Los datos oficiales de la Universidad Nacional de Salta dejaron en evidencia la escasa incidencia de los estudiantes extranjeros dentro de su comunidad académica, en medio del debate promovido por sectores libertarios para avanzar con el arancelamiento de la educación superior a quienes no cuentan con residencia permanente en el país.
Según informó el rector de la UNSa, Miguel Nina, durante 2025 se registraron 235 estudiantes de otras nacionalidades, equivalentes al 0,64% de la matrícula total. La cifra representa menos de siete alumnos extranjeros por cada mil estudiantes y pone en discusión la dimensión real del supuesto problema que busca atender el proyecto presentado por el diputado provincial de Orán, Alejandro Esper. El legislador pretende que los estudiantes sin residencia permanente deban pagar para cursar carreras universitarias. Sin embargo, los datos difundidos por la propia institución muestran que el universo alcanzado sería todavía menor, ya que el relevamiento disponible no distingue cuántos de los 235 extranjeros poseen residencia permanente y cuántos no.
Nina explicó que la modificación de la Ley de Educación Superior realizada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025 no obliga a las universidades nacionales a establecer aranceles. “El decreto no impone el arancelamiento, solo elimina la prohibición de cobrar arancel al estudio de grado. Cada universidad lo debe resolver”, señaló el rector en declaraciones radiales. La norma mantiene la gratuidad para los ciudadanos argentinos y para los extranjeros con residencia permanente, pero habilita a las universidades estatales a fijar una retribución para quienes no cuenten con esa condición migratoria.
En el caso de la UNSa, Nina aclaró que la cuestión no fue analizada por el Consejo Superior y que todavía tampoco existe un estudio interno que permita determinar cuánto debería cobrarse. “La universidad no ha tratado este tema. Hay que ver qué dicen los estatutos también”, indicó.
El rector sostuvo, además, que aun cuando se decidiera aplicar un arancel a los estudiantes alcanzados por la norma, la recaudación tendría un impacto prácticamente nulo sobre el presupuesto universitario debido a la reducida cantidad de alumnos involucrados.
Un proyecto presentado por el diputado tartagalense Alejandro Esper propone que los estudiantes extranjeros sin residencia permanente en la Argentina paguen un arancel para cursar estudios superiores. La iniciativa se apoya en el argumento de que quienes no realizan aportes permanentes al sistema tributario no deberían acceder gratuitamente a la universidad pública.
El proyecto de Esper también presenta un inconveniente institucional: la Universidad Nacional de Salta no depende del Gobierno provincial ni de la Legislatura salteña. Como universidad nacional, la UNSa posee autonomía académica e institucional y se encuentra regulada por la legislación federal. Por ese motivo, una ley provincial no puede obligarla a cobrar matrículas, modificar sus condiciones de ingreso ni establecer criterios administrativos para sus estudiantes. La decisión, en todo caso, correspondería a los órganos de gobierno de la propia universidad, entre ellos el Consejo Superior, dentro de las facultades reconocidas por la normativa nacional y por su estatuto.
El planteo libertario convierte así a una población inferior al 0,7% de la matrícula en el centro de una discusión política y legislativa. Incluso dentro de ese pequeño porcentaje, la eventual medida solo podría alcanzar a quienes no tengan residencia permanente, una condición que la universidad todavía no relevó de manera diferenciada. Los datos oficiales contrastan con el discurso que presenta a los estudiantes extranjeros como una carga considerable para el sistema público. De los más de 36 mil alumnos que se desprenden de las cifras informadas, apenas 235 nacieron en otros países. La discusión también expone una contradicción política más amplia.
Mientras algunos sectores libertarios colocan bajo sospecha a un reducido grupo de estudiantes, acompañan propuestas nacionales orientadas a flexibilizar las restricciones sobre la adquisición de tierras y recursos por parte de capitales extranjeros.
