La inteligencia artificial (IA) y su impacto en el desarrollo del Perú se han convertido en el centro de un pronunciamiento suscrito por tres grupos de intelectuales: el Grupo de los Doce (G12), el Grupo de Economía Política y Social (GEPS) y Concertación Perú (CP). A través de un documento fechado el 8 de noviembre de 2026, las organizaciones plantean la necesidad de revisar la estrategia nacional sobre esta tecnología y fortalecer las capacidades científicas, productivas e institucionales del país.
El texto, presentado como un policy brief, expresa preocupación por lo que sus firmantes consideran una insuficiente preparación del Estado peruano frente a los cambios tecnológicos. Aunque reconocen que el país cuenta con la Ley N.° 31814, su reglamento y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026-2030, sostienen que estas medidas no garantizan por sí solas el desarrollo de capacidades propias ni una adecuada protección de los derechos ciudadanos.
Uno de los principales cuestionamientos está dirigido a la conducción institucional de la política de inteligencia artificial. Según el pronunciamiento, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) concentra las decisiones sobre esta materia, mientras que el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC) no tendría el protagonismo que, a criterio de los firmantes, debería corresponderle.
Los autores consideran que las decisiones sobre inteligencia artificial deben incorporar de manera directa a investigadores, científicos, universidades y especialistas en computación, matemáticas y otras disciplinas. En esa línea, cuestionan que el enfoque actual esté concentrado principalmente en aspectos administrativos y en la adquisición de soluciones tecnológicas desarrolladas en el extranjero.
Otro de los ejes del documento es la dependencia del Perú respecto de las grandes empresas tecnológicas internacionales, principalmente de Estados Unidos y China. Los firmantes advierten que el uso de plataformas, modelos y servicios desarrollados fuera del país podría generar una dependencia tecnológica que limite la capacidad nacional para controlar sus propios sistemas y datos.
En ese contexto, también cuestionan la participación de organismos y gobiernos extranjeros en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026-2030. El pronunciamiento menciona la intervención del Centro de Cooperación en Gobierno Digital (DGCC), vinculado a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, así como los acuerdos de asesoramiento y adopción tecnológica suscritos con Estados Unidos en septiembre de 2026.
Los firmantes sostienen que la instalación de centros de datos en territorio peruano no garantiza, por sí misma, soberanía tecnológica, si los modelos, programas, patentes y sistemas de control continúan bajo propiedad de compañías extranjeras.
También advierten sobre los riesgos de que servicios esenciales del Estado dependan de plataformas externas, ante la posibilidad de que decisiones judiciales o gubernamentales de otros países puedan restringir el acceso a determinadas tecnologías.
El documento plantea, por ello, desarrollar infraestructura computacional pública, fortalecer la investigación nacional y promover soluciones tecnológicas propias, sin descartar la cooperación internacional.
El pronunciamiento también aborda las consecuencias sociales del avance de la inteligencia artificial. Entre sus preocupaciones figuran la posible sustitución de puestos de trabajo, la precarización laboral, el incremento de las desigualdades y la concentración de beneficios económicos en las empresas que controlan estas tecnologías.
En el ámbito democrático, los firmantes alertan sobre el uso de inteligencia artificial para producir contenidos falsos, manipular información y desarrollar campañas de desinformación mediante identidades y agentes automatizados. También advierten sobre los riesgos de los algoritmos utilizados para evaluar solicitudes de empleo, créditos, servicios de salud y decisiones vinculadas con la justicia.
En materia educativa, cuestionan que las instituciones de educación superior incorporen herramientas de inteligencia artificial sin una reflexión suficiente sobre sus efectos en la formación del pensamiento crítico y la investigación. El documento considera que delegar de manera sistemática tareas de análisis, escritura y producción de conocimiento podría debilitar las capacidades intelectuales de los estudiantes.
Frente a estos escenarios, proponen que la inteligencia artificial complemente las capacidades humanas y que su implementación esté acompañada de supervisión, transparencia y responsabilidad institucional.
El documento plantea una estrategia nacional organizada alrededor de siete líneas de acción: formación digital, desarrollo de talento e investigación, política económica, industria nacional de inteligencia artificial, transformación productiva, modernización del Estado e infraestructura digital.
Entre las propuestas concretas figuran la creación de un Fondo Nacional de Conectividad Digital y de un Fondo Nacional de Infraestructura Computacional Pública, así como el impulso de centros de supercómputo nacionales y regionales administrados por universidades públicas y consorcios científicos.
