formuló explícitamente, pero que flota sobre toda la discusión, es la misma que resume la paradoja cubana de 2026: ¿cómo puede funcionar una franquicia internacional de comida rápida en un país que no puede garantizar harina para el pan?

Para entender el posible absurdo histórico que contiene el anuncio de las franquicias, hay que mirar primero los números de la crisis alimentaria cubana, que no son números de coyuntura sino de estructura.

Cuba importa entre el 70 % y el 80 % de los alimentos que consume, a un costo estimado de entre 2.000 y 2.400 millones de dólares anuales, según datos del Programa Mundial de Alimentos de la ONU y el propio gobierno cubano.

Eso no es una consecuencia reciente del embargo de Trump ni del colapso del suministro venezolano de petróleo, es el resultado de décadas de una política agrícola que desmanteló la producción nacional y concentró la distribución en el Estado.

Los datos de producción propia son devastadores. Según cifras oficiales recogidas por medios no estatales, la carne de cerdo cayó un 93,2 %; el arroz, entre un 59 % y un 81 % dependiendo de la variedad; los huevos, un 43 %; la leche, un 37,6 %. Cuba produce cada vez menos de lo que come, y lo que no produce tiene que comprarlo afuera con divisas que tampoco tiene.

El Food Monitor Program (FMP), organización especializada en seguridad alimentaria en Cuba, documentó en su encuesta de 2025 que el 33,9 % de los hogares cubanos reporta haber pasado hambre reciente; que el 55,48 % de las familias tuvo que modificar su dieta por carencia de productos; y que el porcentaje de cubanos que se fueron a dormir sin comer al menos una vez en el mes creció del 18,7 % en 2023 al 33,89 % en 2025. El 78 % de los encuestados considera que la crisis actual es peor que el Período Especial de los años 90.

En aquel Período Especial, cuando colapsó la ayuda soviética, los cubanos perdieron en promedio entre el 5 % y el 25 % de su peso corporal. Muchos de quienes lo vivieron afirman hoy que lo que está pasando es peor.

La crisis energética lo agrava todo. Con apagones que llegan a superar las 20 horas diarias en algunas provincias, y un déficit eléctrico que alcanzó los 2.174 megavatios, el 80 % de los hogares cubanos ha perdido alimentos por falta de refrigeración. El 48,3 % reporta haber perdido alimentos almacenados. La falta de combustible también paraliza la distribución y según el FMP, hasta 20.000 toneladas de alimentos donados por la ONU permanecían sin distribuir por no tener con qué transportarlos.

Una cadena de comida rápida internacional no es solamente un menú y un logo, es too un sistema logístico que exige condiciones que, en Cuba hoy, o bien no existen o están gravemente deterioradas.

Para que un McDonald’s o un KFC pueda operar en cualquier mercado del mundo necesita, como mínimo suministro estable de electricidad para conservar y cocinar alimentos; cadena de frío garantizada desde el proveedor hasta el mostrador; importación confiable de insumos (aceites, harinas, proteínas, salsas, empaques); acceso fluido a divisas para pagar a proveedores y repatriar ganancias; infraestructura de transporte para distribución; certeza jurídica sobre la inversión a mediano plazo; y, no menor, una masa de consumidores con poder adquisitivo suficiente.

En Cuba, en 2026, ninguna de esas condiciones está ni medianamente garantizada. La electricidad falla más de lo que funciona. La cadena de frío se rompe con cada apagón. El acceso a divisas es uno de los problemas crónicos más graves de la economía cubana; el propio paquete de reformas reconoce la necesidad de regular el mercado cambiario y permitir cuentas en el exterior, lo que implica que ese acceso hasta ahora era tortuoso.

El sistema de transporte opera con déficit severo de combustible y el poder adquisitivo de la población es casi inexistente. El salario estatal promedio rondaba los 7.000 pesos mensuales antes de las reformas -que anunciaron subidas del 53 %, hasta 3.210 pesos, aunque el mecanismo exacto no fue detallado-, en un contexto donde una caja de 30 huevos cuesta 3.000 pesos y una libra de harina de maíz ronda los 200.