El servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos tiene en cola 128.700 millones de dólares en reembolsos a las empresas que pagaron los aranceles del llamado Día de la Liberación, tumbados por la Corte Suprema. Un funcionario de la agencia dio esa cifra ante un tribunal federal la semana pasada. El Departamento del Tesoro ya está pagando parte de ese dinero.
Las peticiones de devolución superaban las 252.000 el pasado 31 de julio. Antes de la sentencia, los gravámenes habían aportado a las arcas federales 166.000 millones de dólares, el mayor importe jamás ingresado en el país por derechos aduaneros.
El efecto también se nota en los balances empresariales. Más de 40 compañías del S&P 500 comunicaron en el último trimestre reembolsos por un máximo de 9.600 millones de dólares, de los que 2.100 millones están ya confirmados por las autoridades fiscales estadounidenses.
Las cuentas públicas han absorbido el golpe en cuestión de semanas. Solo en junio, los pagos a las empresas engordaron el déficit mensual en 120.000 millones de dólares.
Ese mes, las aduanas ingresaron 23.600 millones en bruto y devolvieron 49.200 millones. El saldo dejó una salida neta de 25.600 millones de dólares por una partida que hasta ahora sumaba.
Doce meses antes el escenario era el inverso. En junio de 2025, con la ofensiva comercial en marcha, la recaudación neta por aduanas llegó a 26.600 millones y el acumulado del ejercicio rebasó por primera vez los 100.000 millones. Scott Bessent, entonces secretario del Tesoro, sostuvo que el país estaba «cosechando los frutos» de la política arancelaria de Donald Trump.
En julio el desfase se amplió hasta 432.000 millones de dólares, máximo histórico para ese mes. El acumulado del ejercicio fiscal 2026 alcanza 1,8 billones y rebasa ya todo el déficit de 2025 cuando aún faltan dos meses para cerrar el año contable.
El arancel universal del 10% se aplicó al amparo de la Trade Act de 1974, una norma de emergencia que fija un tope de 150 días. Agotado el plazo a finales de julio, la Administración activó la Sección 301 para gravar a 60 países con el argumento de que «permiten trabajos forzosos» en sus cadenas de valor.
Esa vía habilita al Gobierno a imponer tarifas cuando aprecia prácticas comerciales injustas contra las empresas, el empleo o las exportaciones del país. Exige abrir antes una investigación que justifique la decisión.
La pesquisa arrancó en marzo a cargo de la Oficina Comercial y terminó con un 10% para más de una docena de socios, entre ellos la Unión Europea, Canadá y México. Al resto de los países señalados les corresponde un 12,5%, con China, India, Japón y Corea del Sur en ese grupo.
Las previsiones han quedado lejos de lo calculado. La Oficina de Presupuestos del Congreso estimaba en febrero que las aduanas aportarían el 1,3% del PIB, unos 420.000 millones de dólares. Su informe de finales de julio apunta ahora a un retroceso de cerca de 200.000 millones en los ingresos federales del ejercicio, incluso con las nuevas tarifas ya en vigor.
Las rebajas fiscales aprobadas en la OBBA siguen sin encontrar contrapartida. El Comité para un Presupuesto Federal Responsable, centro de análisis sin ánimo de lucro radicado en Washington, afirma en un documento de julio que «el déficit del año fiscal 2026 ya ha superado el del año fiscal 2025, y es probable que se mantenga así durante el resto del año fiscal». El propio informe atribuye el deterioro a esos recortes de impuestos y al mayor gasto público.
