Laura Fernández evita señalar responsables por el costo económico de la negociación del Transpacífico

La presidenta descartó que durante su administración se vaya a retomar la incorporación de Costa Rica al Transpacífico.

Laura Fernández evitó atribuir responsabilidades por los costos económicos que generó para el país el proceso de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), una negociación que se extendió por más de cuatro años y que la mandataria finalmente decidió archivar.

La presidenta indicó que fueron recursos del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), pero no dio montos y tampoco señaló a algún jerarca o funcionario específico como responsable por los costos en que incurrió el Estado para el fallido proceso.

De igual manera, Fernández descartó que durante su administración se vaya a retomar la incorporación de Costa Rica a dicha Asociación.

“Evidentemente, cuando se toman decisiones de política pública hay que sopesar costos y beneficios, aunque yo estoy de acuerdo por el fondo con el acuerdo transpacífico y siempre me he declarado como una persona en favor del libre comercio, del libre mercado, además, hasta mi plan de gobierno estaba el acuerdo transpacífico“, dijo la mandataria ante las consultas de El Observador.

Pese a eso, justificó su decisión en que la negociación no se hizo en los términos “adecuados, respetuosos ni los convenientes para los diferentes sectores del desarrollo nacional”.

Tal y como informó El Observador el pasado 30 de octubre, los concejos municipales de 38 cantones del país aprobaron acuerdos en contra de la adhesión de Costa Rica Acuerdo Transpacífico. Esa oposición también se manifestó en los concejos municipales de distrito de Colorado, en Abangares, y Cervantes, en Alvarado.

El rechazo desde los gobiernos locales pudo convertirse en un factor político determinante para la decisión de la presidenta Laura Fernández de archivar el proceso de adhesión, según la diputada Murillo, representantes del sector productivo y el exministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz. La tesis cobra fuerza si se consideran las próximas elecciones municipales.

El 28 de octubre, la presidenta Fernández anunció que Costa Rica no continuaría con el proceso de adhesión al Acuerdo Transpacífico y ordenó archivar el trámite.

Entre los argumentos expuestos por Fernández está la falta de transparencia durante el proceso de negociación y la ausencia de información suficiente para los sectores productivos.

Ese mismo día, la mandataria comunicó el cese de la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, a quien le reprochó no haber compartido el texto del acuerdo.

“Aunque pareciera una excelente oportunidad, su contenido completo fue declarado secreto por los negociadores, a tal punto que casi nadie sabe en qué consiste, a quiénes beneficia y a quiénes afectará”, manifestó Fernández.

La decisión representó un cambio respecto a la posición que había defendido el gobierno de Rodrigo Chaves, que durante su administración impulsó las negociaciones para que Costa Rica ingresara al bloque comercial.

El 6 de mayo de 2026, dos días antes de dejar la Presidencia, Chaves celebró el cierre de las negociaciones y presentó el resultado como una oportunidad para ampliar el acceso de Costa Rica a mercados internacionales.

Sin embargo, Fernández comenzó a expresar públicamente sus reservas en setiembre, cuando afirmó que no había revisado el borrador del protocolo de incorporación y que el acuerdo todavía no contaba con su aval.