Morelos, corredor de la muerte y “aduana” del fentanilo hacia la CDMX

En la geografía de la violencia mexicana, la periferia suele ser el destino final de las purgas criminales o el origen discreto de las mercancías ilícitas. En la zona surponiente de Morelos, sin embargo, la periferia se ha vuelto una especie de nudo gordiano, una problemática imposible de resolver. Olvidada sistemáticamente por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, esta franja territorial es hoy bautizada por sus propios habitantes como “El corredor de la muerte”.

Ahí, la soberanía del Estado se ha diluido en una paradoja perversa: alcaldes, comisarios ejidales y pequeños comerciantes no solo comparten el espacio geográfico, sino también la condición de tributarios de la delincuencia organizada. La extorsión institucionalizada —el llamado derecho de piso— se ha transformado en el impuesto real que rige la economía local, cobrado indistintamente por células del narcotráfico y por los propios funcionarios municipales.

Pero el valor estratégico de este corredor de apenas 20 kilómetros trasciende las finanzas regionales: representa la principal aduana de acceso para el flujo de armas de alto poder y cargamentos de droga que, procedentes de Guerrero y Michoacán, tienen como destino final el mercado de la Ciudad de México.

Los detalles de esta captura institucional constan en los expedientes de inteligencia penal derivados del Operativo Enjambre, una ofensiva judicial desplegada este año en la entidad federativa. La estrategia ha dejado al descubierto las cañerías del poder local, con la captura, hasta el momento, de tres alcaldes en funciones y cuatro expresidentes municipales.

La lista de alcaldes que durante los próximos meses podrían ser detenidos es extensa, puesto que la investigación sigue abierta y se extiende contra alcaldes de Ocuituco, Tetela del Volcán, Temoac, Jonacatepec, Ayala y Axochiapan, situados en la franja oriente de Morelos. De momento los resultados del Operativo Enjambre quedó de la siguiente manera:

El informe oficial detalla el valor logístico de un circuito que abarca los municipios de Amacuzac, Puente de Ixtla, Mazatepec, Tetecala y Coatlán del Río.

El expediente, al que La Silla Rota tuvo acceso, revela que este corredor funciona como una vena que surte de insumos bélicos y estupefacientes a las organizaciones criminales asentadas en la capital del país, entre ellas La Unión Tepito, el Cártel de Tláhuac y la facción de Los malcriados, liderada por Lenin Canchola.

A pesar de que el operativo federal se mantiene en el estado al igual que  las indagatorias contra más de 14 presidentes municipales de la entidad, los ajustes de cuenta contra los alcaldes continúan; apenas el pasado miércoles 22 de julio el alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero fue asesinado dentro de sus oficinas en el palacio municipal; las primeras versiones policiacas apuntan a que fue el crimen organizado el encargado de este homicidio.

Testigos y empleados municipales detallaron a la Fiscalía de Morelos que fueron dos sujetos armados los que ingresaron a la sede del Ayuntamiento, luego de burlar sin problema alguno la seguridad del recinto se dirigieron directamente a su oficina, le dispararon en cinco ocasiones con armas cortas y huyeron a bordo de una motocicleta.

Lavín Romero, perteneciente al PVEM ya había sobrevivido a un ataque armado el 31 de enero de este mismo año en la carretera federal México-Oaxaca, previo a este atentado, había recibido amenazas en mantas atribuidas al crimen organizado. Además, las autoridades -como parte del Operativo Enjambre- investigaban nexos de su entorno con el grupo delictivo local "Los Aparicio", puesto que su suegra (ex tesorera de la entidad) se encuentra bajo detención por presuntos vínculos con dicho cártel.

La vulnerabilidad del corredor radica en su ubicación geopolítica. Se sitúa en el epicentro del triángulo que forman el Estado de México, Guerrero y Morelos. De acuerdo con el diagnóstico de las fuerzas federales, la permeabilidad de la ruta es total: desde estos municipios morelenses se accede sin contratiempos a las demarcaciones mexiquenses de Malinalco y Ocuilan; conecta directamente con los bastiones guerrerenses de Taxco, Iguala y Cocula; y desemboca en el sur de la Ciudad de México a través de Xochimilco, Milpa Alta y la densa zona boscosa del Ajusco, en Tlalpan.

A lo largo de este trayecto, la ausencia del Estado es física. No existen retenes militares, puntos de revisión interinstitucionales ni despliegues policiacos capaces de fiscalizar el tránsito diario de camionetas de tres toneladas que ingresan cargadas con mercancía ilícita.

El control territorial de esta aduana no está en disputa; tiene un administrador único. El informe de inteligencia identifica a una facción del grupo delictivo Los ardillos como la organización que ejerce el monopolio de la zona. Su modelo de negocios es dual: por un lado, operan como arrendadores de la ruta, cobrando un peaje a otros grupos criminales para permitir el paso seguro de sus cargamentos; por el otro, exigen una “renta mensual” a los presidentes municipales de la región bajo la premisa de mantener una paz artificial y evitar que la zona “se caliente” con operativos federales. Esta dinámica explica el bucle de silencio y complicidad: asfixiados por la coacción, ni un solo alcalde de estas pequeñas demarcaciones ha presentado denuncias ante las fiscalías civil o militar.

En los municipios de Tetecala, Puente de Ixtla y Coatlán del Río, la extorsión ha alcanzado niveles de formalidad pasmosa. El documento ministerial consigna que las empresas constructoras, los prestadores de servicios y las cadenas de tiendas de conveniencia de cobertura nacional se ven obligadas a depositar una cuota fija mensual que supera los 20 mil pesos. El pago garantiza una tregua mínima: que los comandos armados no saboteen sus operaciones comerciales, no atenten contra la integridad de los clientes o no terminen incendiando los puntos de venta.

“Desde mediados del año pasado hemos denunciado que las extorsiones han crecido de manera exponencial. En todo este corredor paga piso desde el que vende pollos en el mercado, el que tiene una fondita o un puesto de quesadillas, hasta las tiendas Oxxo”, relata bajo estricto anonimato un líder de la organización de Comerciantes en Pequeño de la región. “También hemos expuesto que a los camiones repartidores de grandes empresas como Corona o Coca-Cola los tienen completamente a raya. Aquí solo existe un camino de entrada y salida; geográficamente nadie puede escapar”, dice.