¿A quién beneficia el tratado comercial con Europa?

En esta entrega abordo dos notas publicadas el 22 de mayo que describen no solo el momento sino un modelo de desarrollo inoperante y persistente.

La primera nota, firmada por la agencia Bloomberg, se presentó con un título que a primera vista parece sarcástico, aunque no fuera su intención. A la letra dice: “Economía de México ‘sorprende’: PIB se contrae 0.6%, menos de lo esperado para el primer trimestre”.

Efectivamente, la nota explica que lo previsto era una caída del Producto Interno Bruto de 0.8 por ciento en el primer trimestre de 2026 respecto al trimestre anterior. No obstante el INEGI señala que el tropiezo fue menor a lo esperado. Que eso se llame sorprendente refleja el alicaído estado de ánimo de los que seguimos las vicisitudes de una economía que no despega.

La nota también indica que según el subgobernador de Banxico, Gabriel Cuadra, el crecimiento del país podría ser inferior al 1 por ciento en este 2026. Lo que implica según otros analistas un riesgo de posible recesión.

Importa recordar que este estancamiento es ya de larga duración y se compone de dos grandes ingredientes contrapuestos. Por un lado sectores de la manufactura orientados a la exportación que sí crecen, aunque no sea con un notable dinamismo. En dirección contraria marchan los sectores de la manufactura orientados al consumo interno que se ven erosionados, con lo que a la par de la reducción de la producción se afectan negativamente los ingresos de buena parte de la población.

Tal vez con una similar intención de encontrar lo positivo de la situación, o de dar señales de que se hace algo positivo, el viernes 22 de mayo se anunció el Acuerdo Global Modernizado -AGM- que es la renovación del tratado comercial entre México y la Unión Europea. El documento fue firmado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. El tratado aborda mucho más que lo económico; busca promover valores como democracia, derechos humanos, igualdad de género, paz, medio ambiente, y otros más. Es el típico tratado occidental que aparte de desarrollo busca difundir civilización y buenas maneras.

En cuanto al meollo del asunto, el intercambio comercial México y la UE fue de 88.3 mil millones de dólares -mmd-, de los cuales 23.8 mmd fueron exportaciones de México y 64.5 importaciones de productos europeos. Es decir que México tuvo un déficit de 64.5 mmd. ¿Pretende el tratado corregir este desequilibrio? La respuesta es no. El gobierno de México aspira a elevar en 50 por ciento las exportaciones a Europa y rebasar los 36 mmd para 2030. En cuyo caso el país seguiría siendo deficitario; tal vez más que hoy en día porque es probable que Europa también incremente sus exportaciones a México.

Habrá reducciones arancelarias mutuas que favorecerán las exportaciones mexicanas electrónicas, de prendas de vestir y productos agroalimentarios de alto valor, como aguacate, tomate, frutas, flores y hortalizas. Otro artículo de El Financiero celebra que los restaurantes, hoteles y tiendas gourmet de México tendrán acceso a ingredientes premium: quesos, vinos, chocolates, carnes selectas. Seguramente también se venderán más perfumes y marcas de lujo.

Se puede inferir que lo más relevante del nuevo tratado no es en realidad la promoción del intercambio comercial. México no es competitivo y Europa ya obtiene de África y Asia lo que desde México se podría intentar vender. Lo más probable es que el déficit aumente, y éste se cubra con el superávit y las remesas que llegan de Estados Unidos.

En la perspectiva europea la crisis de la manufactura y la llamada atonía del empleo en México no son señales atractivas para vendernos productos de consumo mayoritario, compitiendo con China, la gran proveedora. Cierto que un sector privilegiado de la población podrá incrementar su consumo gourmet, pero esto no parece relevante.

Lo que realmente busca el nuevo Acuerdo es atraer capitales e inversiones europeas y para ello la oferta de México es la creación de un Tribunal de Solución de Controversias de Inversión. Este se plantea como un mecanismo para, como lo dijo Enrique Quintana en El Financiero, “dirimir disputas con el Estado mexicano sin depender de los tiempos, criterios o composición del Poder Judicial Federal”.

En la convención de Banorte los inversionistas mexicanos se mostraron reacios a invertir en las nuevas condiciones creadas por la reforma al poder judicial y diversas inversiones externas se paralizaron. Ante ello se ofrece ahora un mecanismo privilegiado a los inversionistas externos que podrán demandar al gobierno de México si consideran que se violan sus garantías de protección que incluirían la falta de un trato justo y equitativo en las compras gubernamentales, formas de expropiación indirecta o restricciones que consideren inapropiadas.

Reconsideremos. La economía no despega y los aumentos al salario mínimo se ven erosionados por el alza de precios mientras que los empleos de más de dos salarios mínimos han disminuido considerablemente. El buen impacto del alza salarial y las transferencias sociales ya se convirtió en parte del paisaje, se da por hecho y no hay recursos para proseguir por ese camino. El consumo per cápita de bienes nacionales se redujo en los últimos ocho años, mientras que el de bienes importados creció aceleradamente. La salida de la pobreza de millones no fortaleció la producción orientada al mercado interno, sino que, sumada al abaratamiento del dólar, la ha deteriorado.

En este contexto el Tratado nos ofrece volver a agarrarnos del clavo ardiente de una inversión que, si llega, tiene desembocaduras muy limitadas. Vendría a comprar o sustituir producción ya existente sin un incremento de la producción interna significativo; o bien, a facilitar el territorio nacional para entrar al mercado estadounidense, con el riesgo de que Trump decida atacar a fondo el superávit de México que, sumado a las remesas, permite financiar el déficit con China y Europa.

Continuar amarrados a la ideología del mercado libre y ceder facultades del Estado para compensar las fallas de la reforma judicial no es la respuesta. Se requiere lo contrario, fortalecer al Estado como eje de la concertación democrática interna y en sus facultades económicas. Dos tareas son urgentes: elevar los impuestos a los milmillonarios y orientar el consumo mayoritario para reactivar y fortalecer la producción orientada al mercado interno. Eso requiere despegarse de la ideología de libre mercado para plantear una política industrial y agrícola con instrumentos de administración del mercado y la demanda.