“Huachicol fiscal”, un adelanto del libro de Raúl Olmos

La Silla Rota trae el adelanto del nuevo libro del periodista Raúl Olmos titulado "Huachicol Fiscal. La madre de todas las estafas", de Editorial Grijalbo, que reseña una el caso de evasión que supera los 600 mil millones de pesos, una cifra cuarenta veces superior al desfalco de Segalmex .

Andrés Manuel López Obrador estaba por cumplir 45 días al frente del Poder Ejecutivo cuando pronunció una frase que lo acompañaría a lo largo de su sexenio. Aquel 14 de enero de 2019, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente habló ante su gabinete de seguridad —los titulares de la Defensa, de Marina y de la Fiscalía General de la República— para presentar los avances del operativo contra el robo de combustibles. En esa conferencia, mientras explicaba el combate al huachicol, soltó una sentencia que lo definiría: “Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República”.

En esa conferencia, mientras explicaba el combate al huachicol, soltó una sentencia que lo definiría: “Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República”. Apenas terminó la frase, la amplió con una precisión que no dejaba espacio a la ambigüedad: “No es que ‘no lo sabía el señor presidente’ o ‘es que el señor presidente tiene buenas intenciones, pero lo engañan, lo traicionan, no le ayudan’. Mentira. El presidente de México tiene toda la información que se necesita; o es cómplice o se hace de la vista gorda, pero no es que no sepa”.

Era un golpe frontal a la justificación que por años había servido para absolver a los jefes de Estado de los grandes casos de corrupción. López Obrador no solo atribuía responsabilidad política al presidente en turno: lo convertía en el eje moral y operativo de todo negocio ilícito relevante.

Seis meses después, el 28 de julio de 2019, el mandatario retomó casi palabra por palabra aquella idea. En el municipio de Coscomatepec, Veracruz, frente al personal médico y los pobladores reunidos durante su gira del programa IMSS-Bienestar, insistió: “Los negocios más jugosos, los actos de corrupción más escandalosos que se cometen siempre llevan el visto bueno del presidente de la República”.

La repetición no fue casual. Era, más bien, la reafirmación pública de un principio que él mismo había colocado en el centro de su discurso ético: la corrupción se gesta arriba, no abajo; nace del ejemplo presidencial. Sin embargo, con el paso del tiempo, la misma lógica se volvió un espejo incómodo. Si, como él afirmó, “todos los negocios jugosos” dependen del aval del presidente, entonces el negocio más jugoso de corrupción de la historia reciente —el huachicol fiscal, la importación masiva y fraudulenta de combustibles— no pudo desarrollarse sin conocimiento de la máxima autoridad del país.

Bajo esa premisa, la sentencia de López Obrador se vuelve autoincriminatoria: o fue cómplice o se hizo de la vista gorda. El fraude multimillonario en torno al huachicol fiscal —la manipulación de fracciones arancelarias, los permisos irregulares de importación, la evasión del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), las redes de empresas fantasma y la colusión de funcionarios— se extendió durante los años en que el propio presidente aseguraba que “ya no hay corrupción arriba”.

Y, siguiendo sus propias palabras, si los negocios ilícitos de gran escala no ocurren sin el “visto bueno del presidente”, su administración no puede quedar fuera del alcance de esa máxima.

En aquel enero de 2019, López Obrador habló con la convicción de quien pretende sentar las bases de una nueva moral pública. Lo que quizá no previó es que esa misma frase —“todos los negocios jugosos llevan el visto bueno del presidente”— terminaría siendo el parámetro con el que la historia evaluará su propio gobierno.

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Las palabras de AMLO cobran mayor peso cuando documentos oficiales muestran que personas de su círculo más cercano estuvieron involucradas en la trama del huachicol.

En el equipo que despachaba desde Palacio Nacional estaba Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia entre 2018 y 2020 y, al mismo tiempo, dueño de Vector Casa de Bolsa, una institución financiera que, según informes integrados en la Fiscalía General de la República (FGR), fue utilizada por empresas investigadas por huachicol fiscal para mover y ocultar recursos.

Los documentos oficiales del Centro Federal de Inteligencia Criminal (CFIC), integrados en un informe fechado el 17 de febrero de 2025, describen operaciones financieras que comprometen directamente a la empresa de Romo. En ellos, los analistas de la Fiscalía General de la República (FGR) documentaron transacciones entre Vector y al menos dos compañías bajo investigación por contrabando de combustibles: Grupo Base Energéticos y Grupo Potesta.

El informe fue realizado por una decena de especialistas que recopilaron y analizaron estados de cuenta bancarias, transacciones y depósitos, así como información fiscal proporcionada por el SAT, como declaraciones y facturas emitidas.

Fue así que elaboraron un extenso reporte de inteligencia financiera en el que se detalla que Grupo Potesta transfirió 220 millones de pesos a través de Vector, advirtiendo que la empresa “por medio de esta institución financiera podría estar enviando recursos hacia otras entidades o países con la finalidad de pretender ocultar recursos financieros”.