El campo ya mira al próximo Gobierno y 'tomará' Madrid por la escalada del gasóleo, la nueva PAC, el comercio exterior, los precios y la burocracia  

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Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Unos 500 tractores, junto a miles de manifestantes, recorrerán este miércoles Madrid desde la Plaza de Colón hasta la sede del Ministerio de Agricultura en Atocha convocados por Asaja, COAG y Unión de Uniones

Los tractores volverán a transitar por las calles del centro de Madrid. Lo harán este miércoles en una cifra de alrededor de 500, según las fuentes consultadas. El recorrido, salvo cambios de última hora, será similar al realizado por la 'tractorada' del pasado mes de febrero: Comenzarán en la Plaza de Colón, tras entrar en la capital a través de 5 rutas diferentes (o 'columnas), para finalizar frente al Ministerio de Agricultura junto a la Estación de Atocha. Lo harán convocadas por Asaja, COAG y Unión de Uniones, además de contar con el apoyo explícito de Cooperativas Agroalimentarias. La otra gran organización agraria, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) se ha descolgado en esta ocasión.

Pero, ¿qué ha llevado al campo español a realizar su propia 'tractorada' en vísperas de la próxima campaña electoral? El anuncio de movilizaciones ya estaba sobre la mesa a finales de septiembre, cuando el sector vio claro que el Gobierno no iba a ir más allá de prorrogar hasta el 31 de diciembre los 20 céntimos el litro en sus ayudas por la escalada del gasóleo agrícola. Tras algunas protestas en provincias como Zaragoza, la cita en Madrid tomó forma el pasado 9 de octubre bajo el lema 'Por un campo con futuro: ¡soluciones ya!'.

En el manifiesto de la 'Gran Tractorada', al que ha tenido acceso este medio, se resumen los motivos y reivindicaciones que llevan a agricultores y ganaderos a hacer oír su voz en plena precampaña: la escalada de insumos como el gasóleo o los fertilizantes, el peligro de un 'tijeretazo' en el presupuesto de la nueva Política Agraria Común (PAC) 2028-2034, unos precios justos para sus productos, la "competencia desleal" de terceros países con los que la Unión Europea (UE) ha firmado acuerdos comerciales y el exceso de burocracia.

Para solucionar todo lo anterior ponen sobre la mesa propuestas como un Plan de Choque contra la escalada de insumos (gasóleo, energía, fertilizantes...)con medidas como la implantación de un gasóleo profesional agrícola, que las ayudas al gasóleo alcancen el 70% del sobrecoste real que ha autorizado la Comisión Europea (lejos de los apenas 20 céntimos por litro aprobados) o un IVA reducido para carburantes, fertilizantes y plásticos.

Los miles de agricultores y ganaderos que acompañarán al medio millar de tractores también piden "una PAC verdaderamente común, con presupuesto propio y suficiente", rechazando propuestas de Bruselas como el fondo único propuesto, así como el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria a través de más inspecciones de oficio, medios "suficientes" para la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) y "sanciones eficaces".

Los manifestantes también exigen reciprocidad a los terceros países que mantienen tratados comerciales comerciales firmados con la Unión Europea (UE) para lo que exigen, entre otras medidas, "controles rigurosos en frontera" o "un etiquetado claro del origen" y una "simplificación real de la PAC" que reduzca el papeleo al hacen frente el sector.

"No nos mueve el interés político. La movilización se anunció antes del 29-N", defiende el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Andrés Góngora en declaraciones a este medio. El máximo responsable de esta organización agraria confirma que la movilización se empezó a gestar "ante la falta de respuesta a la escalada del gasóleo, luego el adelanto electoral (anunciado el pasado 5 de octubre) ha ampliado la tabla de reivindicaciones a la PAC, la burocracia, los acuerdos comerciales con terceros países... Afecta a todas las administraciones".

El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, se expresa en términos similares. "No es una manifestación contra nadie: Es una exigencia política para esté quien este", apunta el principal responsable de esta organización agraria quien reconoce que "hay reivindicaciones que trascienden a las administraciones nacionales" en referencia a la PAC. Cortés también recuerda "el apoyo del Gobierno de España y del PP" a tratados comerciales como el de Mercosur, así como que en fechas electorales "los políticos son más sensibles".

Góngora argumenta que es "obligación" de las organizaciones profesionales agrarias canalizar estas reivindicaciones, "para evitar que estallen otro tipo de movilizaciones no coordinadas" en velada referencia a lo que está sucediendo en Francia. "Nosotros tenemos permisos, personal de vigilancia... A nadie le interesa que esto se desboque", advierte.

Los convocantes también dirigen su mirada al actual Ejecutivo, al que piden que no se escude en el momento electoral ni en que, tras el 29-N, este "en funciones" para no tomar decisiones. La compleja situación del sector primario, argumentan, no entiende de urnas: la negociación de la futura PAC 2028-2034 en Bruselas llega a este final de año en un momento clave y, también, ven "capacidad en el Ministerio de Agricultura" para tomar decisiones sobre materias relacionadas con los sobrecostes, por ejemplo.

"Al actual Gobierno le queda una negociación de la PAC delicada y debe tener en cuenta al sector", recuerda Góngora quien señala que el departamento de Planas eleva a información pública el borrador de una orden ministerial para desarrollar el modelo de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (RPF) y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para 2027.

Lo que, según el departamento que dirige Luis Planas, supondrá una rebaja en la base imponible del IRPF de 860 millones de euros. Lo que celebran las organizaciones agrarias. "Sí se pueden hacer cosas", concluye el secretario general de COAG. Para Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, es cuestión de voluntad y precisa que, hasta el 29 de noviembre, "el Gobierno no está funciones y puede aprobar un real decreto ley elevando las  ayudas al gasóleo, que puede ratificar la Diputación Permanente".  ¿Por qué no convertir uno de los denominados 'martes sociales' en un 'martes agrario'?, se pregunta.