El plan del Gobierno para abaratar los fertilizantes choca con la agenda verde
El pasado seis de julio, el presidente Pedro Sánchez anunció que el Gobierno está trabajando en un ' Plan Estatal de Fertilizantes ' para que nuestro país vuelva «a la fertilización orgánica» y los agricultores dejen de depender de las importaciones para abonar sus fincas. El problema de partida es sencillo, y es que la práctica totalidad de los insumos que necesita la industria agroquímica española no se producen aquí y dependen de unas cotizaciones que se fueron al traste cuando Irán bloqueó el estrecho de Ormuz. Desde que empezó el conflicto los abonos se han encarecido un 30%, circunstancia que amenaza con disparar la inflación de los alimentos. Si el objetivo es aminorar los costes del sector primario, la forma más rápida de hacerlo sería eliminar el impuesto MAFC, una tasa 'verde' que desde enero de este año graba las importaciones de fertilizantes a la UE; y que el PSOE europeo siempre ha defendido frente a la oposición de parte de la Eurocámara e incluso de algún comisario. Así las cosas, la estrategia del Gobierno para abaratar los costes de la agroindustria parece quedar fiada a su Plan Estatal. Es más, hace apenas unos días, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró que confían en que esta estrategia sirva para evitar que el IPC de la cesta de la compra se dispare. Falta voluntad política En España hay 23 centrales de cogeneración que fabrican abonos orgánicos a partir de purines, pero el final de su vida útil regulatoria las condena a la desapariciónTras contactar con los sectores capaces de llevar a cabo la tarea, ABC ha constatado dos cosas. Una, que el objetivo se promete difícil de cumplir; y dos, que su consecución va a depender de la eliminación de una miríada de obstáculos regulatorios que, precisamente, son responsabilidad del Ejecutivo y en muchos casos se justifican por la llamada 'agenda verde'. general No No Sánchez anuncia un plan para ganar autonomía estratégica en fertilizantes en plena crisis de precios por Irán Xavier VilaltellaEsto último es paradójico, ya que precisamente uno de los argumentos más manidos a favor de la fertilización orgánica es que supone un ejemplo de economía circular casi perfecta. Dicho en términos sencillos, lo que el plan estatal propone no es otra cosa que recuperar los 130 millones de toneladas de deyecciones ganaderas que nuestro país produce cada año para fabricar nutrientes que puedan sustituir a los químicos, y eso pasa por las plantas de biogás, biometano y de cogeneración de purines. Para contextualizar el caso, hay que empezar por explicar que -a falta de datos oficiales-, la mayoría de análisis sitúan por debajo del 10% la cuota de mercado de los nutrientes orgánicos. Y mientras esto ocurre, el 90% de las deyecciones ganaderas se aplican sobre los cultivos sin haber sido tratadas, perjudicando el medio ambiente ya que esos purines contienen nitratos que contaminan los acuíferos . Como explicó en un reciente artículo el ingeniero ambiental Xavier Flotats, España lidia con este problema al menos desde 1996, cuando el Gobierno traspuso la Directiva de Nitratos para limitar el uso de los residuos ganaderos. Entonces, la solución ideada fue financiar inversiones en plantas de cogeneración de deyecciones, unas instalaciones que producen electricidad a partir de gas natural y utilizan el calor generado en el proceso para convertir los residuos ganaderos en abono. ¿Qué hacer con los residuos? España lidia con el problema del exceso de deyecciones ganaderas desde 1996, cuando el Gobierno traspuso la Directiva de Nitratos y limitó la cantidad de purín que se puede aplicar a los cultivosSin embargo, el problema con estas instalaciones es que su vida útil regulatoria caduca en los próximos años . Según explica a ABC Josep Capdevila, que es presidente de la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP), su deseo es que el Ministerio de Transición Ecológica ponga sobre la mesa una estrategia que les permita transformar las 23 instalaciones que hay en España -de las cuales cinco también producen biogás- en centros de producción de biometano, que es más sostenible, pero el ministerio aún no ha dado su brazo a torcer. A diferencia de la cogeneración, el biogás y el biometano están en auge, aunque -de nuevo- hay obstáculos normativos y presupuestarios. Uno de ellos es la dificultad para conectarse a la red gasista, según explican a ABC Julio Mendo y Carmen Callao, socios fundadores de Mendo & Callao Legal, un despacho especializado en energía. En países como Francia el Estado asume el 60% del coste de acople a la red, mientras que en España los promotores tienen que enfrentar el 100% . Desde Aebig, por su parte, aseguran que en este momento trabajan con Transición Ecológica, la CNMC y Enagás para encontrar fórmulas que permitan alcanzar un reparto más equilibrado. Falta iniciativa pública El sector del biogás asegura que la inexistencia de ayudas públicas para la conexión de nuevas centrales a la red gasista es un escollo para su desarrollo y la producción de abonos orgánicosOtro problema central es que el biometano sigue siendo más caro que el gas natural y, hasta ahora, el Gobierno se ha orientado hacia un sistema basado en obligaciones para promover el consumo, mientras que desde Aebig opinan que esto debería complementarse con medidas que favorezcan la inversión. Vistas estas dificultades, está por ver cómo el Gobierno consigue aterrizar su Plan Estatal de Fertilizantes. Por el momento, lo único que se sabe es que la estrategia incluye, además del tratamiento de residuos orgánicos, la promoción del I+D para optimizar el uso de los abonos químicos y la transparencia de precios para anticipar crisis inflacionistas.
