Dos policías, truchaban certificados de antecedentes penales; investigan si hay más implicados

La Justicia provincial investiga a dos efectivos de la Policía de Salta por su presunta participación en una maniobra vinculada a la emisión irregular de certificados de antecedentes penales, utilizando documentación oficial sustraída y cobrando dinero por trámites realizados fuera de los canales habilitados.

La investigación está a cargo de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, quien ordenó allanamientos en dos domicilios de los barrios Juan Manuel de Rosas y San Isidro. Se secuestraron teléfonos celulares y documentación considerada relevante para la causa.

El caso comenzó tras una denuncia presentada por la jefa del Departamento Judiciales de la Dirección General de Investigaciones (DGI), al detectarse la desaparición de once troqueles de seguridad utilizados para validar certificados de antecedentes policiales.

Los elementos faltantes, numerados de manera correlativa, son indispensables para otorgar autenticidad a este tipo de documentación.

Las primeras averiguaciones apuntaron a un agente que, pese a encontrarse asignado a otras funciones, permaneció en el área donde se detectó la irregularidad, presta servicios en la Oficina de Dactiloscopía, dependencia que no tiene competencia para gestionar cobros ni emitir certificados. Al revisar los sistemas informáticos se reveló que desde una carpeta digital vinculada a este policía se habrían confeccionado documentos ajenos a sus funciones habituales. Se entrevistaron a personas cuyos datos figuraban en los certificados observados.

Entre ellas, dos docentes que confirmaron haber recibido la oferta de un hombre vestido de civil para gestionar el trámite de antecedentes, inclusive se presentó en la institución educativa, donde trabajan, con formularios y elementos para la toma de huellas dactilares. Por el servicio abonaron 32 mil pesos mediante transferencia bancaria.

Los investigadores lograron identificar al intermediario como un agente policial y determinaron que el alias bancario utilizado para recibir el dinero pertenecía al otro efectivo bajo sospecha. Se encontraron numerosas comunicaciones telefónicas entre ambos y reconstruyeron movimientos bancarios que coinciden con las fechas en las que se habrían confeccionado y entregado los certificados presuntamente apócrifos.

De acuerdo con la pesquisa, el 5 de mayo uno de los sospechosos recibió transferencias por un total de 64 mil pesos provenientes de dos personas, el mismo día en que se habrían emitido los documentos cuestionados.

Asimismo, se detectaron transferencias cruzadas entre las cuentas de ambos policías durante los últimos meses. Las pericias informáticas permitieron además establecer que uno de los investigados habría accedido de manera irregular a dependencias policiales para modificar archivos digitales e incorporar datos personales en formularios oficiales.

Para otorgar apariencia legítima a la documentación, se habrían utilizado los troqueles desaparecidos y sellos institucionales pertenecientes a la fuerza.

Respecto del segundo sospechoso, la fiscalía sostiene que habría aprovechado vínculos con una institución educativa para ofrecer certificados de antecedentes por fuera de los mecanismos oficiales, evitando el sistema de turnos web y los aranceles establecidos.

La investigación continúa para determinar el alcance de la maniobra y establecer si existen más personas involucradas o beneficiadas por el circuito irregular de emisión de certificados.