Arroz dominicano, entre apertura comercial y la seguridad alimentaria

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El arroz dominicano enfrenta hoy una encrucijada entre las exigencias comerciales de Estados Unidos y la defensa de la producción nacional, en una disputa que toca el bolsillo de los consumidores y la seguridad alimentaria del país.

La controversia tiene como telón de fondo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta), cuyo calendario de desgravación estableció la eliminación de los aranceles al arroz estadounidense desde enero de 2025.

Sin embargo, el Gobierno de Luis Abinader instituyó mediante el Decreto 693-24 un régimen que contempla un contingente de 23 mil 300 toneladas métricas de arroz de la nación norteña con arancel cero, mientras mantiene gravámenes para las cantidades que excedan esa cuota.

Washington considera que esas disposiciones restringen el acceso al mercado dominicano previsto en el acuerdo comercial y reclama su supresión, mientras las autoridades locales sostienen que el grano constituye un componente estratégico de la seguridad alimentaria.

El conflicto coloca a la República Dominicana ante el desafío de conciliar compromisos internacionales de apertura comercial con la protección de un sector que, según datos oficiales, ha incrementado de manera considerable su rendimiento en los últimos años.

El Ministerio de Agricultura informó que la cosecha alcanzó en 2025 unos 14,78 millones de quintales, mientras el Banco Central registró un alza de 5,2 por ciento de la oferta durante ese año. Las autoridades destacan, además, que el país genera cantidades suficientes para cubrir su consumo interno.

El decreto 693-24 que regula el acceso del cereal estadounidense al mercado local considera el grano un producto sensible y vincula su resguardo con la seguridad alimentaria.

Para los agricultores, una apertura plena plantea riesgos para miles de personas cuya actividad depende del cultivo.

La Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz) advirtió sobre los efectos que, a su juicio, tendría una mayor entrada del grano importado sobre la producción local.

La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, aunque también alerta sobre las consecuencias de una apertura sin medidas de respaldo, introduce otro elemento en el debate: la necesidad de elevar la competitividad.

Su presidente, Tito Hernández, señaló que durante los años transcurridos desde la entrada en vigor del DR-Cafta debieron profundizarse las inversiones en riego, investigación, mecanización, variedades, financiamiento y reducción de costos.