Senador Félix Bautista propone ley para reducir de 12.5 % a 10 % aranceles de EE. UU. a RD

El senador Félix Bautista sometió ante el Senado de la República un proyecto de ley para prevenir y prohibir la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso, con el objetivo de que República Dominicana pueda negociar con Estados Unidos una reducción del arancel adicional de la Sección 301, actualmente fijado en 12.5 %, hasta el 10 % aplicado a otros socios comerciales.

De acuerdo con el legislador, igualar la tasa que pagan países como El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Malasia podría representar para el sector exportador dominicano un ahorro de hasta US$182 millones anuales, equivalentes a aproximadamente RD$10,920 millones, al reducir los costos asociados a las exportaciones hacia el mercado estadounidense.

La iniciativa, denominada Ley de Prevención y Prohibición de Importación de Mercancías y Bienes Producidos Mediante Trabajo Forzoso, busca establecer un marco jurídico que permita al país demostrar ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) que cuenta con mecanismos efectivos para impedir la entrada de productos elaborados bajo esas condiciones.

Bautista también solicitó al presidente Luis Abinader, en su condición de presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que instruya a los legisladores de esa organización política para que la propuesta sea aprobada en el menor tiempo posible.

El senador citó como ejemplo el impacto que tendría el diferencial arancelario sobre las empresas de zonas francas dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos y farmacéuticos. Según explicó, unas 40 compañías de ese sector exportaron hacia Estados Unidos el 72.2 % de su producción durante 2025.

Actualmente, esas mercancías dominicanas enfrentarían una tasa de 12.5 %, frente al 10 % que pagan productos similares procedentes de México. Bautista advirtió que esa diferencia de 2.5 puntos porcentuales afecta la competitividad y podría incentivar que empresas trasladen operaciones hacia países con menores costos de exportación, lo que tendría consecuencias sobre la generación de divisas y el empleo.

“El diferencial de 2.5 puntos porcentuales que hoy paga la República Dominicana frente a países como El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Malasia no es un castigo permanente: es una condición que se revierte con la aprobación de un instrumento legal claro. De aprobarse esta ley, estaríamos en condiciones de solicitarle a los Estados Unidos, en el marco de las negociaciones diplomáticas, que eliminen el 2.5 %, como lo han hecho con otros países. De esta manera, aseguramos la competitividad de las exportaciones dominicanas que ingresan al mercado de Estados Unidos de los exportadores de dispositivos médicos y farmacéuticos, tabaco, fabricación de cigarros y sus derivados, agroindustria, call centers, bebidas alcohólicas, plásticos y calzado, y con ellos, los empleos de cientos de miles de dominicanos”, puntualizó el legislador.

Bautista anunció que dará seguimiento al proyecto en las comisiones correspondientes del Senado y de la Cámara de Diputados y que sostendrá encuentros con representantes de los sectores exportadores, zonas francas y entidades del Poder Ejecutivo vinculadas al tema.

Entre estas instituciones mencionó la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El objetivo, explicó, es impulsar la aprobación de la propuesta y facilitar que República Dominicana pueda solicitar la aplicación de la tasa de 10 % reconocida a otros socios comerciales estadounidenses.

Según Bautista, el criterio utilizado para separar a los socios comerciales estadounidenses en distintos grupos arancelarios estuvo relacionado con el reconocimiento, por parte de la USTR, de mecanismos efectivos para prohibir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

El legislador sostuvo que países como El Salvador, Guatemala, Honduras y México reforzaron sus disposiciones mediante leyes o marcos jurídicos vinculantes, mientras que Malasia aplicó auditorías independientes y modificaciones en sus estándares de cumplimiento laboral.

En República Dominicana, el Decreto 502-26, del 23 de julio de 2026, estableció un procedimiento administrativo transitorio para prohibir la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso. Sin embargo, Bautista considera necesario aprobar una ley que responda al estándar de “adopción y aplicación eficaz” exigido para optar por la reducción arancelaria.

El proyecto contempla prohibir la entrada al territorio nacional de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso y regular la trazabilidad de las cadenas de suministro de las exportaciones dominicanas.

La Dirección General de Aduanas estaría encargada de tramitar los procedimientos y adoptar las decisiones de prohibición, mientras que el Ministerio de Trabajo funcionaría como autoridad técnica para evaluar la posible existencia de trabajo forzoso.

Asimismo, la propuesta establece una declaración jurada del importador dentro de la Declaración Única Aduanera, procedimientos administrativos con plazos definidos, medidas provisionales para la retención temporal de mercancías y la creación de un Registro Público de Prohibiciones de Importación por Trabajo Forzoso.