El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella radicó ante el Senado de la República el Proyecto de Ley de Competitividad, una iniciativa antitrámites que busca reducir la burocracia, los costos y los tiempos que enfrentan empresarios y emprendedores en el país, con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas.
La propuesta fue presentada por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y parte de un principio central: si una entidad estatal ya cuenta con determinada información de un ciudadano o empresario, ninguna otra dependencia puede exigirle nuevamente ese mismo documento.
Entre sus componentes, el proyecto fortalece la Ventanilla Única Empresarial y crea un Expediente Único Empresarial Digital, herramienta que permitirá que las entidades públicas compartan información entre sí para evitar duplicidades. También contempla la eliminación del cobro por inspección técnica de seguridad de bomberos para microempresas, un requerimiento único e integral en los trámites de construcción y urbanismo, y un certificado urbanístico vinculante con plazo de respuesta de 15 días hábiles.
La iniciativa busca además agilizar los procesos de comercio exterior mediante el fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, con el fin de evitar la repetición de documentos y controles en una misma operación de exportación o importación.
El ministro Gómez Amín señaló que el objetivo es “destrabar la permisología” sin eliminar los controles que protegen a los ciudadanos en materia de salud, seguridad y medio ambiente, sino haciendo que esos controles operen de manera más eficiente, digital y proporcional al riesgo de cada actividad.